Un equipo de seis técnicos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del coordinador del Área de Fraudes Económicos y Bancarios, Pedro Biscay, se encuentra colaborando con el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari, en el marco de la causa donde se investiga a los responsables de la Financiera “CBI Cordubensis”, que operaba sin autorización del Banco Central de la República Argentina en pleno centro de la capital provincial y en la ciudad de Villa María.

El grupo de la Procelac viajó a primera hora de esta mañana a bordo de un avión facilitado por el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, perteneciente a la Gendarmería Nacional Argentina. Apenas arribados a la ciudad de Córdoba mantuvieron una reunión para coordinar los procedimientos con el fiscal a cargo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Cerca del mediodía se iniciaron los allanamientos en distintos domicilios, entre ellos los de subsidiarias de la financiera en la ciudad de Villa María, en la firma Bacar -transportadora de caudales-, estudios contables, domicilios de personas responsables de la organización -incluido su titular Eduardo Daniel Rodrigo-, y la concesionaria de autos Centro Motor -agente oficial de Toyota-. En los procedimientos se secuestró importante material documental: contratos de mutuo, computadoras, dinero en efectivo, cheques, etcétera.

El fiscal, con asistencia de la Procelac, presentó hoy el requerimiento de instrucción al Juzgado Federal. En su presentación, además de solicitar los allanamientos, imputó a nueve personas, reclamó su citación para prestar declaración indagatoria y la detención de seis de ellas, medidas que hasta el momento no fueron resueltas por el juez Ricardo Bustos Fierro.

Esta nueva serie de allanamientos son producto del análisis de las pruebas recolectadas la semana pasada en el marco de la investigación preliminar que inició Senestrari al recibir una carta que le dejó el fallecido vicepresidente de la entidad, Jorge Suau, en la que denunciaba a funcionarios, empresarios y sindicalistas. Si bien de la investigación preliminar surgía la hipótesis del delito de intermediación financiera ilegal, ahora se añadió el de asociación ilícita, lavado de activos, estafas y otros contemplados en la ley 24.769.

El material secuestrado durante la jornada de hoy será analizado y no se descarta la ampliación de las imputaciones.