La semana pasada se inició la etapa de declaraciones testimoniales en el juicio que se lleva adelante contra la organización narcocriminal que operaba en la Villa 1-11-14 y por la que se encuentran en juicio  Marco Antonio “Marcos” Estrada Gonzáles, su esposa Silvana Salazar y su suegra Enriquez Alarcón, acusados como organizadores, y otras cuarenta personas por integrar la banda a través de la distribución de drogas y el manejo de armas de fuego. El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 3 e interviene el titular de la Fiscalía General N°6 Diego Velasco, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias.

En la primera jornada declaró uno de los policías que intervino en el inicio de la investigación, cuando integraba la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina. Se trata del primero de los cien testigos ofrecidos para el debate, que comenzó en junio de este año.

En su declaración relató la tarea de investigación que desarrolló entre 2009 y 2016, el modo en que la organización dominaba el territorio y cómo funcionaba la venta de drogas en la vía pública con un complejo sistema de vigilancia. “Vendían en la vía pública y lo hacían con total impunidad. Vendían pasta base, cocaína y marihuana”, afirmó el testigo ante los jueces Javier Feliciano Ríos, Fernando Machado Pelloni y Andrés F. Basso. Con la proyección del mapa de la Villa 1-11-14 en la sala AMIA de los tribunales federales de Retiro, el declarante hizo una minuciosa descripción de cómo estaba organizada la banda. Durante su exposición recordó que la asociación delictiva contaba con cuatro puntos fijos de venta que se mantuvieron a lo largo del tiempo. En esos lugares, los imputados utilizaban “riñoneras o morrales”  para guardar la droga y luego venderla, y agregó que “cualquier persona que pasaba por ahí veía la comercialización y las personas armadas”. Asimismo, detalló que había integrantes con roles definidos dentro de la organización, entre ellos vendedores, satélites, custodios, acopiadores encargados de puntos de venta y finalmente los líderes de la banda.

También mencionó el “modus operandi” para la venta de drogas: explicó que los imputados trabajaban abiertamente y “estaban con armas en la calle”, lo que les garantizaba un dominio del territorio, controlando los accesos y alertando sobre la presencia de las fuerzas de seguridad. Relató un sistema de alertas en distintos "anillos", alarmas a través de pulsadores y presencia de personas encargadas de custodiar la actividad de los vendedores armados. También explicó las complejidades de la investigación y el temor que generaba en los vecinos todo este sistema, razón por lo cual no se animaban a declarar ante la justicia.

El primer testigo describió cómo estaba organizada la banda y recordó que contaba con cuatro puntos fijos de venta que se mantuvieron a lo largo del tiempo

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes, donde se espera la declaración de otro de los investigadores de la Policía Federal.

Tres condenas, pero con dirección de la banda

“Marcos” fue condenado en tres ocasiones y quedó detenido; sin embargo, continuó con la dirección de sus actividades. Al término de la etapa de instrucción de la causa, el fiscal federal Juan Pedro Zoni junto al titular de la Procunar Diego Iglesias explicaron que la organización contaba con un sistema piramidal, en cuya cúspide se encuentran personas directamente dedicadas a organizar y financiar la actividad ilícita, pero sin tener contacto directo con el material de carácter ilícito. Los estupefacientes quedarían a cargo de otros integrantes, con funciones específicas para lograr constantemente la disposición de droga y armamento para desarrollar el emprendimiento criminal de la forma requerida por los líderes. De acuerdo a la pesquisa, también existía un segundo escalafón dedicado a tareas de control, la supervisión de la venta al menudeo y la recolección del dinero producto de la comercialización de los estupefacientes.