La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presta asistencia al fiscal Federal de Mendoza, Fernando Alcaraz, para analizar el tratamiento que hasta el momento se le ha dado a los bienes individualizados en la causa en la que se investiga a la organización narcocriminal liderada por Sandra Jaquelina Vargas, alias “la Yaqui”. El objetivo de la intervención de la Procelac es profundizar el análisis patrimonial de los procesados y completar el cuadro probatorio para fortalecer, de cara al juicio oral y público, la acusación formulada por el delito de lavado de activos provenientes del negocio ilegal.

La Procelac, a cargo del fiscal General Carlos Gonella, colabora en este caso a través de su área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que coordina Mateo Bermejo. En la causa, también participa la Unidad de Información Financiera, de acuerdo con lo dispuesto por la ley de lavado de activos para estos casos.

Según informó la Procuraduría, durante la investigación fueron individualizados "diversos inmuebles y vehículos que habrían sido adquiridos con fondos espurios", y que "se encuentran bajo la titularidad de Vargas y sus familiares".

"La Yaqui” está con prisión preventiva desde mediados de marzo, acusada de organizar y financiar el comercio de estupefacientes y poner en circulación en el mercado formal el dinero proveniente de esos delitos.

El juez federal Walter Bento, a cargo de la investigación, también dictó el procesamiento respecto de otras cinco personas por el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos, entre quienes están la hija de Vargas, sus hermanos y su suegra, y libró orden de captura respecto de otros tres familiares.

Según consta en el expediente, la organización se valía de jóvenes -denominados “soldaditos”- para llevar a cabo la venta al menudeo de estupefacientes, los que también habrían tenido la función de mantener el control  territorial frente a la posibilidad de enfrentamientos con quienes pudieran representar una amenaza para su negocio.

La organización criminal habría controlado el tráfico de estupefacientes en el barrio Campo Papa, en el oeste del departamento de Godoy Cruz, y con el tiempo habría ampliado su influencia hacia otros territorios, generando nuevos puntos de venta de droga.

En el marco de esta causa, el fiscal Alcaraz también cuenta con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad, cuyo aporte brindó al juez un estudio pormenorizado sobre expedientes por narcotráfico que vinculaban a Vargas y su entorno.

La intervención de la Procunar y de la Procelac en la asistencia a las fiscalías frente a casos complejos se orienta a profundización de las pesquisas y concretar uno de los principales objetivos trazados por la Procuración General frente a la criminalidad organizada: el decomiso de los bienes utilizados en las empresas criminales para impactar económicamente en su funcionamiento y para que sean recuperados por el Estado en la investigación de esos delitos complejos.