El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a trece años de prisión al máximo responsable de una banda acusada de lavar dinero proveniente del narcotráfico, en lo que fue la sanción más alta en el país para este tipo de delito. Los magistrados hicieron lugar al pedido de penas solicitado por el fiscal general Carlos Schaefer, quien señaló como líder de la organización a Roberto Rodríguez. La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal federal Flavio Ferrini y los representantes de Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

También tuvieron una destacada participación, durante la instrucción y en el debate en carácter de querellantes, los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Asimismo, durante el debate y los alegatos de los acusadores fue destacada la labor de la Gendarmería Nacional en el aporte de elementos de prueba que sirvieron para lograr la condena.

La banda estaba integrada por personas del núcleo familiar y personal de Rodríguez: sus ex parejas, Romina Sosa y Daniela Villalba; su madre, Elba Aquino; su cuñada, Gladys Ramos; su socio, Rafael Glibota; y la pareja de su socio, María de los Ángeles Herrera.

El año pasado, Rodríguez había sido condenado a nueve años de prisión por tráfico de estupefacientes, en un debate oral y público en el que intervino el titular de la Fiscalía General N°2 ante el TOF de San Martín, Alberto Gentili.

En su alegato durante el debate oral que comenzó en noviembre del año pasado, el fiscal general Schaefer destacó que la organización no solo se dedicó a lavar dinero, sino que con ese producido se abonaban los futuros eventos del narcotráfico, financiándose dicha actividad.

El Tribunal -integrado por los  jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas de Badaro- condenó a los siete imputados como coautores penalmente responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por cometerse con habitualidad y en banda. En tal sentido, le impuso a Rodríguez una condena de trece años de prisión, mientras que su madre, Elba Aquino, Griselda Sosa y José Glibota, recibieron diez años.  Asimismo, a María de los Ángeles Herrera, Daniela Villalba y Rosa Ramos, se les impusieron condenas de cuatro, seis y ocho años de prisión respectivamente.

El fiscal general Schaefer destacó que la organización no solo se dedicó a lavar dinero, sino que con ese producido se abonaban los futuros eventos del narcotráfico, financiándose dicha actividad.

Además, el Tribunal ordenó el decomiso de los vehículos y  de los muebles e inmuebles que fueran objeto y/o medio del lavado de activos. También, resolvieron clausurar la personería jurídica de la empresa RR Vip, que comercializaba autos de alta gama, el complejo turístico Tangará, la empresa de turismo Emsetur, y el corralón Cerro Corá, firmas por las que circularon más de $158.000.000 originados en la venta de drogas.

Inicio de la investigación

La investigación comenzó en enero de 2012, cuando la UESPROJUD Corrientes tomó conocimiento de que transitaba la provincia una organización dedicada al tráfico de estupefacientes desde la provincia de Misiones hacia Mendoza, Chile y Buenos Aires, y desde ahí hasta otros puntos del país.

Para ingresar en el mercado legal el dinero proveniente del narcotráfico, Rodríguez y sus socios montaron cuatro empresas destinadas al lavado de activos: una empresa de servicios turísticos, una concesionaria de automóviles de alta gama, un hotel y un corralón.

Según la investigación llevada a cabo por el fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini, Rodríguez no percibía ingresos económicos ni registraba propiedades a su nombre, así como tampoco presentaba declaraciones juradas, ni tributaba impuestos.

Pese a ello, pudo adquirir –en agosto de 2014- un automóvil marca Porsche Coupe Cayman  modelo 2010 valuado en $905.000. También poseía el “Complejo turístico Tangará” ubicado en la localidad de Montecarlo, Misiones y, en el allanamiento llevado a cabo en su domicilio en la ciudad de Posadas, Misiones, se le secuestró una valija conteniendo $142.000 y U$S 8.000, y una caja fuerte con $198.600.

Según la Unidad de Información Financiera, se estima que los imputados lavaron más de 158 millones de pesos provenientes del tráfico de estupefacientes.

Denuncia por irregularidades

Dentro de la misma causa, se realizó una denuncia por irregularidades en el trámite de incidentes de entrega de bienes registrables, una causa en la que se encuentran investigados funcionarios y empleados judiciales y abogados particulares. La pesquisa, impulsada por los fiscales Schaefer y Ferrini, busca establecer si existieron maniobras ardidosas para recuperar un automóvil que se encontraba secuestrado en el marco de la investigación seguida a Rodríguez.