En el marco de la investigación desarrollada por el titular de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, Sebastián Basso, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) –que encabeza Diego Iglesias- y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) –a cargo de Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta- la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó los procesamientos dispuestos por el Juzgado Federal N°3 de Morón, en junio pasado, respecto de María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos –viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria- y del ex futbolista Mauricio “Chicho” Serna Valencia, como partícipes necesarios del delito de lavado de activos agravado por ser por una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.

La investigación

El caso se inició a raíz de una investigación preliminar desarrollada por la PROCUNAR, a partir de información provista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto a una pesquisa que se desarrollaba en Colombia, de la cual surgían sospechosos vínculos de José Bayron Piedrahita Ceballos con personas físicas y jurídicas en nuestro país.

Piedrahita Ceballos figura en el listado de la “Foreign Narcotics Kingpin Designation Act” del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, señalado como patrón  de organizaciones narcocriminales colombianas, y por haber colaborado con la estructura criminal denominada “La Oficina de Envigado”, grupo que, a su vez, estaba vinculado con los carteles de Medellín, Sinaloa y las Autodefensas Unidas de Colombia.

El devenir de la investigación en Argentina, permitió establecer que Piedrahita Ceballos y su entorno, tenían contactos con el grupo económico que lideraba el abogado Mateo Corvo Colcet quien, a través de un conjunto de sociedades comerciales, canalizaría y administraría los fondos provenientes del narcotráfico en dos rubros bien diferenciados entre sí: por un lado, ambiciosos emprendimientos inmobiliarios en el partido bonaerense de Pilar ("Country Urbano", "Pilar Bicentenario" e "Ínsula Urbana"), por el otro, la actividad de servicios de bar/confitería y producción de espectáculos por medio de sociedades encabezadas por el imputado Antonio Pedro Ruíz. Este último rubro incluye la explotación del espacio gastronómico cultural "El Café de los Angelitos".

Del cruce de información se pudo establecer que Santos Caballero, Marroquín Santos y Serna Valencia efectuaron un aporte esencial para que la organización pudiera poner en circulación en el sistema financiero argentino, bienes provenientes de maniobras de narcotráfico desplegadas en Colombia y los Estados Unidos, con el objeto de que adquiriesen apariencia de lícitos. Para ello, los imputados habría desarrollado una serie de actos tales como conversión, transferencia, venta, gravamen, disimulación, compra, venta y recompra de acciones.

Luego de su indagatoria, en abril pasado, el titular del Juzgado Federal N°3 de Morón, Néstor Barral, dispuso el procesamiento de Santos Caballero, Marroquín Santos y Serna Valencia, como partícipes primarios del delito de lavado de activos agravado por ser una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, conforme el artículo 303, inc. 2° apartado “a” del Código Penal de la Nación, al tiempo que ordenó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir cada uno la suma de 30 millones de pesos. Por último dispuso el embargo preventivo del inmueble adquirido por Marroquín Santos, por haber sido el mismo adquirido con dinero de origen espurio.

Sin embargo, las defensas de los tres imputados apelaron la decisión, pero los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, confirmaron los procesamientos. En tal sentido, los camaristas señalaron que “toda la maquinaria que se desplegó desde el año 2008 y hasta que se produjeron los allanamientos, no habría tenido lugar, a no ser por el aporte imprescindible de los encausados. Operaron como nexo, entre los intereses de Piedrahita Ceballos al legitimar los ingresos obtenidos ilícitamente y el grupo que, a nivel local, lideraba Mateo Corvo Dolcet”.

Agregaron que “los procesados favorecieron con su accionar, la comisión del delito de lavado de activos llevado a cabo por los demás encausados ya que, conociendo la vinculación de José Bayron Piedrahita Ceballos con el tráfico de estupefacientes, se lo presentaron a Mateo Corvo Dolcet, a efectos de que por medio de los proyectos que él lideraba, aquél pudiese legitimar en el territorio nacional los ingresos espurios obtenidos de dicha actividad, cobrando en consecuencia una comisión por ello. Es decir que efectuaron un aporte de carácter esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de la asociación, sin el cual el hecho no habría podido cometerse, ya que la presentación que efectuaron fue determinante para su existencia”.

Asimismo, en relación a la intervención Serna Valencia, aseguraron que el imputado “conocía el origen ilícito de los bienes de Piedrahita, para lo cual llevó a cabo las transacciones enrostradas”, al tiempo que desestimaron el argumento de la defensa del ex futbolista respecto a cómo se conocieron ya que resulta “poco creíble que haya conocido a José Piedrahita en un restaurant de Puerto Madero durante los años 2006 y 2007, oportunidad en la cual intercambiaron teléfonos y que, como consecuencia de ello, tiempo después llevara a cabo distintas transacciones sin documentarlas”.