28 de mayo de 2022
28 de mayo de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene la Fiscalía General Nº 3 ante los Tribunales Orales Federales
En octubre comenzará el juicio a Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito
El ex secretario de Transporte de la Nación también será juzgado por los delitos de peculado y defraudación por administración fraudulenta.

El 1° de octubre comenzará el juicio al ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, y otras 22 personas, por enriquecimiento ilícito, peculado y defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.  Ese mismo día también podría iniciarse el juicio contra el ex Ministro de Planificación Julio De Vido, Ricardo Jaime, y otros, por la compra irregular de trenes usados y en mal estado a España y Portugal. El debate estará a cargo del  Tribunal Oral Federal N° 6 -integrado por los jueces José Martínez Sobrino, Fernando Canero y Julio Panelo-, y abarcará las diversas causas que fueron acumuladas en un único juicio. En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrá la fiscal general Gabriela Baigún.

Jaime está acusado de haberse enriquecido patrimonialmente, de manera apreciable e injustificada -en relación con sus ingresos legítimos demostrados- durante el período en que ejerció el cargo público de Secretario de Transporte de la Nación, entre el 28 de mayo de 2003 y el 1° de julio de 2009, y los dos años posteriores del denominado “período de sospecha”, mediante diversas operaciones comerciales. En el expediente hay otros 19 imputados, a quienes se les atribuye haber actuado como personas interpuestas para disimular el enriquecimiento ilícito de Jaime, durante el transcurso de tiempo mencionado.

Cuando la causa llegó a la instancia de juicio, la Fiscalía General Nº 3 ante los Tribunales Orales Federales -a cargo de la fiscal Gabriela Baigún-, logró el embargo de once inmuebles, quince vehículos, cuatro motos, dos embarcaciones, el congelamiento de varias cuentas bancarias, títulos públicos, la participaciones en más de veinte sociedades comerciales y la suma de aproximadamente 2 millones de pesos en efectivo, en el marco de una serie de medidas de índole económica. Las diligencias requeridas y analizadas por la fiscalía responden a un trabajo emprendido conjuntamente con la Dirección de Análisis Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), bajo la conducción de Judith Köning, quien estuvo a cargo de la evaluación de toda la información provista por las diferentes áreas del Estado.

El ex funcionario también será juzgado por dos hechos de peculado. En marzo del año pasado, el fiscal federal Carlos Rívolo había requerido la elevación a juicio de una causa por la presunta sustracción, en febrero de 2004, de un auto perteneciente al Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) -que encabezaba Claudio Uberti- y su entrega a Jaime, quien lo habría utilizado en su propio beneficio. El vehículo habría permanecido en su poder hasta septiembre de 2007, en lugar de ser usado para el control de un tramo de obra pública en la Ruta Nacional N°9, denominado “Corredor Vial N°3”.

En el segundo hecho se le atribuye a Jaime el haber sustraído el automóvil marca Volkswagen modelo Passat dominio FOX-299, que fuera entregado por la firma IECSA S.A. a la Secretaría de Transporte para inspeccionar la obra “Alteo de Pedraplen del Ferrocarril General San Martín en Laguna La Picasa”, mediante la utilización de a título personal y en su propio beneficio, reteniéndolo y ocultándolo en una cochera alquilada a ese fin, desde el mes de diciembre de 2007 hasta el mes de junio de 2009.

También en marzo del año pasado, el titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº6, Federico Delgado, solicitó el envío a juicio del expediente por irregularidades en la adquisición de trenes usados a Portugal y España. Los imputados Jaime, Manuel Vázquez, Ricardo Domingo Testuri e Ignacio Julián Soba Rojo están acusados de defraudación por administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con el delito de cohecho.