El fiscal federal de Rawson, Fernando Gelvez, solicitó esta mañana un nuevo pedido de indagatoria del director de la Unidad Carcelaria N°6 de esa ciudad, Juan de la Cruz Céspedes, a quien imputó por la presunta comisión de los de delitos desobediencia, violación de los deberes de funcionario público y de retardar y/o rehusar la información legal requerida para una investigación penal en curso, en relación con la actuación que el funcionario peniteniario debió llevar a cabo para proveer información que contribuya al esclarecimiento de la muerte del detenido Juan Moreno.

Es la segunda indagatoria que solicitó Gélvez respecto de Céspedes en el transcurso de una semana. En la anterior oportunidad, el fiscal le había imputado violación a los deberes de funcionario público por no haberle comunicado inmediatamente los sucesos vinculados a la muerte de Moreno.

La situación en el penal de Rawson tomó resonancia pública luego de que la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) realizara en diciembre pasado una inspección, en la que constató un cuadro de violación constante de los derechos de las personas privadas de la libertad. Tres días después del paso de la Procuvin por el penal fue hallado ahorcado en el área de Sanidad Cristian Pereyra, un joven torturado sobre quien se había ordenado judicialmente su traslado a otro establecimiento, disposición que el Servicio Penitenciario no cumplió.

El nuevo pedido de indagatoria al jefe del penal se da asimismo en el contexto de la solicitud que cursó el juez Hugo Sastre al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, para que intervenga de inmediato la cárcel, y la atención de los detenidos y el lugar se adecuen a los parámetros constitucionales y convencionales vigentes.

Con la asistencia de la Procuvin, Gelvez imputó en esta segunda oportunidad a Céspedes por haber demorado nuevamente la remisión de información que le había solicitado. El fiscal había requerido el 17 de febrero a Céspedes que le remitiera de forma urgente la nómina de los agentes de requisa que prestaron servicio el 13 de febrero a las 22.00 y el 14 de febrero a las 8.00 y le pidió que indique quiénes intervinieron en el procedimiento realizado en el Pabellón 15, con cuántas escopetas antidisturbios ingresaron y quiénes eran las personas autorizadas para portarlas. También le había solicitado toda la documentación relacionada con el joven fallecido Juan Carlos Moreno.

Pero tres días después, el 20, los informes no habían llegado a la fiscalía. El fiscal debió reiterar la orden y le dio "dos horas improrrogables", a partir de las 10 de la mañana, para que le proporcione la información. Este segundo oficio añadió el requerimiento de filmaciones correspondientes al 13 y 14 de febrero.

La respuesta de Céspedes arribó a la fiscalía a las 15.38 de aquél día, varias horas después de que había fenecido el plazo dado, con errores y omisiones: faltaron nóminas, las filmaciones correspondían a otros horarios de los solicitados y la lista de los agentes armados que habían intervenido en el Pabellón 15 incluía a sólo uno, cuando las pruebas recogidas por el fiscal daban cuenta de que habían sido varios los penitenciarios que ingresaron en esa condición al lugar.

Un pedido al unísono

El juez Sastre requirió ayer al ministro de Julio Alak la "inmediata intervención" de la Unidad Carcelaria N°6 de esa ciudad "a los fines de adecuar, de manera urgente, el funcionamiento general del establecimiento carcelario y la prestación del servicio penitenciario a las exigencias constitucionales y convencionales vigentes".

En la comunicación al ministro, Sastre advirtió que "de persistir las deficiencias apuntadas, habré de disponer la correspondiente clausura del establecimiento carcelario señalado, ello en procura de garantizar los derechos humanos fundamentales de las personas allí privadas de su libertad".

"Advierto con profunda preocupación un progresivo e intolerable deterioro de las condiciones generales de funcionamiento del mencionado establecimiento carcelario y de la prestación del servicio penitenciario, y una escalada de violencia institucional, que en conjunto comprometen seriamente la efectiva vigencia de los derechos humanos de las personas allí alojadas", indicó el magistrado del poder judicial.

El pedido del juez al ministro Alak fue motorizado por el fiscal Gelvez con la asistencia de la Procuvin. El fiscal recordó la frecuencia con la que se producen en el penal graves hechos de violencia institucional, entre ellos los recientes casos fatales de Cristian Pereyra y Juan Carlos Moreno. "En el transcurso de diciembre del año 2013, en enero de 2014 y lo que va de febrero del año en curso, se han registrado en el Juzgado Federal de Rawson 99 (noventa y nueve) causas por hechos ocurridos en la mencionada Unidad 6: 18 (dieciocho) en el mes de diciembre de 2013; 60 (sesenta) en enero de 2014 y 21 (veintiuno) en lo que va del mes de febrero de 2014", precisó el representante del Ministerio Público.

El fiscal ponderó "la cantidad de los hechos producidos en una cárcel de máxima seguridad donde los cuidados deberían ser extremos, sumado a la gravedad y continuidad de ellos" y remarcó que "no se observa en la práctica que la situación cambie y se solucionen los inconvenientes que motivan hechos de estas características".

Entre tanto, anteayer los jueces nacionales de Ejecución Penal de la Capital Federal, Axel López, Marcelo Peluzzi y Javier de la Fuente, enviaron un oficio al Director del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco, para solicitarle su "intervención directa" en la supervisión del penal y lo convocaron para una audiencia el próximo 18 de marzo. "Motiva el reclamo la inusual cantidad de hechos violentos acaecidos en ese establecimiento, la cuestionada asistencia médico psiquiátrica y la deteriorada situación edilicia, informada por la PROCUVIN, Fiscalía Federal de Rawson, Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ante estos Juzgados y la Procuración Penitenciaria de la Nación, además de la percepción personal de los suscriptos en el marco del trámite de los legajos de prisión de efectivo cumplimientos que se controlan en la unidad en cuestión", indicaron los tres jueces en el oficio remitido a Blanco.