La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal María Ángeles Ramos, encabezó hoy una nueva edición de la Mesa de Discusión Institucional y Social, una instancia plural que desde 2014 diagnostica los problemas del proceso de verdad y justicia y establece líneas de acción para enfrentarlos. La jornada se realizó de manera virtual y, como es habitual, contó con la participación de integrantes del Ministerio Público Fiscal, organizaciones civiles, agencias del Estado, organismos de derechos humanos y querellantes en causas de lesa humanidad de todo el país. 

Las y los distintos participantes intercambiaron opiniones sobre las problemáticas relativas en torno al juzgamiento  en las distintas etapas del proceso judicial, en particular en el marco de las medidas del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación. En ese sentido, se repasó el pedido que formulara días atrás la PCCH ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se reanuden los debates por los crímenes perpetrados durante la última dictadura militar, y el pronunciamiento mediante un proveído del Máximo Tribunal penal en el que recomendó que se reemprenda una parte de los juicios que habían sido suspendidos. En ese sentido, los asistentes ofrecieron su mirada en torno a las singularidades locales en las jurisdicciones federales en las que se encuentran, según las medidas sanitarias dispuestas para prevenir los efectos de la pandemia.

Entre diversos temas, un intercambio profundizó en una propuesta para la utilización de herramientas virtuales en la instrumentación de declaraciones testimoniales en los juicios orales y la posibilidad de autentificarlos a través de una cédula de identidad y la presencia de un funcionario público. 

Además, se realizó un repaso de las distintas causas que ya fueron retomadas -como Subzona 15 y Cueva III en Mar del Plata y FECED III en Rosario, donde hubo condenas en los últimos días-, las que se encuentran próximas a hacerlo -CNU II, también en Mar del Plata, San Martín y Mendoza- y los pedidos realizados ante diversos tribunales orales para que así se disponga.

Por otra parte, se destacó también la necesidad de que se dé cumplimiento a la ley de víctimas, para que sean escuchadas y/o notificadas en los casos en los que se analicen arrestos domiciliarios. Asimismo, se hizo hincapié en la importancia de la activación de la Comisión Interpoderes para elaborar protocolos de trabajo en la gestión de juicios complejos, como lo son las investigaciones y los juicios por crímenes de lesa humanidad.