El jueves pasado, en el marco de la visita de la Procuradora General a la ciudad de Rosario, se realizó en la Universidad Nacional de Rosario la jornada “Hacia una política criminal coordinada para enfrentar una delincuencia compleja”. El evento comenzó al mediodía y finalizó pasadas las 20, con la firma del convenio que celebraron Alejandra Gils Carbó y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti.

En representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación, participaron el titular de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General, Lisandro Pellegrini; los fiscales generales Adriana Saccone (coordinadora del distrito de Santa Fe) y Carlos Gonella (titular de la Procelac); y la contadora Judith König, quien está a cargo de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero y de la Unidad de Recupero de Activos, recientemente creadas.

Tanto Pellegrini como Saccone expusieron en el panel inaugural, donde estuvieron acompañados por el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación santafecino, Julio De Olazabal, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Juan Lewis, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Ernesto Granados.

El secretario de la Procuración General señaló que la gestión del Ministerio Público Fiscal de la Nación se encuentra condicionada por aspectos normativos, en alusión al sistema “mixto” que rige el procedimiento y la actividad de los fiscales en las investigaciones. En función de esto, Pellegrini destacó que el organismo se desarrolló como una actividad refleja del Poder Judicial, lo que, entre otras cosas, "genera un problema de atomización en la representación del Ministerio Público”.

A partir de esa premisa, el funcionario puntualizó que desde que se inicia un caso y contemplando la posibilidad de que llegue a ser resuelto por la Corte Suprema, pueden llegar a intervenir hasta seis magistrados diferentes. Así, la propia normativa genera un problema de “interacción” entre los representantes del Ministerio Público, que a veces es solventado por la propia actividad de los fiscales que intervienen, que logran coordinar políticas de investigación.

Sin embargo, Pellegrini remarcó que la ley condiciona al Ministerio Público al momento de dar una respuesta uniforme en las investigaciones. Esto, a la vez, se exacerba en las causas en las que se investiga el crimen organizado.

Sobre la base de este contexto, el titular de la Secretaría de Coordinación Institucional describió las políticas diseñadas por la gestión de la Procuradora General de la Nación, que buscaron “dar esa respuesta uniforme en las investigaciones de delitos complejos”. Fue así que explicó la creación y el funcionamiento de las procuradurías de Lesa Humanidad, Narcocriminalidad, Trata de Personas, Violencia Institucional y Criminalidad Económica, junto al Programa de Género. A todas las caracterizó como estructuras “maleables”, ya que prestan colaboración a los distintos fiscales que intervienen en el proceso, a la vez que ayudan a amalgamar criterios de persecución penal.

Luego, habló sobre la figura del “fiscal coordinador de distrito”, a quien describió como un eslabón más para lograr esa coordinación en la respuesta del Ministerio Público Fiscal ante la persecución del crimen organizado.

Por su parte, la fiscal coordinadora de Santa Fe señaló que el “crimen organizado constituye, en la actualidad, uno de los problemas más importantes en la definición de la política criminal de los Estados”. En este sentido, destacó que la creación de la figura de “fiscal coordinador" se situaba en el propósito firme y declarado de “ser más eficaces en el abordaje" de este tipo de delitos.

A continuación, Saccone resaltó las dos funciones principales del cargo, una “interna” y la otra “externa”. La primera, con el objetivo de “fiscalizar el principio de unidad de intervención del Ministerio Público Fiscal”, busca “la homogenización y la armonización de la respuesta de los integrantes” del organismo “en orden al fenómeno delictivo del crimen organizado”.

A la vez, puso de relieve que la labor externa del fiscal coordinador implica “promover y propiciar la comunicación con autoridades jurisdiccionales, fiscales y políticas”, para generar “la interacción y colaboración de todos aquellos que desde distintas posiciones institucionales están convocados” a combatir los delitos complejos.

Más adelante, la también titular de la Fiscalía General N°2 ante el Tribunal Oral Federal de Rosario ofreció distintas características del fenómeno: dinámico, violento, que “trasvasa, corrompe y excede jurisdicciones y competencias”, y que por eso mismo “interpela a todos, sin distinción, forzando la optimización de los recursos existentes”.

“Coordinación, colaboración, cooperación, entonces, se tornan instrumentos indispensables de esa eficacia para perseguir al crimen organizado”, y es “un reclamo que exige la sociedad”, concluyó Saccone.

Finalmente, en el panel "La persecución de los delitos económicos. Estrategias para el recupero de activos", participaron Gonella y König. El titular de la Procelac explicó el funcionamiento del organismo ante una investigación judicial y la manera en la que presta colaboración en las distintas etapas del proceso. Para esto, ilustró cómo había obrado la procuraduría a su cargo en la trama “Gürtel”.

A su vez, König habló sobre el diseño de las nuevas unidades de las que será responsable, el trabajo que venía realizando desde la Procelac y planteó los desafíos que tienen por delante. En este sentido, puso énfasis en ser una herramienta más de colaboración ante la persecución del crimen organizado.