27 de octubre de 2021
27 de octubre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El principal acusado recibió 13 años de prisión, la pena más alta por lavado impuesta en el país
Corrientes: confirmaron una condena por un millonario lavado de activos con dinero proveniente del narcotráfico
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de los acusados y ratificó las condenas dictadas en 2018 por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Por las empresas de la organización circularon unos 158 millones de pesos originados en la venta de drogas. Las secuelas del caso involucran a funcionarios judiciales y a otros empresarios.

La Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por Alejandro Slokar como presidente y los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, rechazó ayer los planteos de las defensas y confirmó la condena a una banda, integrada por siete personas, que lavaba activos provenientes del narcotráfico. En la presentación ante Casación, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Raúl Plee.

En marzo de 2018, el Tribunal Oral Federal de Corrientes los había condenado con penas de hasta 13 años de prisión en lo que fue la sanción más alta en el país para este tipo de delito.

Para los jueces de Casación, las penas impuestas por el Tribunal fueron graduales y fundadas, de acuerdo a la participación que tuvieron las personas condenadas en el hecho delictivo.

El tribunal revisor tuvo por probado que los imputados guardaban vínculo con sujetos que se dedicaban al tráfico de estupefacientes y habrían prestado colaboración en hechos de transporte, todo lo cual -indicó- constituye una serie de indicios con fortaleza suficiente para inferir que el dinero que se ponía en circulación a los fines de darle una apariencia legal procedía de esa labor.

Por otro lado, se acreditó la existencia dentro del ámbito de custodia de los imputados de una cantidad de bienes de gran valor, como automóviles de alta gama y sociedades comerciales, donde se detectaron numerosas actividades sospechosas.

Asimismo, consideraron que la actividad y las declaraciones ante la AFIP de los imputados no tenían correlato con los bienes que figuraban dentro de su patrimonio.

El juicio

En 2018, el TOCF condenó a los siete imputados como coautores penalmente responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por cometerse con habitualidad y en banda. En tal sentido, le impuso a Roberto Eduardo Rodríguez, identificado como el líder de la organización, una condena de trece años de prisión, mientras que su madre, Elba Aquino, su ex pareja Romina Sosa y su socio José Rafael Glibota, recibieron diez años de prisión.  Asimismo, a María de los Ángeles Herrera -pareja de Glibota-, Daniela Villalba -ex pareja de Rodríguez- y Rosa Gladys Ramos -cuñada de Rodríguez- se les impusieron condenas de cuatro, seis y ocho años de prisión respectivamente.

Además, el tribunal ordenó el decomiso de los vehículos y de los muebles e inmuebles que fueran objeto y/o medio del lavado de activos. También, resolvió clausurar la personería jurídica de la empresa RR Vip, que comercializaba autos de alta gama, el complejo turístico Tangará, la empresa de turismo Emsetur, y el corralón Cerro Corá, firmas por las que circularon más de 158 millones de pesos originados en la venta de drogas.

En el juicio intervino el fiscal general Carlos Schaefer y la instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal federal Flavio Ferrini y los representantes de Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Otras investigaciones

Durante el juicio oral y público, la causa generó otras investigaciones relacionadas con el destino ilegal que se le diera a varios vehículos secuestrados en los allanamientos decretados por el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes. Puntualmente, en la pesquisa que actualmente se encuentra en trámite ante la justicia federal de primera instancia, el ex juez federal Carlos Soto Dávila y quienes fueran los secretarios penales de su juzgado, Pablo Molina y Alberto Grau, entre otros, se encuentran imputados por irregularidades en la tramitación de cinco incidentes de entrega de seis de los vehículos que habían sido incautados en aquella pesquisa.

Por otra parte, también se reabrió la investigación a otro de los empresarios involucrados en las maniobras de lavado de activos, por estar vinculado a Roberto Eduardo Rodríguez en la compra-venta de automóviles de alta gama, y quien había sido sobreseído en primera instancia.