En línea con lo requerido por la titular de la Fiscalía Federal N°10, Paloma Ochoa, y los cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, el juez federal Sebastián Ramos citó a indagatoria a los directivos de la empresa “UNETEL S.A.”, en el marco de la investigación que se les sigue por el pago indebido de aproximadamente USD 540.000 a funcionarios públicos de El Salvador para la adjudicación de un contrato para el nuevo sistema de gestión de flota para el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en ese país.

En su presentación conjunta, los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron que se cite a prestar declaración indagatoria a los directivos de la empresa argentina, ya que consideraron que existían motivos fundados para sospechar que ofrecieron y efectuaron pagos a la empresa SIPAGO de El Salvador, con el objetivo de resultar adjudicatarios en el contrato de licitación para la compra de buses e implementación de un sistema de recaudación de servicio en ese país. En este sentido, los fiscales concluyeron que las pruebas reunidas en la investigación permitían corroborar la hipótesis planteada desde el inicio, en consonancia con los estándares internacionales de soborno reflejados en el Manual para Investigadores Fiscales de la OCDE.

El caso fue detectado por la PROCELAC, quien inició una investigación preliminar y realizó la denuncia en abril de 2017. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2, con intervención de la fiscal Ochoa, quien impulsó la investigación y propuso al juez numerosas diligencias que lograron su avance.

En el requerimiento de instrucción, la fiscal federal señaló que los responsables de la empresa argentina Unetel S.A. se comprometieron con las autoridades de la firma SIPAGO -a quien el Ministerio de Transporte de la República de El Salvador delegó el proceso de licitación para contratar a la compañía que cobraría el pasaje electrónico del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS)- a abonarles un “salario” de US$ 4.500 por mes durante diez años para garantizarse, antes de la adjudicación, información esencial de un proyecto vinculado con la compra de buses y la prestación de un sistema de gestión de flota para el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en ese país.

En contraprestación por los pagos indebidos, los titulares de la empresa salvadoreña encargada de la licitación, se obligaron a proporcionarles información relevante del proyecto: asesoramiento de carácter general y particular, intermediación con las autoridades competentes, información sobre las actividades de los competidores del proyecto (PRODATA de Brasil e INDRA de España), entre otros datos.