El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, encabeza una serie de reuniones de trabajo con fiscales federales y en lo penal económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de abordar las necesidades institucionales derivadas de la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en ese distrito a partir del próximo 11 de agosto.

Esa fecha fue fijada por el Ministerio de Justicia de la Nación a través de la Resolución 143/2025, que dispone la plena entrada en vigencia del CPPF en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

En ese marco, se desarrollan en la Procuración General diversas reuniones en las que participan los fiscales generales ante la Cámara Federal de Casación Penal, fiscales federales en lo Criminal y Correccional, fiscales generales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, fiscales ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y los fiscales nacionales en lo Penal Económico.

Entre los asistentes se encuentran los fiscales de casación Mario Villar, Raúl Plee y Javier De Luca, el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, y los/as fiscales federales de primera instancia Carlos Rívolo, Eduardo Taiano, Guillermo Marijuan, Ramiro González, María Paloma Ochoa, Franco Picardi, Gerardo Pollicita, María Alejandra Mángano y Carlos Stornelli; los fiscales generales en lo penal económico Gabriel Pérez Barberá y Marcelo Agüero Vera, y los fiscales de primera instancia de ese fuero Pablo Turano, Emilio Guerberoff, María Gabriela Ruiz Morales, Claudio Navas Rial, Germán Bincaz y Jorge Dahl Rocha.

También los fiscales generales ante los tribunales orales federales Diego Luciani, Abel Córdoba, Juan Patricio García Elorrio, Estela Sandra Fabiana León, Macelo Colombo, Diego Velasco y Miguel Ángel Osorio.

En las reuniones participan —junto al procurador— el secretario de Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas, y el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, ambos cotitulares de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA). Creada mediante la Resolución PGN N°16/18, se trata de una estructura específica dedicada exclusivamente a la implementación seria, ordenada y efectiva del CPPF.

La Procuración General de la Nación viene llevando adelante una agenda de trabajo que inició en junio del 2019 en el Distrito Salta (que comprende a esa provincia y a la de Jujuy), y que luego incluyó los distritos Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata.

En el marco de la implementación progresiva del régimen procesal en cada distrito, el procurador ha delineado las necesidades y requerimientos indispensables para el adecuado funcionamiento del sistema, con base en los exhaustivos diagnósticos (adaptados a las particularidades de cada jurisdicción) preparados por la UNISA, y ha requerido que la implementación del sistema sea considerada una prioridad presupuestaria en la nota remitida al Ministerio de Justicia de la Nación el 7 de febrero pasado.

La adaptación del organismo al sistema acusatorio se lleva adelante junto con los distintos actores del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de relevar necesidades y elaborar un diagnóstico institucional ante la implementación en cada distrito. En este contexto, se analizan aspectos clave del nuevo modelo de gestión, así como cuestiones prácticas vinculadas con su funcionamiento.

La puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal representa una política pública que ha sido sostenida desde el 2014, y un hito de gran trascendencia institucional, en tanto otorga al Ministerio Público Fiscal la responsabilidad exclusiva de dirigir las investigaciones, un cambio de paradigma que lo posiciona como actor principal del proceso penal, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema de justicia.