La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) presentó el Informe de Gestión de 2022, en el cual da cuenta de su trabajo en diversos procesos, tanto en investigaciones preliminares como en colaboraciones con las fiscalías y con unidades especializadas del Ministerio Público Fiscal. Allí también se expone el desempeño de las áreas operativas de Investigaciones y Litigación Estratégica (incluyendo las dos oficinas regionales); de Análisis de Información y Planificación Operativa; y de Relaciones con la comunidad e interinstitucionales.
En el informe se destacan los datos generales sobre las investigaciones penales de narcocriminalidad en las que toma intervención la PROCUNAR y se describen sus formas específicas de colaboración e investigación. El documento describe también el trabajo conjunto de esta procuraduría en distintas causas con otras unidades especializadas del MPF.
De acuerdo con el informe, la PROCUNAR inició 243 nuevas intervenciones, entre colaboraciones, investigaciones preliminares, causas delegadas e investigaciones autónomas. De esta manera, prestó colaboración a más de 100 fiscalías con competencia en estos delitos en todo el país.
Asimismo refiere que en Salta y Jujuy, donde rige plenamente el CPPF, se iniciaron 78 investigaciones autónomas en los términos de los artículos 19 inciso h y 24 inciso a de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el objeto de investigar organizaciones que distribuyen o ingresan estupefacientes al noroeste del país con el fin de transportarlos a grandes centros urbanos o exportarlos a otros países. Se trata de los casos asignados a la Regional NOA por el fiscal coordinador de distrito para investigar y litigar directamente en procesos debido a su complejidad, extensión territorial, diversidad de fenómenos involucrados, conexión con otros casos y demás cuestiones que lo hagan aconsejable para una mayor eficacia de la persecución penal.
Intervención en casos
En el trabajo se describen los casos de mayor relevancia en los que la PROCUNAR, a partir de la colaboración requerida por los y las fiscales, ha intervenido con un abordaje estratégico conforme las líneas de investigación planteadas por esta dependencia: enfoque interjurisdiccional de la persecución penal; ascenso en la cadena de responsabilidad; persecución del tráfico ilícito de precursores químicos y nuevas sustancias psicotrópicas (NSP); y la investigación patrimonial y corrupción pública, que han servido a mejorar la persecución penal.
Entre los casos reseñados se describen las participaciones de la PROCUNAR en las instancias de juicio oral en casos de trascendencia que fueron iniciados años anteriores, con complejos debates y el arribo a condenas en muchos de esos casos.
A su vez, se incluyen aquellas intervenciones en causas vinculadas a organizaciones criminales que operan en Rosario. Entre ellas se destacan el “Caso Pelozo”, donde se identificó una organización criminal de alcance transnacional dedicada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes desde Bolivia y Paraguay hacia la Argentina, con conexiones en Salta, Córdoba, Rosario y Buenos Aires; el “Juicio Alvarado”, en el que se condenó a Esteban Lindor Alvarado a 15 años de prisión tras un trabajo de coordinación llevado adelante por la Regional NEA con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que venía investigando a esta organización, ya que a partir de allí fue posible comprender su actividad y funcionamiento; y el caso “Villa Banana-Rosario”, donde se apuntó a investigar el aspecto patrimonial de las maniobras de tráfico de drogas y de esta forma se logró identificar a los actores que intervenían en el financiamiento y el lavado de activos.
El informe reseña los nexos propiciados por la PROCUNAR entre fiscales y organismos especializados. Desta la articulación con otros ministerios públicos a través de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (RFAI), que es coordinada por la procuraduría junto a la Fiscalía Especial Antidrogas de España.
Narcocriminalidad en establecimientos penitenciarios
A partir de la intervención de la PROCUNAR en varias investigaciones, gran parte de ellas vinculadas a organizaciones narcocriminales que operan en la ciudad de Rosario, se advirtió el despliegue de maniobras de narcocriminalidad desde establecimientos penitenciarios. Ante esto, en 2021 se realizó un diagnóstico preliminar con el objetivo de exponer las dificultades que este problema representa para la persecución penal desde la óptica de esta procuraduría.
En cada caso se han solicitado medidas de seguridad adicionales y específicas, conforme la relevancia institucional de los casos dado que involucran a internos con alto perfil, con el objetivo de evitar la sucesión de nuevas maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes que sigan afectando el cuerpo social, como también que se continúen consolidando lazos delictivos que podrían permitir el avance de aquellas organizaciones en el territorio argentino y pondrían en vilo la seguridad interior del país.
Cooperación interagencial
El informe reseña también los nexos propiciados por la PROCUNAR entre fiscales y organismos especializados. Destaca al respecto la articulación con otros ministerios públicos a través de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (RFAI), que es coordinada por la procuraduría junto a la Fiscalía Especial Antidrogas de España.
La RFAI es una plataforma utilizada para los y las fiscales que llevan adelante investigaciones con conexiones en otros países iberoamericanos. A través de la PROCUNAR intercambian información de manera ágil y coordinan rápidamente entregas vigiladas, contando con puntos de contacto establecidos en los 19 países que la conforman. De tal forma se potenció el abordaje interjurisdiccional de varios casos de todo el país, entre los que se destacan “Operación Atlantis”, “Avionetas Uruguay” y “Pelozo”.
Durante 2022, la RFAI trabajó en una actualización de las Guías para la investigación del narcotráfico que fueron elaboradas en 2013. Con una perspectiva práctica y la colaboración de la Red de Cooperación Penal Internacional de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (REDCOOP) y el apoyo del Programa CRIMJUST de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), elaboró un nuevo documento que reúne recomendaciones para que los fiscales aborden los casos transnacionales de tráfico ilícito de drogas.
Ante la próxima implementación del sistema acusatorio en Mendoza y Rosario, el informe refiere que se espera para el presente año continuar con el trabajo de los distintos proyectos de la UNODC para la elaboración de documentos que faciliten el trabajo de las fiscalías de todo el país.
Por otro lado, el documento marca como prioritario el trabajo en conjunto con los ministerios públicos provinciales como forma de abordar eficazmente la persecución penal de las organizaciones criminales, que cometen delitos tanto de competencia federal como provincial, y diseñar estrategias para su desbaratamiento. Para ello se han coordinado mesas de intercambio de información en las ciudades de La Plata, Santa Fe, Salta y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo de las mesas de trabajo -previstas en la ley 27.502- es intercambiar criterios de política criminal en torno a las pesquisas y compartir toda la información relacionada con las causas e investigaciones en curso.
La coordinación no solo se desarrolla en las jurisdicciones que han adherido a la ley 26.052, de desfederalización de la persecución del narcotráfico, sino también en otras provincias donde el intercambio de información deviene necesario para abordar eficazmente la persecución de organizaciones narcocriminales involucradas también en delitos de competencia provincial, como ocurre en la provincia de Santa Fe.
Implementación de estrategias de intervención específicas
Ante la próxima implementación del sistema acusatorio en las jurisdicciones de Mendoza y Rosario, el informe refiere que se espera para el presente año continuar con el trabajo de los distintos proyectos de la UNODC para la elaboración de documentos que faciliten el trabajo de las fiscalías de todo el país, incentivando de esta manera las buenas prácticas en la investigación en materia de narcocriminalidad.
Del mismo modo, la procuraduría proyecta brindar especial asistencia a las unidades fiscales que comenzarán la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) para superar los desafíos que plantea y teniendo en cuenta la facultad de las procuradurías de desarrollar investigaciones autónomas en los casos asignados por los y las fiscales coordinadores de distrito.
Narcocriminalidad y perspectiva de género
El año pasado la PROCUNAR publicó el informe temático “Narcocriminalidad y perspectiva de género”. Este documento temático constituye un recurso de suma relevancia para comprender y atender los problemas que se presentan cuando las mujeres cis, mujeres trans y travestis se encuentran involucradas en el tráfico ilícito de drogas. El informe indica que la PROCUNAR proyecta continuar las instancias de capacitación en la materia para operadores judiciales, especialmente en las unidades fiscales en las que se implementará el CPPF.
Sistematización y análisis de información estadística
Como todos los años, tras su lanzamiento en 2018, la PROCUNAR mantuvo actualizada la base de causas de la Plataforma Interactiva de Información Estadística (PES), que ofrece información descriptiva de las causas iniciadas por estupefacientes desde 2011 hasta 2021 en el fuero federal, tomando como base los datos registrados al momento de su ingreso al Ministerio Público Fiscal. Durante 2022 se agregaron nuevas variables, entre las que se destacan la tasa de litigiosidad (causas iniciadas por estupefacientes cada 100 mil habitantes) y el gráfico comparativo entre el total de causas iniciadas y la tasa de litigiosidad.
En el marco de las actividades organizadas por la PROCUNAR se capacitaron más de 1000 personas, entre operadores judiciales y agentes de las fuerzas de seguridad, tanto en actividades organizadas por la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF como las organizadas por la procuraduría con otros organismos.
Gestión de calidad
Durante 2022 se llevó adelante la segunda auditoría externa de seguimiento por IRAM, cuyo objetivo consistió en realizar el seguimiento del sistema de gestión en base al cumplimiento de los requisitos de la norma. Como resultado, IRAM verificó que la PROCUNAR continúa con el cumplimiento de los requisitos de la norma y aseguró estar en condiciones de mantener vigente, por segundo año consecutivo, el certificado obtenido en el 2020 por un año más. Para este año, la procuraduría planea aprobar el proceso de re-certificación de las normas ISO 9001:2015 en las investigaciones preliminares y extender la aplicación de las pautas de gestión de calidad hacia otros procesos de trabajo.
Capacitaciones
En el marco de las actividades organizadas por la PROCUNAR se capacitaron más de 1000 personas, entre operadores judiciales y agentes de las fuerzas de seguridad, tanto en actividades organizadas por la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF como las organizadas por la procuraduría con otros organismos.
Una importante cantidad de actividades se organizó en conjunto con otras instituciones, especialmente con la UNODC, y estuvieron destinadas a fortalecer la formación de operadores judiciales en casos de narcocriminalidad frente a los desafíos que presentará la implementación del sistema acusatorio. Estos cursos continuarán durante 2023 con la intervención de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio (UNISA), especialmente orientados a las jurisdicciones de Mendoza y Rosario, donde está prevista la entrada en vigencia plena del CPPF.
Objetivos 2023
Teniendo en cuenta lo realizado en el 2022, la PROCUNAR ha establecido varios objetivos para 2023, entre los que se destacan algunos ya mencionados y estos: