El Juzgado Federal N°2 de Corrientes fijó la fecha para recibirle declaración indagatoria a la cooperativa Pyramis y siete de sus integrantes, en el marco de la causa en la que son investigados por intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y asociación ilícita por la fiscalía federal a cargo de Flavio Ferrini, quien cuenta con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que conduce Carlos Gonella. Las audiencias, que fueron establecidas por el juez Juan Carlos Vallejos a pedido de Ferrini y Gonella, comenzarán a realizarse desde el jueves 3 de marzo. El cronograma incluye a seis hombres, una mujer y al representante legal de la firma “COOPERATIVA DE CREDITO y SERVICIOS PYRAMIS LIMITADA”. Se trata de Mario Argentino Boschetti; Horacio Adrian Boschetti; Lisandro Boschetti; Cesar Octavio Gelmi -quienes integraban el Consejo de Administración-; Ana Karina Alonso; Adolfo Siviero -empleados-; Carlos Ramón Contrera y el representante legal de la cooperativa.

Durante una serie de allanamientos simultáneos realizados en noviembre pasado en dos sedes de Pyramis, una inmobiliaria y en los domicilios de dos de los principales directivos en la capital de la provincia, los investigadores encontraron alrededor de 300 cajas de seguridad, millones de pesos y dólares, miles de euros, alhajas, cheques y otros documentos. La investigación que derivó en los allanamientos fue originada en una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que advirtió que la cooperativa estaba funcionando como un banco, cuando su objeto social declarado es diferente. Esa presentación llevó a la apertura de una investigación preliminar en cabeza del Ministerio Público Fiscal, por la que se llegó a la hipótesis de que Pyramis es “una especie de banco disfrazado de cooperativa que se encuentra intermediando en el mercado financiero y que podría también estar lavando de dinero", según le comentó entonces Ferrini a Fiscales.gob.ar.

La investigación

Las conductas delictivas por las que se los investiga son la realización de "actividades de intermediación financiera [es decir, funcionar como un banco], bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente", que es el BCRA; haber "convertido, transferido, administrado, vendido, gravado, disimulado o de cualquier otro modo puesto en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito", es decir, lavado de activos; e "integrado una asociación ilícita operando bajo la fachada de regularidad constituida por la Cooperativa Pyramis y los imputados ".

La investigación arrojó que la cooperativa registró desde 2005 acreditaciones por 682.120.022 pesos, es decir, casi 700 millones de pesos hasta noviembre de 2015, con la siguiente evolución: 2005, $12.589.183; 2006, $15.552.489; 2007, $39.605.329; 2008; 44.022.773; 2009, $34.085.855; 2010, $37.219.521; 2011, $60.831.871; 2012, $85.584.919; 2013, $87.814.220; 2014, $177.626.828, y $97.187.034 hasta noviembre pasado.

Además, se determinó el movimiento de dinero a través de transportadoras de caudales desde la sede de la propia cooperativa a otras oficinas y a entidades bancarias. En 2009, $3.421.000; en 2010, $14.464.800; en 2011, $34.629.000, y, en 2012, $32.260.000.