01 de octubre de 2022
01 de octubre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Busca impactar económicamente en la organización criminal
El fiscal insistió con los embargos a los procesados en el caso Poseidón
Tras el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que confirmó los procesamientos de los cuatro imputados y redujo los montos de los embargos, el fiscal reiteró al juez de primera instancia el pedido para que concrete la medida cautelar sobre los bienes de los imputados por 600 mil pesos.

El fiscal Federal de Rawson, Fernando Gelvez, pidió este miércoles al juez Federal de esa ciudad, Hugo Sastre, que obligue a integrar los montos de 150 mil pesos a cada uno de los cuatro procesados en la causa en la que se investiga la tentativa de contrabando de cocaína a Europa a través de un cargamento de langostinos desde la empresa Poseidón.

La presentación del representante del Ministerio Público, que ya había insistido con la medida meses atrás, se da luego de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmara los procesamientos y redujera el monto de los embargos de 1,7 millones a 600 mil pesos en total.

"Teniendo en consideración lo decidido por la Cámara de Comodoro Rivadavia, se peticiona concretamente que intime a los procesados a integrar los montos de los embargos dispuestos oportunamente", dictaminó el fiscal Gelvez, y postuló que en caso de que alguno de los imputados "incumpliera tal mandamiento, se debe disponer la inhibición general de sus bienes".

El pedido alcanza al brooker pesquero Nicolás Seoane; al ex gerente de Mar Pesca Azul, Juan Eduardo Burgos; al gerente General de Poseidón, Salvador Alejandro Pennisi, y al accionista mayoritario de esa firma, Héctor Omar Segundo. Los cuatro están acusados de ser los responsables del cargamento de 110 kilos de cocaína hallada en 71 de 366 cajas de langostinos de la empresa Poseidón destinadas a España.

El juez Sastre había dispuesto en primera instancia el embargo de Burgos en 200 mil pesos y de los demás en 500 mil cada uno, aunque no ordenó efectivizarlos porque consideró que su resolución no estaba firme por el recurso de apelación de las defensas. La Cámara Federal recientemente redujo esos montos a 150 mil pesos por cada imputado.

El pedido de Gelvez se da en el marco de una política criminal central de la Procuración General de la Nación impulsada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) con el objeto de impactar económicamente sobre las organizaciones delictivas.