05 de diciembre de 2022
05 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Una política central de la Procuración General de la Nación
Poseidón: piden efectivizar el embargo a los cuatro procesados por comercio de cocaína
La medida fue solicitada por el titular de la Procunar y el fiscal federal de Rawson en la causa donde se investiga el comercio de cocaína a España en una carga de langostinos. En total, suman 1,7 millones de pesos pero habían sido dejado en suspenso a raíz de los recursos de apelación. Sospechan que uno de los empresarios intentaría vender parte de las acciones de la empresa.

El titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Félix Crous, y el fiscal Federal de Rawson, Fernando Gelvez, requirieron al juez Federal de esa ciudad, Hugo Sastre, que intime a los cuatro procesados por comercio, transporte y almacenamiento de cocaína en la denominada causa Poseidón "a integrar los montos de embargo que les fueran impuestos en el auto de procesamiento", que en total suman 1,7 millones de pesos.

Se trata del caso en el que trabajadores de la empresa pesquera Poseidón de la ciudad chubutense de Puerto Madryn detectaron el 10 de junio del año pasado 110 kilos de cocaína empaquetada en una carga de langonstinos que debían exportarse a España.

"Resulta fundamental afrontar la problemática de la narcocriminalidad desde, justamente, uno de sus núcleos principales: la cuestión patrimonial. Para ello, deviene imprescindible que se efectivicen las medidas de índole precautoria que permitan un concreto aseguramiento de los activos utilizados en actividades relacionadas a la comercialización de estupefacientes u obtenidos como resultado de aquellas", indicaron Crous y Gelvez en su presentación.

Durante la investigación, se determinó que en la comercialización y el transporte de la sustancia había participado la empresa Mar Pesca Azul Argentina S.R.L., con domicilio en Mar del Plata, y que la había despachado por vía terrestre hacia Puerto Madryn.

"Una vez que la carga llegó a destino, la empresa Poseidón S.A. se habría ocupado de preparar el estupefaciente para destinarlo a la empresa Royal Peche S.L., adquirente de esa mercancía y asentada en el Reino de España", informó la Procunar a Fiscales.

El juez Sastre procesó el 11 de noviembre pasado al brooker pesquero Nicolás Seoane; a un trabajador desocupado llamado Juan Eduardo Burgos; al gerente General de Poseidón, Salvador Alejandro Pennisi, y al accionista mayoritario de esa firma, Héctor Omar Segundo. Sastre trabó un embargo de 200 mil pesos a Burgos y a los otros tres empresarios de 500 mil pesos a cada uno, y les otorgó la excarcelación.

Pero ninguno de ellos fue convocado para cumplir con los embargos. La Procunar y el fiscal Gelvez fundaron su pedido presentado el viernes 14 en que "el intrincado escenario sobre el cual se desarrollan las actividades criminales relacionadas al narcotráfico a gran escala impone al Estado, como actor preponderante en la tarea de contener y detener su crecimiento, el deber de hacer uso de todas las herramientas que la ley pone a su alcance en pos de brindar a la sociedad una eficiente administración de sus recursos y un mejor servicio de justicia".

La falta de intimación desde noviembre hasta hoy encuentra su causa en que los cuatro imputados apelaron el auto de procesamiento y el juez Sastre les concedió el recurso con efecto suspensivo, es decir, sin llevar a cabo la medida hasta tanto sea confirmada por las instancias judiciales superiores. Pero en su presentación, Crous y Gelvez recordaron al magistrado instructor que el recurso de apelación en los casos de embargo tiene "efecto devolutivo", es decir, "no se suspende su inmediata ejecución".

La medida fue propuesta en el contexto de rumores sobre la posible venta por parte del imputado Segundo de parte de sus acciones en Poseidón. "En este contexto es factible presumir que la venta de ese paquete accionario forme parte de una serie de medidas destinadas a insolventarse patrimonialmente, y a frustrar la finalidad del embargo que le fuera impuesto", indicó la Procunar a Fiscales.

En la misma línea, a propuesta de la Procunar el fiscal Gelvez solicitó al juez la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), "para establecer la situación patrimonial de los acusados y el correlato de sus patrimonios con sus declaraciones juradas".

Desde que la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, puso en funciones a la Procunar hace más de un año, una de las principales preocupaciones del fiscal Crous ha sido asegurar el decomiso de los bienes utilizados en las empresas criminales para impactar económicamente en ese tipo de organizaciones y para que sean recuperados por el Estado en la investigación de esos delitos complejos.

La cuestión se encuadra en los lineamientos principales de la política criminal de la Procuración General de la Nación. La semana pasada, Gils Carbó dictó las resoluciones PGN 339/14 y 441/14, por las que dispuso crear la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero y la Unidad de Recupero de Activos, dos dependencias destinadas a profundizar la labor de los fiscales federales en ese sentido.