La Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata requirió ayer la elevación a juicio de 24 militares, policías y civiles por su participación en el funcionamiento del centro clandestino de detención que tuvo su sede en la Brigada de Investigaciones de San Justo, partido de La Matanza, en el que se privó ilegalmente de la libertad y torturó a 81 víctimas entre marzo de 1976 y septiembre de 1978, de acuerdo con la acusación de los representantes del Ministerio Público.

Los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira formularon una detallada presentación de 307 carillas ante el juez subrogante Alberto Osvaldo Recondo, quien ahora deberá dar traslado a la defensa y luego disponer la elevación a juicio de la causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata.

La acusación alcanza a cinco jerarcas militares del Cuerpo I del Ejército; al entonces ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart y, por primera vez, a su secretario de Gobierno, Juan María Torino; a siete militares del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército; a cuatro jefes y subjefes de la Brigada; a cinco guardias de la dependencia, y al ex director de Investigaciones policial, Miguel Etchecolatz.

"Formularemos acusación por crimen de genocidio y delitos de lesa humanidad, en forma concurrente o acumulativa", indicaron los fiscales en su presentación, aunque precisaron que, para "el caso de que no se haga lugar a este planteo" postularán "acusación alternativa por crímenes contra la humanidad". Esta modalidad de acusación -en la que se encuentran subsumidas las conductas previstas en el derecho penal interno- está en línea con las últimas intervenciones de esa y otras fiscalías del país en los juicios orales y públicos, y encuentra fundamento en sentencias de tribunales nacionales y, a nivel global, en pronunciamientos de los Tribunales Penales Internacionales de Ruanda y la Ex Yugoslavia.

La Brigada de Investigaciones de San Justo, sede del centro clandestino de detención, funcionó contigua a la Comisaría 1ª de La Matanza. El lugar utilizado para confinar a perseguidos políticos fueron los calabozos de la planta baja y tres habitaciones de la planta alta del edificio, situado en la calle Salta 2450.

La Fiscalía reseñó en su requerimiento que una "característica del CCD es que los guardias/torturadores tenían apodos, algunos de animales como Víbora, Tiburón, Araña, King Kong, Foca, Lagarto".

"Víbora" y "Tiburón" fueron individualizados durante la pesquisa. El primero es Rubén Alfredo Boan, según la identificación de los sobrevivientes, y el segundo fue José Antonio Raffo, ex jefe de la Brigada, fallecido, quienes -de acuerdo a los testimonios- actuaban en conjunto en secuestros y torturas. También fue identificado por su apodo otro guardia que se hacía conocer como "Rubio" o "Buggy": se trata del acusado Ricardo Juan García.

Al igual que sucedió con "Tiburón" Raffo, otro policía identificado que no llegará a juicio porque falleció es el subcomisario Rubén Luis Lavallén, condenado por la apropiación de la nieta recuperada Paula Logares, cuyos padres desaparecidos, Claudio Logares y Mónica Grispón, fueron secuestrados en Montevideo, Uruguay, y trasladados en el marco de la Operación Cóndor a la Brigada de San Justo.

Tras su paso por la policía y en plena dictadura, Lavallén fue contratado como jefe de seguridad de la planta de la automotriz Mercedes Benz en González Catán. Antes de su llegada a la empresa, por el centro clandestino de San Justo había pasado al menos uno de los integrantes de la comisión interna de la multinacional alemana, Juan José Martín, sobreviviente.

Los acusados y su participación

Los jerarcas militares que van a juicio son el ex segundo Comandante del Cuerpo I del Ejército Jorge Olivera Róvere; el segundo comandante de la Brigada de Infantería Mecanizada X y subjefe de la subzona militar 11 Héctor Gamen; los jefe y segundo jefe del Grupo de Artillería Mecanizada 1 de Ciudadela y jefe del área 114 Hugo Ildebrando Pascarelli y Rodolfo Enrique Godoy, respecticamente, y el ex subjefe de la Policía bonaerense y ex coronel Rodolfo Aníbal Campos. Todos ellos, junto a Etchecolatz, están imputados como coautores mediatos de los delitos cometidos contra las víctimas del CCD.

Los integrantes del Destacamento 101 de Inteligencia acusados por la Fiscalía son los entonces capitanes Emilio Alberto Herrero Anzorena, Miguel Ángel Amigo, Ricardo Armando Fernández, Jorge Héctor Di Pasquale y Anselmo Pedro Palavezzatti; el ex teniente primero Roberto Armando Balmaceda; y el ex jefe de la Sección Reunión Interior de esa dependencia de espionaje castrense, Carlos María Romero Pavón, todos ellos imputados en carácter de coautores por dominio funcional.

Los representantes del Ministerio Público también endilgaron el mismo grado de participación el ex jefe de de la Brigada, Alejandro Alberto Menichini; a los ex segundos jefes -en distintos períodos- Leopoldo Luis Baume y Juan Carlos Ojeda y Roberto Armando Félix, y a los guardias Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, Héctor Horacio Carrera y Ricardo Juan García, y al médico policial Jorge Héctor Vidal. Los guardias y el médico fueron reconocidos directamente por los sobrevivientes.

Los civiles del gobierno bonaerense, Smart y Torino, fueron considerados como partícipe primario y secundario, respectivamente.