El fiscal a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°32, Leonel Gómez Barbella, y el auxiliar fiscal Lucas Estévez, le solicitaron al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, Martín del Viso, el procesamiento con prisión preventiva de un comisario inspector, un comisario, un subcomisario y cuatro oficiales de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, por los delitos de "falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin las formalidades de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas".

De acuerdo a la Fiscalía, los siete imputados, con distintos rangos dentro de la fuerza, intervinieron en las maniobras ilícitas desplegadas para cubrir el ilícito accionar de los tres acusados por el homicidio agravado de Lucas González, ocurrido el pasado 17 de noviembre, en el barrio porteño de Barracas, y la tentativa de homicidio agravada y privación ilegal de la libertada agravada, respecto de los tres amigos de la víctima, y por el delito de falsedad ideológica.

Pedidos de procesamientos

Tras las indagatorias del comisario inspector, el comisario, el subcomisario y  los cuatro oficiales -dos de los cuales inicialmente se abstuvieron de declarar, pero luego brindaron su versión de lo ocurrido- el fiscal Gómez Barbella le requirió al juez Del Viso, su procesamiento con prisión preventiva, en orden a los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin las formalidades de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave, e imposición de torturas.

Para solicitar esto, señaló que las pruebas recabadas hasta el momento evidencian que los imputados procedieron irregularmente para que las cuatro jóvenes fueran imputados por graves delitos, al solo fin de encubrir el irregular accionar de los tres oficiales de la Brigada 6, “quienes habían disparado contra el automóvil que tripulaban los menores en la Av. Iriarte y Vélez Sarsfield de esta Ciudad de Buenos Aires y que, en definitiva, le costara la vida a Lucas González quien resultó herido gravemente por un proyectil en la cabeza”.

Agregó que como consecuencia de ello, dos de los amigos de la víctima fatal “permanecieron esposados, tirados en la cinta asfáltica en calidad de detenidos, infringiéndoles actos de torturas, los esposaron en forma violenta y le rompieron la remera que uno de los jóvenes llevaba puesta (todo lo cual se desprende del propio relato de las víctimas y sus progenitores)". A eso le sumó que González, "quien agonizaba a causa de la grave herida, se lo trasladó al Hospital Penna con una consigna policial, cuando no era más que un adolescente, víctima de una agresión irracional por parte de los agentes, que de acuerdo a las normas deberían actuar para su protección". "Como si ello fuera poco, le aplicaron sufrimientos y tormentos al quemarle la mano derecha en el pliego entre sus dedos índice y pulgar con lo que se trataría de una cigarrillo”, resaltó.

También consideró que debían ser procesados por haber volcado "mediante sus artilugios, una versión distorsionada de los ocurrido, brindando datos falsos, al personal del Juzgado Nacional de Menores N° 4 y de la División Intervenciones Judiciales la Policía Federal Argentina, al momento de labrar las actuaciones en las que desde el minuto uno se lo quiso enmascarar como si se hubiese tratado de un ‘enfrentamiento’ entre los policías (…), y quienes terminaron siendo -justamente- las víctimas”.

Por otra parte, el representante del Ministerio Público Fiscal describió las conductas desplegadas por cada uno de los imputados, de acuerdo a los roles jerárquicos que ostentan dentro de la Policía de la Ciudad. En tal sentido, destacó que los siete oficiales “estuvieron presentes desde el inicio del mentado procedimiento y necesariamente, importó un efectivo aporte en el procedimiento fraguado referido, dentro de un esquema en conjunto y coordinado con una división de funciones". "El orden cronológico de los eventos descriptos no sólo ubica a los imputados desde el momento inicial en que se habrían desarrollado las conductas delictuales, sino también en su posterior presencia en rededor de los jóvenes y del automóvil en el que se les colocó el arma de utilería", marcó

Concluyó entonces que “las argumentaciones de la totalidad de los nocentes que giran en torno a la negación de sus participaciones en los delitos atribuidos que se suscitaron durante el desarrollo del procedimiento policial y, de ahí, la pretendida ajenidad que esbozan sobre las torturas provocadas a las víctimas, las privaciones ilegal de sus libertades y el armado del procedimiento con el arma ‘plantada’ dentro del automotor en cuestión, pierden entidad por la necesaria inmediatez que se verificó en el desarrollo de los hechos”.

Finalmente, resaltó: “las versiones esmeradas por los encartados en sus declaraciones indagatorias a través de las cuales otorgaron una maquillada y mendaz versión sobre el devenir de los acontecimientos para blindar lo actuado, ponen al descubierto que, de contrario a lo afirmado, existía un efectivo conocimiento sobre la falsedad de lo recreado a través de los dichos de algunos de los funcionarios en sus testimoniales en lo labrado por la Policía Federal Argentina y, primordialmente, en todo el resto de lo enmascarado que se le dio al procedimiento” y puntualizó que “no se trató en el caso de una simple acumulación de irregularidades en la actuación prevencional -que en modo alguno habría derivado en este proceso penal-, sino de conductas ilícitas planificadas y ejecutadas por funcionarios públicos con el afán de manipular a su antojo el sistema judicial con fines absolutamente ilegítimos, lo que logra explicarse su accionar con todo el cúmulo de probanzas y delitos”.

Rechazo a la excarcelación

Por otra parte, en línea con el pedido del fiscal Gómez Barbella, el juez Del Viso rechazó el pedido de excarcelación oportunamente presentado por la defensa del comisario inspector.

Para así decidir, entendió que era “posible tener por verificado el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, lo que exige adoptar una resolución como la sugerida por la Fiscalía, pues la defensa no ha logrado de momento enervar las razones por las cuales se ordenó la detención”, que tuvo lugar el 25 de diciembre pasado.