La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37, Romina Monteleone, solicitó al responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°18, Pablo Ormaechea, la indagatoria de treinta y dos personas involucradas en el incendio ocurrido en la mañana del 5 de febrero de 2014, en el depósito que la firma Iron Mountain Argentina S.A. tenía en la calle Azara 1245, en el barrio porteño de Barracas, y en el que fallecieron bomberos y rescatistas al derrumbarse una de las paredes del lugar.

En base a las pruebas colectadas durante la investigación, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró “que en la propagación del incendio objeto de pesquisa han incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento siniestrado, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes, contribuyendo con su obrar no sólo a la producción de pérdidas materiales, sino, y fundamentalmente, al trágico desenlace que supone la pérdida de diez vidas humanas que se encontraban en el lugar brindando un servicio público de protección”.

Al efecto, Monteleone requirió indagar al encargado de Seguridad e Higiene de Iron Mountain, Héctor Eduardo García “en virtud de tratarse del responsable directo de velar por el adecuado funcionamiento de las instalaciones fijas contra incendio y del incumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes del establecimiento”.

También pidió la declaración de Guillermo Eduardo Lockhart, en su calidad de gerente general de la firma, por haber intervenido en varias de las irregularidades señaladas en la investigación; y de los directivos de la misma, Pedro Meierhold, Gustavo Roberto Álvarez, Rodrigo San Miguel, Ricardo Daniel García y Miguel Carrillo quienes “obraron de manera imprudente al no observar los cuidados debidos consistentes en adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para disminuir el peligro de producción de un incendio que pudiere resultar lesivo para terceros en el marco de la actividad riesgosa que llevaban adelante”.

Otro de los citados es el apoderado de Iron Mountain, Ignacio Miguel Aldamiz Echeverría, quien habría sobornado a funcionarios de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (SFBPFA), para conseguir la habilitación del depósito, a pesar de sus defectuosas condiciones de seguridad contra incendios.

Asimismo, pidió que sea citado a indagatoria el empleado de la empresa “Segurplus S.A”, Oscar Godoy -quien se desempeñaba como personal de seguridad del depósito, en el momento del siniestro- por “haber contribuido con su obrar imprudente a incrementar el riesgo” del incendio, dado que “conocía perfectamente que cuando la central de alarmas Notifier instalada en el local arrojaba una alerta en algún sector del depósito debía dirigirse de inmediato hacia ese lugar con el objeto de constatar que no hubiera un proceso ígneo en marcha”.

Por otra parte, la fiscal Monteleone solicitó la indagatoria del ingeniero Christian W. Castiñeiras, en su calidad de Director Técnico de la empresa “Climate, Controls & Security S.A.” (ex Kidde Argentina S.A.) quien debía garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones fijas contra incendio dispuestas en el depósito –rociadores, alarmas, etc.- y de los técnicos Luis Fontanello y Martín Arriguez, quienes realizaban los controles periódicos del referido sistema y no asentaron las evidentes irregularidades.

Habilitaciones irregulares varias

La representante de la vindicta pública pidió que también se indague a Matías Nicolás Griffo -inspector de la División Prevención- y Raúl Arbor –Comisario Inspector que se desempeñaba como Jefe del Departamento Seguridad contra Incendio y Riesgos Especiales- de la SFBPFA. Ambos están sospechados de haber incurrido en un acto de corrupción para obviar los pasos pertinentes de la habilitación facilitando que “en un solo día se presentaron los planos, se realizó la verificación in situ, se confeccionó el informe técnico y se emitió el certificado de aprobación” del depósito siniestrado. En la maniobra también habría participado Aldamiz Echeverría, quien gestionó el trámite como apoderado de Iron Mountain.

En lo atinente a la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Monteleone solicitó la citación de los funcionarios de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP), Norberto Ventura Sosa y Edgardo Nardi. El primero porque “se hallaba obligado a verificar que el depósito siniestrado reuniera condiciones aceptables de seguridad, obró un modo sumamente negligente y con una grave impericia en el desarrollo de su actividad (…) en virtud de haber contribuido a la creación de un riesgo de incendio peligroso para terceros”; mientras que el segundo “ocupaba el cargo de Director General de Habilitaciones y Permisos y, consecuentemente, también el de Presidente del Consejo Ejecutivo del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones”, por lo cual “tenía el deber legal de recibir los informes y denuncias que los PVH pudieran efectuar sobre las anomalías detectadas en los locales y remitir lo actuado a las áreas competentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o al Consejo Profesional respectivo, de ser necesario, con el fin de considerar la eventual aplicación de las penalidades pertinentes”.

Las citaciones también alcanzaron a funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGGyC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así, se requirió la indagatoria de Norberto Leandro Hirsfeld, Jorge Barbieri, Félix Raimundo Lugo, Jorge Papanicolau, Ricardo Grunfeld y Alberto Graziani, quienes en distintas oportunidades inspeccionaron las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene del predio siniestrado, sin consignar anomalía alguna.

A pedido de la fiscalía se requirió la indagatoria de Luis Alberto Cogo –Jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas-, Roberto José Chiesa –Director de Industrias y Otros Locales-, Vanesa Ileana Berkowski –Directora General de Fiscalización y Control-, Silvia Miriam Hers –Jefa del Departamento de Programación Operativa, posteriormente renombrado como Subgerencia Operativa de Programación Operativa-.

Por otro lado, Rafael Mario Roldán, Fabián Conrado Davies y Pierre Louis Chapar –encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control, también deberán declarar junto a Gastón Luis Laugle, Patricia Moroni y Jorge Andrés Salazar -responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa-. Estos tres últimos funcionarios “entre sus responsabilidades primarias se encontraban las de desarrollar un control integral de los procesos inspectivos y verificar el cumplimento del Plan Operativo Anual, como así también la de proponer adecuaciones para su correcta implementación”.

La investigación: clientes importantes, fuego, derrumbe y muertes

El 5 de febrero de 2014, alrededor de las 8:00, se disparó la alarma de incendio de dos sectores del depósito de la calle Azara 1245. Los empleados de seguridad, Oscar Godoy, y de limpieza, Noemí Moya, que estaban en el lugar, concurrieron a verificar si había fuego. Moya detecta humo en el depósito 7 y avisa a Godoy, quien alerta al supervisor de la planta, Javier Márquez Flores. Los tres intentan combatir el fuego con los matafuegos del lugar, pero al ver que ello no era posible, se avisa al servicio de emergencias 911, que moviliza a distintas dotaciones de bomberos, móviles de las seccionales N°26 y 30 de la PFA y de la Prefectura Naval Argentina y de Defensa Civil.

Comenzadas las tareas para extinguir el incendio, un grupo de bomberos ingresa al predio por la entrada de la calle Azara, mientras que otro grupo trabajaba sobre el acceso de la calle Melchor Gaspar de Jovellanos. Pasadas las 9 de la mañana, la pared de la calle Jovellanos se desploma encima del comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz, el cabo Maximiliano Martínez, y del agente bombero Juan Matías Monticelli, quienes fallecen en el acto junto a los bomberos voluntarios José Luis Méndez Araujo del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico; Sebastián Campos (del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha), y el rescatista Pedro Báricola de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel Díaz Gauna, Juan Manuel López Gaggiotti y Facundo Ambrosi, quien finalmente murió el 17 de febrero, como consecuencia de múltiples traumatismos.

En el depósito siniestrado, Iron Mountain archivaba documentación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de las empresas DirecTV Argentina, Cargill S.A.C.I., Prudential Seguros S.A., Expeditors Argentina S.A., Televisión Federal Telefé, Galicia Seguros S.A., Galicia Retiro Cía de Seguros S.A., Sudamericana Asesores de Seguros S.A., Swiss Medical S.A., Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes S.R.L., Sandoz S.A., Glaxo Smithkline Argentina S.A., Caja de Valores S.A., Metlife Seguros S.A., Menarini Argentina Laboratorios Farmacéuticos S.A., Akzo Nobel Argentina S.A., Warner Music Argentina S.A., Transcargo Argentina; Seguro de Depósitos; Arauco Argentina S.A. y HSBC Bank Argentina S.A.

Al día siguiente del incendio, y mientras aún intentaban extinguir el fuego, la entonces fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37, Marcela Sánchez, recibió los testimonios de los empleados que se encontraban en el lugar cuando se desató el fuego: Godoy, Moya, Márquez Flores y los operarios Pablo Céledon y Mario Guanco.

A su vez, el 7 de febrero declararon los bomberos voluntarios Martín Coppola y Martín Scorza, del Cuartel de La Boca, y Marcos Daniel Herrera del Cuartel de Vuelta de Rocha. Los testigos del derrumbe fueron contestes en que la pared que se desplomó no presentaba grietas o fisuras que permitieran evidenciar el fatídico desenlace.

Asimismo, la fiscalía pidió a la División de Apoyo Tecnológico de la PFA y a la Policía Científica de la Gendarmería Nacional, el análisis de las filmaciones obtenidas de distintas cámaras de seguridad de la zona, cuyo análisis comenzó el 10 de febrero y se extendió casi un mes, sin que de las imágenes surgiera algún elemento de interés para la investigación.

En los días sucesivos continuaron recabando testimonios, y comenzaron a analizar la central de alarmas del depósito, como así también las transcripciones del registro de trunking (intercomunicaciones) entre el Servicio de emergencias 911, Bomberos y PFA. También se presentaron las primeras querellas que representan a los familiares de las víctimas, las cuales desistirán de la acción penal, con el correr de la investigación, tras alcanzar un acuerdo civil con la empresa Iron Mountain.

El 28 de abril de 2014, personal de la Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desmantelar los escombros del depósito. Las labores se extendieron por varios meses, dado que se realizó “por capas”, mientras se enviaba a peritar el material colectado.

En febrero de 2015, los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron sus informes periciales, en los que se concluía que el incendio podría haber sido intencional. Sin embargo, restaba el estudio de los facultativos de la Universidad Tecnologica Nacional (UTN), que fue entregado a mediados del año pasado y que contradecía la hipótesis de los otros informes, respecto a un incendio intencional.

En base al informe de la UTN, se realizó una inspección ocular en las ruinas del predio, en agosto del año pasado. Ahora, el juez Ormaechea deberá decidir si hace lugar al pedido de indagatoria postulado por la fiscal Monteleone o si profundiza la investigación del siniestro que le costó la vida a diez personas.