20 de febrero de 2020
20 de febrero de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Veredicto del Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba
CBI: condenas de hasta siete años de prisión por intermediación financiera no autorizada
Se trata del primer fallo por este tipo penal emitido en el país. Se juzgaron millonarias maniobras por las que se impusieron penas para 13 acusados, también por lavado de activos y evasión impositiva. Multas de más de 138 millones de pesos.

El Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba dictó hoy las primeras condenas en el país por el delito de intermediación financiera no autorizada. Fue al término del juicio por la actividad de la firma CBI Cordubensis, por el que los magistrados impusieron penas de entre dos y siete años de prisión para trece acusados por ese tipo penal, además de los de lavado de activos y evasión tributaria, según cada caso.

Durante el juicio, la Fiscalía General en su alegato había requerido condenas de hasta once años. Por otra parte, los magistrados dispusieron absoluciones por el delito de asociación ilícita y una serie de hechos calificados como estafa.

El fallo

Por unanimidad, los jueces José Fabián Asís, Carlos Julio Lascano y Jaime Diaz Gavier dispusieron las siguientes penas por los delitos de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y evasión tributaria -por distintos grados de participación, según el caso-:

Eduardo Daniel Rodrigo (presidente de CBI), a siete años de prisión y multa de 30 millones de pesos; Aldo Hugo Ramírez, cinco años de prisión y multa de 20 millones de pesos; Julio César Ahumada, cuatro años y seis meses de prisión y  multa de 15 millones de pesos ; Oscar Américo Altamirano, cuatro años y seis meses de prisión y multa de ocho millones de pesos; Daniel Arnoldo Tissera, tres años de prisión de ejecución condicional y multa de ocho millones. En tanto que sólo por intermediación financiera no autorizada fueron condenados Darío Onofre Ramonda- tres años de prisión de ejecución condicional y  multa de 15 millones de pesos- y  Diego Ariel Sarrafián -tres años y seis meses de prisión y la misma multa-.

La sentencia alcanza también, por lavado de activos y evasión tributaria, a Miguel Ricardo Vera -seis años y seis meses de prisión y multa de 25 millones de pesos-;  Luis Carlos de los Santos -tres años de prisión de ejecución condicional y multa de dos millones de pesos-; Paula Andrea Vettorello -dos años y seis meses de prisión y  multa 40 mil pesos-; Jorge Osvaldo Castro -tres años de prisión de ejecución condicional y 50 mil pesos-; Roberto Carlos, Di Rienzo -dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional y multa de 20 mil pesos- y Lucas Sebastián Bulchi -dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional y multa de 20 mil pesos-.

Por unanimidad, los jueces dispusieron penas por los delitos de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y evasión tributaria.

Maniobras millonarias y habituales

De esta forma quedó acreditado que bajo la apariencia legal brindada por la firma CBI Cordubensis, se realizaron de manera sistemática y habitual millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y evasión.

La compañía -que contaba con dos locales de acceso público ubicados en importantes zonas comerciales de la capital provincial- funcionó desde fecha incierta hasta el 14 de febrero de 2014. Además de Rodrigo, en este primer tramo de la mega-causa fueron juzgadas otras quince personas por su intervención en uno o varios de los 78 hechos imputados por el MPF. En la etapa de instrucción, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba.

Primer juicio (y condenas) por intermediación financiera no autorizada

El debate había comenzado en noviembre pasado y tuvo la particularidad de que por primera vez se juzgaron hechos encuadrados en el delito de intermediación financiera no autorizada, figura incorporada en el artículo 310 del Código Penal en virtud de lo establecido por la Ley 26.733 de diciembre de 2011. Dicha normativa fue sancionada en el marco del plan de acción consensuado con el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), con el objetivo de reprimir y perseguir conductas que sean perjudiciales al sistema financiero y, así, garantizar la protección de los usuarios frente a prácticas abusivas y generar confianza y transparencia en los mercados.