El fiscal federal Gabriel González Da Silva continuó con el desarrollo de su alegato en una nueva audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca del juicio conocido como “Bobinas Blancas”, en el que se juzga a siete integrantes de una organización narcocriminal que instrumentaba operaciones a nivel internacional. La fiscalía los acusó por el delito de tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes, en concurso ideal con el delito de contrabando, en grado de tentativa. A su vez, a uno de los acusados le endilgó el delito de lavado de activos.
Durante la audiencia, celebrada a través de la plataforma Zoom, González Da Silva se centró exclusivamente en el rol del acusado por lavado de activos, caracterizado por la ejecución de operatorias relativas a compra de la moneda virtual Bitcoin. En su alocución, el fiscal se refirió a los informes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2014 y 2015 en los cuales se señalaron “los riesgos que implica la utilización de monedas virtuales en lo que respecta al lavado de activos y financiamiento de terrorismo”. Aclaró que los informes “eran previos al análisis de las operaciones que se encuentran siendo juzgadas”.
“Esto no puede ser desconocido por un operador económico de criptomonedas”, señaló la fiscalía. En este mismo sentido, añadió que el acusado “no puede decir que no conoce lo que se regula a nivel internacional cuando él actúa a nivel internacional”. “El GAFI viene advirtiendo de estos riesgos sobre todo cuando hay anonimato, y aquí hubo anonimato”, precisó en relación a las operatorias juzgadas.
Da Silva ahondó paso a paso en la prueba respecto al accionar del acusado e hizo alusión a distintas comunicaciones telefónicas registradas entre los imputados, que evidencian que conocía la ilicitud de la maniobra.
De esta manera, Da Silva ahondó paso a paso en la prueba respecto al accionar del acusado e hizo alusión a distintas comunicaciones telefónicas registradas entre los imputados, que evidencian que conocía la ilicitud de la maniobra. El fiscal se refirió también a las anotaciones secuestradas a otros integrantes de la organización en Bahía Blanca y la Capital Federal. “El acusado tenía conocimiento de que el dinero provenía de un origen ilícito y de todas maneras intencionalmente practicó las trasferencias”, indicó.
"Ahora que los jueces han podido apreciar las pruebas categóricas que ha reunido esta fiscalía y permiten tener por acreditada su responsabilidad y su participación en los hechos, no puedo dejar de confrontar esta prueba con los distintos descargos efectuados a lo largo de la investigación", manifestó González Da Silva ante el tribunal integrado por los jueces Pablo Candisano Mera, Pablo Larriera y Pablo Díaz Lacava.
En este mismo sentido, valoró que las declaraciones formuladas durante la instrucción de la causa por el acusado podrían comprenderse como "confesiones calificadas, declaraciones en las cuales el sujeto reconoce el hecho, justifica su accionar y aporta datos que no son verídicos para distraer su responsabilidad".
La investigación
El comienzo del expediente relativo a estos hechos tuvo su génesis el 14 de marzo del 2017, a raíz de un aviso realizado por el departamento de control de drogas de EEUU, la Drug Enforcement Administration (DEA), a la División de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), en el cual se advertía sobre una operación narcocriminal en el país. Según detallaba la información inicial, se utilizaba como fachada el envío de bobinas de láminas de acero hacia España y/o Canadá para camuflar sustancias estupefacientes. A su vez, en el reporte se advertía que el grupo narcocriminal era financiado desde México y que operaba desde el Puerto de la ciudad de Campana.
Tras el puntapié inicial, con la intervención de las investigaciones impulsadas por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, el 18 de junio de ese mismo año se desbarartó la organización narcocriminal a la cual se le secuestro un total de 1862,17 kilogramos de cocaína. Una parte del material estupefaciente había sido acondicionado dentro de ocho bobinas de acero en un galpón en el Parque Industrial de Bahía Blanca y el resto había sido colocado dentro de bolsas de arpillera en un galpón en la localidad Perdriel, en Mendoza.
Según la acusación, en su cúspide la organización se encontraba liderada por un ciudadano de origen canadiense, a cargo de la firma “Can Trade Connections”. La firma poseía sedes operativas en México, Canadá, Reino Unido, España y Argentina. La segunda línea jerárquica era integrada por un ciudadano mexicano que residía en Canadá, cuya responsabilidad era tomar las decisiones económicas en la Argentina. A él le respondían en la cadena de mando cuatro acusados de origen mexicano, que operaban con dos grupos empresariales constituidos, uno en Mendoza y otro en Bahía Blanca.
Por otro lado, la organización también intervenía en el mercado financiero, mediante la compra de “bitcoins”, por montos que excedían los 300 mil pesos argentinos y que eran utilizados en el marco de las presuntas actividades ilícitas vinculadas al tráfico internacional de estupefacientes.