En la investigación en la que interviene el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, que fue desarrollada a través de un equipo conjunto formado por autoridades judiciales y policiales argentinas y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos logró ayer la desarticulación de dos organizaciones dedicada al tráfico ilícito de sustancias controladas y al consecuente lavado de activos provenientes de esa actividad ilegal. Una serie de operativos realizados en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires permitieron detenciones y el secuestro de 400 mil dólares y dos millones de pesos en efectivo, casi una decena de automóviles de lujo y celulares, notebooks y documentación, entre otros elementos  de interés para la causa.

En la pesquisa intervienen por el MPF la titular de la Fiscalía N°6 en lo Penal Económico, Gabriela Ruiz Morales; la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que con la División Intervenciones Informáticas Complejas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Unidad de Información Financiera (UIF), integran un equipo de investigación conjunto del que también forman parte autoridades de la DEA y de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Wisconsin.

Una organización dedicada al tráfico de sustancias controladas

Según una investigación llevada adelante por la oficina del Fiscal del Distrito Este de Wisconsin y la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), los integrantes de la red farmacéutica en línea Goldpharma participarían activamente en una organización de tráfico ilegal de drogas con sede principal en la Argentina, en conjunto con varios cómplices que operarían en otros países alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos y Rumania. A pesar de que se desconoce el alcance de la actividad, se sospecha que los investigados, así como otros cómplices, operaron al menos desde 2006 hasta aproximadamente marzo del año pasado. En el 2018 se desarticuló en Rumania parte de este grupo que proveía drogas para su posterior contrabando hacia los Estados Unidos.

De acuerdo a la investigación, la organización Goldpharma distribuye sustancias controladas -es decir, las drogas cuya manufactura, importación, posesión y distribución está regulada por el gobierno federal  de los Estados Unidos- a través de farmacias en línea, operando ilegalmente. Estas farmacias en línea también promocionan y venden sustancias controladas que requieren receta médica para su compra. Ello se relaciona con la epidemia de opioides que afecta al  país norteamericano y que motivó que su Departamento de Salud declarara en 2017 la Emergencia en Salud Pública, en función de que en 2015, 52.404 personas murieron por sobredosis.

Investigación internacional

De los registros de correo electrónico surge que durante el periodo de un año, Goldpharma tuvo ingresos brutos de aproximadamente U$S 6,7 millones de dólares, producto de la venta de sustancias y fármacos –tales como Oxicodona, Hidrocodona, Codeina, Tapentadol, Anfetamina, Metilfenidato, Tramadol, Alprazolam, Carisoprodol, Zolpiden y Diazepam- a clientes ubicados en los Estados Unidos, pero que eran enviados ilícitamente desde países como Rumania e India. A través de la cooperación entre las autoridades argentinas y estadounidenses, se logró establecer que esta actividad era operada desde Buenos Aires, identificándose a los responsables del grupo, todos ellos de nacionalidad argentina.

Desde enero de 2018, autoridades de Estados Unidos y Rumania trabajaron en conjunto para desmantelar la organización de tráfico de drogas rumana que había estado suministrando a Goldpharma. Después de detenciones efectuadas en el país europeo, las páginas web de Goldpharma fueron cerradas temporalmente, y un representante de la empresa indicó que el grupo se encuentra buscando una nueva fuente para suministrar ciertas drogas.

En ese contexto, los Estados Unidos solicitaron el arresto preventivo con fines de extradición de cinco personas que fueron identificadas con colaboración de la Policía de la Ciudad. Tres fueron detenidas y dos permanecen prófugos. El Grand Jurado del Distrito Federal de Wisconsin autorizó el juzgamiento allí por 12 cargos de importación de sustancias controladas, conspiración para importar a los Estados Unidos y utilizar internet a sabiendas e intencionalmente para publicitar la venta y oferta.

Lavado de activos

La actividad investigativa en la Argentina se enfocó puntualmente en determinar las actividades que lleva adelante la segunda organización que opera el grupo SMILE y la financiera DTS, dedicada principalmente al lavado de dinero proveniente de las actividades de tráfico ilícito de drogas y otros delitos, quienes utilizan mecanismos de compensación en una “cueva financiera”.

Se detectó que, una vez ingresada a la República Argentina parte de la ganancias ilícitas, la organización posee una estructura armada con el fin de colocar esos fondos en proyectos de construcción de inmuebles -mediante el pago de cuotas de los fideicomisos inmobiliarios-, adquirir diferentes monedas digitales -como Bitcoins- y facilitar los medios necesarios para que los miembros de la organización efectúen retiros de dinero en efectivo. En definitiva, se estima que cuenta con una estructura para realizar esta actividad con habitualidad y en conexión con distintas personas, muchas de las cuales aún no se encuentran identificadas.

Allanamientos, detenciones y secuestros

Fue en ese marco que el titular de la Procunar, Diego Iglesias, el cotitular de la Procelac, Mario Villar, y la fiscal Ruiz Morales le solicitaron al juez Yadarola la detención de los dos responsables de este esquema financiero y la indagatoria de otros cinco imputados. El operativo desplegado ayer incluyó 20 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires por parte de la Policía de la Ciudad, con colaboración de la AFI, PROCELAC, la UIF y la DEA.

Los procedimientos arrojaron como resultado el secuestro de gran cantidad de dinero: más de 400 mil dólares y dos millones de pesos en efectivo y 890.000 en cheques; además de 11.200 euros y cantidades menores en moneda brasileña, inglesa, turca, peruana y uruguaya. También de casi una decena de automóviles y motos de lujo –Mercedes Benz, BMW, Ducati y Mini Cooper, por ejemplo- y celulares, discos rígidos, pen drives, notebooks y documentación de interés para la causa.