Con la lectura de la acusación fiscal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba inició el lunes el debate oral y público donde se juzga la responsabilidad de 16 personas acusadas de conformar una asociación ilícita que llevó adelante -de forma sistemática y habitual- millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, lavado de activos y defraudación por retención indebida, accionar que era desplegado a partir de la estructura operativa brindada por la financiera "CBI Cordubensis". El Ministerio Público Fiscal es representado por la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, a cargo de Carlos Gonella.

Este proceso presenta como singularidad que, por primera vez, se juzgan hechos encuadrados en el delito de intermediación financiera no autorizada, figura incorporada en el artículo 310 del Código Penal en virtud de lo establecido por la Ley 26.733 de diciembre de 2011. Dicha normativa fue sancionada en el marco del plan de acción consensuado con el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) con el objetivo de reprimir y perseguir conductas que sean perjudiciales al sistema financiero y, así, garantizar la protección de los usuarios frente a prácticas abusivas y generar confianza y transparencia en los mercados.

De acuerdo a la investigación -en la que colaboró la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)- la firma CBI Cordubensis -que contaba con dos locales de acceso público ubicados en importantes zonas comerciales de la capital provincial- funcionó desde fecha incierta hasta el 14 de febrero de 2014. En este primer tramo de la mega-causa es juzgado su ex presidente y gerente general, quien se encuentra actualmente con prisión preventiva, considerado como el jefe u organizador de la asociación ilícita. También están imputadas otras quince personas, que habrían intervenido en uno o varios de los 78 hechos imputados y cuya responsabilidad se debatirá en juicio oral y público.

Intermediación financiera

Tal como surge del auto de elevación a juicio, el presente debate tiene como objeto procesal un abanico de delitos contra el orden económico y financiero, entre los que sobresale la intermediación financiera sin autorización de la autoridad competente (art.310 párrafo 3 del CP), es decir, del Banco Central de la República Argentina, principalmente el descuento de cheques con fondos propios y de terceros y depósito posterior de los mismos en cuenta bancaria propia o de otros terceros.  Esa operatoria habría permitido que entre 2009 y 2013 circularan a través de CBI cheques por más de mil millones de pesos, los cuales fueron monetizados a través de distintas cuentas, todas ellas con una particularidad en común: por distintas razones se encontraban exentas del impuesto a los créditos y débitos.

Tal como se estableció en la instrucción, las conexiones de los principales directivos de la firma con distintos referentes del ambiente industrial, comercial y político, municipal y provincial permitieron convertir a CBI “en una de las mesas de dinero más grandes de la provincia de Córdoba”.  En este sentido, la firma ofrecía a sus potenciales clientes  servicios de consultoría financiera, préstamos personales y empresariales y su correspondiente financiamiento, descuentos de cheques, caución de cheques en garantía de operaciones financieras y captación de ahorro del público mediante operaciones de depósito a plazo fijo simulado bajo la figura de contrato de asistencia financiera, todo ello sin contar con la debida autorización y regulación de la autoridad monetaria.