01 de junio de 2020
01 de junio de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La droga se enviaba en contenedores con carbón vegetal
Las Procuradurías de Narcocriminalidad y Lavado intervienen en la causa "Carbón blanco"
Procunar y Procelac participan en apoyo del fiscal Carlos Sansserri de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, quien investiga el contrabando de mil kilos de cocaína a Europa. Se trata de una de las causas más grandes que tramita en el país por narcotráfico y crece la hipótesis de que la misma banda también lavaba dinero.

Ambas Procuradurías intervendrán de manera conjunta, en la causa que investiga el contrabando de cocaína a Portugal y España disimulada en contenedores cargados de carbón vegetal, que tiene a seis detenidos en Argentina y a cuatro en Europa, con pedido de extradición.

La intervención en este expediente de las dos procuradurías creadas por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, se da a pedido del fiscal Sansserri. La causa, conocida públicamente como "Carbón Blanco", es una de las investigaciones más importantes sobre narcotráfico que tramita ante el Poder Judicial de la Nación y cuenta con casi cincuenta cuerpos que "contienen una muy compleja investigación e instrucción, con numerosas medidas probatorias que traslucen la entidad y trascendencia nacional e internacional de los delitos en tratamiento, que involucran un lote de cocaína cercano a la tonelada", señaló Sansserri en un oficio remitido al titular de la Procunar, Félix Crous.

En la causa se está investigando el delito de contrabando de estupefacientes, en el marco de una asociación ilícita, a través de la empresa Carbón Vegetal del Litoral SRL, a la sazón una fachada para llevar a cabo la actividad ilegal.

El fiscal Sansserri evalúa también el impulso de la investigación por el blanqueo de activos provenientes de aquella actividad ilegal, dados los elementos probatorios que han sido incorporados a la causa en poco más de un año de instrucción. En efecto, el titular de la Procelac, Carlos Gonella, adelantó a Fiscales que seguirá junto a Sansserri "líneas de investigación patrimonial para el análisis de una posible ampliación del objeto procesal de la causa".

La jueza federal de Presidencia Róque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, dictó el procesamiento con prisión preventiva de cinco integrantes de la organización, entre ellos de quien -por los elementos recogidos- sería el jefe, el abogado porteño Carlos Alberto Salvatore. En la misma condición -confirmada además por la Cámara Federal de Resistencia- se encuentran el agente comercial de la firma, Juan Carlos Pérez Parga, el encargado de planta, Rubén Félix Esquivel y Héctor Ángel Roberto, quien no figuraba en la empresa pero habría contribuido a la concreción de las operaciones. El también detenido gerente de la empresa, Juan Carlos Rodríguez, falleció en la cárcel de un infarto pocos días después de haber sido detenido y antes de que la jueza llegara a resolver su situación procesal.

En tanto, en Europa fueron detenidos siete argentinos, todos oriundos de las ciudades de Rosario y Arroyo Seco. Dos de ellos, Patricio Daniel Gorosito y Leonel Darío Zanello, fueron extraditados recientemente; el primero fue procesado, mientras que a Zanello la jueza Niremperger le dictó la falta de mérito.

"Surgen elementos probatorios suficientes para sospechar que la empresa Carbón Vegetal, de la mano de su socio gerente Juan Carlos Rodríguez y quien resultó ser su agente comercial -Juan Carlos Pérez Parga-, juntamente con el encargado de dicha planta Rubén Félix Esquivel, se encargaban de efectuar el circuito necesario para posibilitar que la cocaína llegue a Europa donde era recepcionada y distribuida por los allí detenidos y también imputados en esta causa, cuya relación surge cada vez más nítida de las diligencias efectuadas y las acreditaciones glosadas en autos", indicó la jueza en los procesamientos.

La jueza tiene establecido que, en la división de tareas, Jorge Rodríguez y Juan Carlos Pérez Parga "habrían sido quienes dentro de la organización se ocupaban de enviar la cocaína dentro de las bolsas de Carbón Vegetal" y que Gorosito y otro integrante de la organización con pedido de extradición eran los encargados de recibir la mercadería y de colocarla en Europa.

En este esquema, el personaje prominente de la empresa ilícita es Salvatore, quien intervenía "en el asesoramiento sobre las condiciones, modalidades y requerimientos a tener en cuenta antes, durante y luego de la carga respectiva como así a las distintas actividades vinculadas a esta tarea, provisión de documentación falsa (pasaportes, licencias de conducir, etc.) a los demás miembros de la organización, dirección, manejo de dinero y utilización del producido por la actividad ilícita de exportación de cocaína al mercado Europeo", describió la jueza en su procesamiento.

Antes de ser detenido el 11 de diciembre pasado, Salvatore venía siendo escuchado por la jueza en sus conversaciones telefónicas, sin imaginar que la investigación estaba encauzada tras sus pasos, aunque se lo notaba inquieto: "No hay nadie siguiendo, no hay nadie escuchando. Dejá que se levante el secreto de sumario y arreglá con quien tengas que arreglar, que corresponda arreglar y que sea realmente la persona indicada, que cambien la carátula", le dijo a su esposa once días antes de su detención.

"Podemos conseguir que alguien empiece a inclinar los informes que hay adentro, ellos no pueden, me estoy refiriendo a la jueza. Salvo una orden precisa de un manda más que le diga dejate de romper las pelotas y esto termina de una vez por todas, que lo vamos a conseguir", se envalentonó en la misma conversación. También aseguró: "En febrero con algún informe y un juez que interviene por sobre ella acomodamos la situación".

La transcripción de las escuchas telefónicas fue plasmada por la jueza Nieremperger en el procesamiento de Salvatore. Las comunicaciones también daban cuenta de que el hoy procesado estaba preparando su salida del país.

El contrabando

La causa se inició el 13 de marzo de 2012 por la denuncia de la Dirección General de Aduanas (DGA), que informó que cinco días antes las policías de España y Portugal habían secuestrado en dos procedimientos aproximadamente 400 kilos de cocaína, que habían llegado hasta Europa ocultos dentro en cargas de exportación de carbón vegetal envasadas en la ciudad de Quitilipi, provincia del Chaco. La mercadería debía arribar finalmente a España, previo paso por el puerto portugués de Lisboa. En la denuncia, la DGA anunciaba que en el procedimiento habían sido detenidos siete argentinos en total, cinco en Portugal y dos en España.

La empresa responsable de la exportación era Carbón Vegetal del Litoral SRL. La jueza de Roque Sáenz Peña constató el mismo día de la denuncia que otros dos contenedores habían sido despachados, con más de 20 toneladas cada uno.

Un cargamento aguardaba en el puerto de Buenos Aires, con destino a Lisboa, mientras que el otro ya había sido despachado. La jueza ordenó a la Aduana y al Departamento de Narcotráfico la prohibición de despachar el cargamento que todavía estaba en el puerto nacional y su requisa.

El contenedor a simple vista estaba lleno de carbón vegetal envuelto en bolsas plásticas color blanco. La droga fue hallada por un perro adiestrado en la detección de estupefacientes.

En el cargamento había 1050 bolsas, que fueron abiertas. 77 presentaban anomalías: Setenta estaban llenas de cocaína y otras siete tenían ladrillos de construcción. La cocaína pesaba, en total, casi 520 kilos. "Los pernos del contenedor objeto de revisión, en el cual se hallara estupefaciente, en principio no presentaban adulteración alguna, lo que resultó indicio suficiente para suponer que la carga se habría realizado en Quitilipi", indicó la jueza al resolver la situación procesal de los imputados.

El otro contenedor fue abierto en Lisboa el 11 de abril y allí fueron encontrados casi 158 kilos de cocaína.

Con esas constataciones, Nieremperger ordenó la detención y recibió declaración indagatoria a todos aquellos que intervinieron en los cargamentos: el personal aduanero que tuvo la tarea de verificación y control en la planta exportadora y el despachante de aduana, quienes debían supervisar y escanear la mercadería en el puerto, así como de los dueños y encargados de la empresa. Fueron detenidas 20 personas en total, la mayoría de las cuales fue liberada al poco tiempo por falta de mérito, dado que la magistrada consideró que no existían elementos para procesarlos y que, en principio, habían sido ajenos a la maniobra.