El titular de la Fiscalía General Nº2 ante los Tribunales Orales Federales, Abel Córdoba, solicitó que se incorporen seis nuevos imputados en el juicio a Lázaro Báez por lavado de activos que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº4. Se trata de ex directivos de la financiera “Provalor” y ex empleados del Banco Lombard Odier acusados de intervenir para que el grupo económico encabezado por el empresario saque dinero al exterior, en el marco de la maniobra de lavado que ya se encuentra en juicio.
El Ministerio Público Fiscal le pidió a los magistrados que incorporen al debate en curso a Jorge Horacio Ruiz, presidente de la Sociedad de Bolsa Provalor a la época en que desde esa firma se colaboró en el armado de una empresa “off shore” a nombre de uno de los imputados -Teegan Inc. Belice-; Mariano Rubinowicz, quien revistió al momento de las conductas imputadas el cargo de vicepresidente, resultando accionista minoritario de la sociedad; y José Alex Fallas y José Sebastián Jabbaz -que se desempeñaban como directores titulares de “Provalor”, cargo que ocuparon desde el inicio de la sociedad, desde marzo de 2005 hasta septiembre de 2013. También requirieron que sean juzgados los ex empleados del Banco Lombard Odier Martín Andres Eraso y Juan Alberto de Rasis.
Según surge del documento presentado por la Fiscalía, habrían “intervenido en la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero para la canalización, conversión, transferencia, administración, venta, disimulo y/o puesta en circulación en el mercado, de fondos de Lázaro Antonio Báez de procedencia ilícita, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y, posteriormente, convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante el período comprendido entre los años 2010 y 2013”.
La maniobra se habría llevado adelante a través de complejos procedimientos financieros para expatriar, cuanto menos y tomando en cuenta el período 2010-2011, una suma de dinero cercana a los sesenta millones de dólares para que luego sean reintroducidos en el mercado de bonos de deuda pública Argentina y su posterior liquidación en el Mercado de Valores de Rosario, activos que terminaron en las arcas de Austral Construcciones S.A.
La maniobra se habría llevado adelante a través de procedimientos financieros para expatriar, cuanto menos y tomando en cuenta el período 2010-2011, cerca de sesenta millones de dólares.
Unificación de juicios
El MPF solicitó la incorporación de los seis imputados al debate de acuerdo a lo previsto en el artículo 360 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), que establece: “si por el mismo delito atribuido a varios imputados se hubieren formulado diversas acusaciones, el tribunal podrá ordenar la acumulación, de oficio o a pedido de parte, siempre que ella no determine un grave retardo”. Así, ello “tiene por objeto permitir que un único Tribunal juzgue las responsabilidades (…) en miras a la obtención de un conocimiento global (…).”
La Fiscalía explicó que su planteo también está enmarcado en el derecho de los imputados de resolver de manera definitiva su situación procesal y obtener un pronunciamiento.
Asimismo, el fiscal general explicó que su planteo también está enmarcado en el derecho de los imputados de resolver de manera definitiva su situación procesal y obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a su estado de incertidumbre en relación a este proceso. En ese sentido, una vez definida la admisibilidad de prueba, la Fiscalía requirió que se fije audiencia dentro del cronograma de juicio unificado de ambos tramos, a efectos de dar cumplimiento a los actos previstos.
El juicio comenzó en octubre del año pasado y están acusados Lázaro Baez, Leonardo Fariña, Federico Elaskar y otros 22 imputados por lavado de activos. Además del MPF intervienen como acusadores la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La elevación a juicio fue realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuán.