Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Procuraduría contra la Violencia Institucional dio a conocer ayer cifras preliminares relativas a la labor que viene realizando en todo el país desde su creación, hace tres meses, que revelan el impulso de 123 causas por malos tratos y torturas en lugares de encierro de todo el país y otras 20 por violencia policial.

La Procuvin, a cargo del fiscal Abel Córdoba, fue facultada por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, para “disponer la realización de inspecciones en todos aquellos establecimientos en los cuales permanezcan personas privadas de su libertad a fin de controlar las condiciones de encierro, e instar acciones de protección y resguardo de su integridad”, según se desprende de la resolución PGN 455/13. El objetivo de la Procuración General de la Nación es profundizar el trabajo contra la tortura y los malos tratos y en la asistencia a las victimas de esos hechos.

En la concreción de esas metas, la Procuraduría realiza inspecciones de control a lugares de encierro y asiste a las víctimas. En ese marco, los funcionarios impulsaron causas por 123 personas que sufrieron torturas o malos tratos en lugares de encierro y por otras 20 de violencia policial, números que surgen de la actividad desplegada en distintas jurisdicciones.

El organismo llevó a cabo siete inspecciones integrales en lugares de encierro de todo el país. En un penal de Córdoba, el titular de la Procuvin retiró cadenas utilizadas para aplicar torturas a los privados de la libertad.

Tanto en Chaco como en Mendoza, el fiscal Córdoba y los funcionarios de la Procuvin realizaron presentaciones conjuntas con sus colegas federales locales, a fin de que se dicten medidas de resguardo para detenidos en cárceles provinciales y federales.

Por otro lado, la Procuvin ya interviene en la asistencia a fiscales en causas que investigan hechos de torturas o muertes en contexto de encierro o a manos de las fuerzas de seguridad, donde se han solicitado 12 pedidos de detención a agentes policiales o penitenciarios.

La Procuraduría viene abogando porque se implemente rápidamente la ley nacional 26.827, que crea  el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que habilitaría mejores condiciones para el monitoreo de los sistemas de encierro en todo el país. En ese sentido, la Procuvin participa de las campañas contra la tortura y la violencia institucional que tanto a nivel nacional o provincial llevan a cabo otros organismos.

El organismo también comenzó a intervenir en la Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos, instancia que tiene el objeto de diagramar las políticas en ese ámbito en el marco del nuevo paradigma que supone la reciente reglamentación de la ley sobre la materia. Asimismo, la Procuraduría comenzó a aportar su perspectiva en la Mesa interinstitucional donde se discuten aspectos vinculados al encierro en las cárceles federales.

Las acciones de la Procuvin se dan en el marco de la concientización regional en torno a esta práctica ilegal, que en nuestro país ha sido destacada este año en la agenda pública por diversas organizaciones no gubernamentales y estatales, en ocasión del segundo centenario de la Asamblea Constituyente de 1813, que abolió las prácticas e instrumentos de tortura.

La Oficina para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT-AL) manifestó ayer su preocupación por "las deplorables condiciones y la corrupción que se dan en los lugares de encierro, así como el trato inadecuado y violento que recibe un número elevadísimo de personas privadas de libertad, víctimas provenientes de prisiones, hospitales psiquiátricos, centros de migrantes, centros de desintoxicación de drogodependencias, etc..., que, en algunos casos específicos como el de las mujeres, las personas migrantes, de la diversidad sexual o las pertenecientes a los pueblos originarios, se combinan con adicionales comportamientos discriminatorios que elevan la condición de vulnerabilidad, de por sí existente, en cualquier lugar de privación de libertad".