21 de febrero de 2020
21 de febrero de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento de la Fiscalía en lo Penal Económico N°1 y la PROCUNAR
Solicitaron la elevación a juicio de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España
El pedido alcanza a once integrantes del "Clan Loza", cuya existencia y funcionamiento habría tenido como objeto el tráfico de estupefacientes, el contrabando de divisas desde Europa hacia el país y el manejo de los fondos producidos para mantener vigente toda la estructura delictiva. La investigación se llevó adelante a través del trabajo articulado y coordinado con autoridades policiales y judiciales de Italia y España.

El titular de la Fiscalía N°1 en lo Penal Económico, Pablo Turano, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias solicitaron la elevación a juicio de los integrantes de una banda dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, y que operaba en Argentina y España.

La causa se inició en noviembre de 2017 cuando dos personas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza porque intentaron ingresar al país 365.800 euros escondidos en tres valijas proveniente de Madrid. A partir de allí, se logró establecer que el dinero estaba relacionado con una organización narcocriminal transnacional. Un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) compuesto por Argentina, España e Italia llevó adelante la pesquisa que permitió identificar a los miembros de la organización y a su operatoria

La organización delictiva denominada “Clan Loza” o “Familia Loza” tuvo por objetivo el tráfico de estupefacientes (principalmente el contrabando desde Argentina hacia España); el contrabando de divisas desde Europa hacia el país y el manejo de los fondos producidos para mantener vigente toda la estructura delictiva. La banda operó de manera estable desde el 2008 hasta 2018, con un soporte estructural y con una división de tareas entre sus miembros.

La acusación incluye los delitos de “asociación ilícita” (artículo 210 del Código Penal); “contrabando de divisas en grado de tentativa agravado por su cantidad y por haberse cometido por tres o más personas” (artículos 863, 864, inciso “d” y 865, incisos “a” e “i” del Código Aduanero) y “lavado de activos agravado por su habitualidad”.

Cooperación internacional

El dictamen del Ministerio Público Fiscal destaca que varios de los integrantes de la asociación tenían numerosos antecedentes policiales y judiciales, algunos estaban involucrados en el tráfico de sustancias estupefacientes inclusive desde 1986. No obstante, con la evidencia recolectada a lo largo de la investigación, se pudo corroborar el funcionamiento de la banda desde, por lo menos, el año 2008.

“Si bien la finalidad principal de la asociación delictiva fue el tráfico ilícito de estupefacientes, especialmente el contrabando desde la Argentina hacia el Reino de España, también necesariamente se dedicaron al contrabando de divisas desde Europa al territorio nacional (retorno del dinero) y al consecuente manejo de los fondos producidos en pos de mantener vigente la estructura”, remarcaron los fiscales Turano e Iglesias.

Destacaron luego el trabajo de investigación desplegado por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina y el trabajo coordinado y articulado con las autoridades judiciales y policiales españolas e italianas que investigaban de forma simultánea a la organización. El ECI estuvo integrado justamente por esos dos países y por Argentina. Perú colaboró también con el intercambio de información.

A partir de esa recolección e integración de datos, se acreditó la existencia de la organización transnacional, cuya misión principal era el contrabando de grandes cargamentos de cocaína desde el continente americano a España, Italia u Holanda. “Las incalculables ganancias de esa actividad ilícita que se desplegó durante más de diez años fueron canalizadas a través de la adquisición, tanto en Argentina como en otros países, de otros bienes muebles e inmuebles para dar una apariencia de licitud al patrimonio de estas personas”, explicaron los fiscales.

Asociación ilícita, contrabando de divisas y lavado de activos

De acuerdo al requerimiento, se les imputó a diez de los once involucrados “el haber formado parte de una asociación criminal de carácter transnacional con actuación estable, soporte estructural, división de roles, con capacidad para articular acciones tendientes a sostener el desarrollo de la actividad ilícita en el tiempo, y que tuvo como finalidad principal el tráfico ilícito de estupefacientes”.

Se dejó en claro que la organización funcionó en Argentina y en España y que tuvo impacto también en Italia, Irlanda, Inglaterra, Bolivia, Colombia y Perú, donde tuvo contacto con otras bandas criminales. “Estos vínculos se mantuvieron para llevar adelante las distintas etapas de la actividad narcocriminal, esto es: financiar las distintas operaciones ilícitas, adquirir sustancias estupefacientes (principalmente clorhidrato de cocaína) en Argentina u otros países de Sudamérica, transportarlas (mayormente por vía marítima) hacia España impidiendo los controles aduaneros de ambos países, distribuirlas en el continente europeo para ser comercializadas y transportar el dinero producido hacia la Argentina”, resaltaron.

Como jefes, destacaron a dos de los imputados, a quienes catalogaron como los responsables de tomar las decisiones relacionadas con las actividades que se llevarían a cabo. Eran también quienes impartían las órdenes al resto del grupo; celebraban acuerdos criminales con otras bandas y quienes administraban los fondos.

En un segundo eslabón se encontraban otros tres imputados que, si bien tenían funciones de jerarquía dentro de la estructura, respondían directamente a los dos jefes. No obstante, se encargaban de “asesorar” a sus superiores, efectuar pagos y realizar los cobros de los cargamentos de droga.

Dentro de una tercera línea se encontraban el resto de los imputados en el expediente, que se encargaban puntualmente de las actividades que involucraban el manejo y administración de las ganancias de las maniobras criminales y la puesta en circulación para disimular su origen.

En el documento, se hizo un desglose sobre la operatoria de lavado de activos llevada a cabo por los imputados. Así, bajo la denominación “Clan Loza”, se marcó que nueve de los imputados “intervinieron a través de diferentes maniobras en la introducción, conversión, transferencia, administración, venta, en el gravado y/o en la puesta en circulación en el mercado de bienes de origen ilícito con un valor total no determinado pero superior a los $300.000, con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de licitud”.

Para canalizar los fondos y adquirir diversos bien no sólo utilizaron sus nombres sino también sociedades vinculados a ellos. También, individualizaron dentro de la maniobra los grupos “Suarez-Gallo” y “Weston Millones”. Además, dentro de la tentativa de contrabando de dinero que dio origen a la causa, involucraron a tres imputados.

Métodos de contrabando

“Las conexiones que existieron entre los imputados al momento de efectuar viajes al exterior, lo cual por un lado demuestra las evidentes vinculaciones que poseen y por el otro plantean el interrogante de cómo personas que no poseen ningún tipo de ingreso económico registrado tienen la posibilidad de viajar con tanta frecuencia al exterior con los gastos que ello conlleva”, sostuvieron los fiscales.

También, marcaron que de los peritajes realizados por la Agencia Federal de Inteligencia respecto de los celulares y equipos de informática, “surgen claros vínculos entre los investigados, encontrándose fotos entre ellos, diálogos, documentación compartida y números telefónicos coincidentes agendados en los celulares”.

En el dictamen, se realizó un análisis de las distintas etapas de la cadena de tráfico llevada adelante por la organización. Allí, se señaló que los proveedores de droga se encontrarían en la República de Bolivia, con vinculaciones acreditadas con distintos grupos delictivos que se dedicaban a ellos.

La organización contaba con diversas modalidades para el transporte de esa droga. Por vía aérea lo hacían a través de avionetas con autonomía para cruzar el océano atlántico, con procedencia desde Colombia, Bolivia, Venezuela y Brasil hacia España En cuanto a la vía marítima, la forma en que ingresaban la droga era por embarcaciones de empresas de confianza. Allí, se camuflaban unos 30 o 50 kilos de cocaína, por ejemplo, en el motor de los contenedores refrigerados.

También utilizaban barcos que salían de Argentina en los cuales “la tripulación conocía que estaba transportando material estupefaciente y cuando llegaban a las costas españolas emitían una alerta de auxilio, coordinando con la Guardia Civil el lugar de encuentro en alta mar para pasar la droga a la embarcación de esta fuerza policial, la cual la ingresaba en el puerto designado por la organización”.

También estaba la vía terrestre, a través de motos y vehículos de mediano y gran porte, pero sólo en los casos en que se debía mover la droga dentro del continente europeo, puntualmente en el interior de España o bien para distribuirla en otros países de Europa.