El titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, solicitó la elevación a juicio del segundo tramo de la causa de la financiera ilegal CBI Cordubensis, por cuatro hechos. Entre los catorce imputados por asociación ilícita, lavado de activos, estafas y evasión impositiva incluidos en su requerimiento, se encuentran varios que ya están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal N° 2.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, dos de principales acusados eran responsables de liderar una organización que desarrollaba intermediación financiera no autorizada, con servicios que iban desde la consultoría y préstamos personales y empresariales a descuentos de cheques en garantía de operaciones financieras y captación de ahorros mediante plazo fijo simulado bajo la figura de contrato de mutuo. Ninguna de estas actividades estaban autorizadas por el Banco Central. La organización también habría realizado maniobras de evasión impositiva e infracciones al régimen penal cambiario, estafas y lavado de activos de origen delictivo a través de la administración y puesta en circulación en el mercado cambiario de grandes sumas de dinero.

La organización también habría realizado maniobras de evasión impositiva e infracciones al régimen penal cambiario, estafas y lavado de activos de origen delictivo.

Los involucrados también están acusados de lavar dinero a través de una licitación para administrar la recaudación por la venta de cospeles y tarjetas del transporte de pasajeros en la ciudad de Córdoba. De acuerdo a la acusación, el dinero recaudado era depositado en CBI en vez de una cuenta de la Municipalidad de Córdoba y, de esta manera, la financiera lo utilizaba para comprar cheques y depositarlos en cuentas relacionadas con la recaudación del transporte, una maniobra por la que eludieron tributar al fisco más de dos millones de pesos durante 2011 y 2012. En el tercero de los sucesos se investiga la utilización de las cuentas bancarias de Toyota Compañía Financiera de Argentina, exentas del gravamen a los débitos y créditos bancarios, para disimular el origen de los cheques allí depositados -provenientes de otras actividades-, para otorgarles apariencia lícita.

Por último, se acusa a varios de los imputados en la causa de adquirir cheques emitidos por la Obra Social del Gremio de Comercio a prestadores a cambio de efectivo. Esos cheques son motivo de una investigación por una administración fraudulenta imputada a los directivos de la Obra Social. De esta manera, los valores eran luego usados como aporte de capital para desarrollar actividades ilícitas, registradas a nombre de una firma sin capacidad para justificar los montos de dinero transferidos.

Para la Fiscalía, los dos principales imputados de la causa “lideraron un grupo de profesionales con estudios universitarios (en su mayoría, relacionados con las ciencias económicas), con quienes llevaron adelante la sociedad CBI Cordubensis”

En su requerimiento, Senestrari destacó que los dos principales imputados de la causa “lideraron un grupo de profesionales con estudios universitarios (en su mayoría, relacionados con las ciencias económicas), con quienes llevaron adelante la sociedad CBI Cordubensis”, y destacó sus vínculos con distintos actores del ambiente político y comercial de Córdoba, como también sus conocimientos del funcionamiento del sector financiero nacional e internacional.