El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dispuso mediante la Resolución PGN N°36/2019 enmarcar los logros alcanzados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación vinculados al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y, a partir de ellos, diseñar un plan de acción para profundizar estas iniciativas de forma tal que revistan una política prioritaria del organismo.

En este sentido, se estableció que la Dirección de Relaciones Institucionales (DRI), a cargo de Luis Lozano, y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DGCRI), que encabeza Diego Solernó, serán las responsables de desarrollar el plan de trabajo –que deberán presentar a la Secretaría de Coordinación Institucional- con el fin de impulsar las acciones necesarias para implementar los objetivos y metas de la Agenda 2030. El plan podrá incluir propuestas de articulación con organismos internacionales vinculados al ámbito de competencias del MPFN.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el año 2015, mediante la Resolución A/RES/70/1, la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. A través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas conexas, el documento plantea un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad humana. La Agenda 2030, que entró en vigor el 1° de enero de 2016, considera prioritario dar respuestas a las necesidades de la sociedad, especialmente a poblaciones y grupos más vulnerables, y establecer nuevos objetivos económicos, sociales y ambientales.

El ODS 16 destaca la necesidad de “promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles que rindan cuentas”. De esta forma, en consonancia con los objetivos y metas incorporadas en la Agenda 2030, el Ministerio Público Fiscal de la Nación ha fortalecido el trabajo de sus dependencias especializadas como la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños (Objetivo 16.2); las Direcciones Generales de Acceso a la Justicia y de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Objetivo 16.3); la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y las Direcciones Generales de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones y de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Objetivo 16.4); la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (Objetivo 16.5); la Dirección General de Cooperación Internacional y Regional y la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (Objetivo 16.a); La Dirección General de Políticas de Género (Objetivo 16.b); la Agencia de Acceso a la Información Pública, el sitio web Datos Abiertos y la Dirección de Comunicación Institucional (Objetivos 16.6 y 16.10), que consolidaron los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad.

Asimismo, el Procurador General de la Nación interino dictó recientemente la Resolución PGN N° 22/19, por la cual instruyó a los fiscales del interior y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con competencia electoral para que adopten los recaudos necesarios para cumplir la ley N° 27.412 y su decreto reglamentario, a fin de asegurar el respeto de la paridad de género en los ámbitos de representación política (Objetivos 16.7 y 16.b).

En línea con estos avances, durante el año 2018 el Ministerio Público Fiscal desarrolló distintas iniciativas orientadas al cumplimiento de los fines propuestos por los ODS, en particular la aprobación y recomendación de uso de instrumentos de investigación para el abordaje de fenómenos criminales específicos como la “Guía de procedimientos y criterios para detectar e investigar la trata con fines de explotación laboral” y el “Protocolo para la Investigación y Litigio de Muertes violentas de mujeres”.

Por otro lado, se firmaron diversos convenios de cooperación con organismos a través de los cuales se incorporaron nuevas herramientas digitales para agilizar la investigación de delitos complejos, al tiempo que, en materia de cooperación jurídica internacional, se crearon los primeros Equipos Conjuntos de Investigación para el abordaje de casos interjurisdiccionales. Además, el organismo participó junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de la puesta en marcha del primer “Hospital de Derechos” del país.

En este contexto, se destaca la importancia de la incorporación sistematizada de los objetivos y metas de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en las actividades del organismo para contribuir a la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada, la promoción del acceso a la justicia, la igualdad de género, la lucha contra la trata y la explotación de personas y la conformación de instituciones judiciales transparentes.