El titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Abel Córdoba, inspecciona desde esta mañana la Unidad 7 de Resistencia, Chaco, del Servicio Penitenciario Federal (SPF), junto a jueces de la Cámara Federal de Casación y otros magistrados integrantes del Sistema de Coordinación y Seguimiento del control judicial de las unidades carcelarias, pocos días después de que la Procuraduría, la fiscalía local y los defensores presentaran un habeas corpus colectivo por los centenares de detenidos alojados en ese penal, foco de graves denuncias por violencia institucional.

Junto a Córdoba, participan de la inspección el coordinador del Área de Encierro de la Procuvin, Roberto Cipriano García, y la secretaria Ana Laura López. Forman parte de la comitiva los jueces de la Cámara de Casación Federal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, la jueza Mirta López, de la Cámara del Crimen, los jueces de cámara porteños Sergio Paduczak y Martín Vázquez Acuña; los fiscales federales de Resistencia, Federico Carniel y Patricio Sabadini, y Ariel Cejas, de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

La medida se realiza luego de que el juez federal de Resisencia, Carlos Skidelski, resolviera parcialmente un habeas corpus colectivo interpuesto por fiscales y defensores, sin aceptar ninguna de las medidas cautelares requeridas, resolución que fue apelada por la fiscalía local la semana pasada. El juez resolvió el habeas corpus al día siguiente de que lo denunciaran por retardo de justicia.

La Unidad 7 del SPF es uno de los penales que está en el centro de la atención de la Procuraduría contra la Violencia Institucional. Desde su creación en marzo de este año, la Procuvin y los fiscales de la jurisdicción ha impulsado allanamientos, pedidos de detención de penitenciarios por torturas, una investigación en la que se busca dilucidar si se encargó el crimen de un interno y el pedido de investigación sobre 31 agentes penitenciarios por la aplicación de apremios ilegales a las personas privadas de su libertad.

El penal de la violencia

Según datos de la Procuvin, entre enero y septiembre de este año se recibieron notificaciones de 53 hechos de violencia en la Unidad 7. Se trata sólo de casos informados por el propio SPF. Esos hechos involucraron a 113 personas detenidas. En 47 de esos casos se registraron lesiones en uno o más de los participantes.

En los últimos tres años, los fallecimientos dentro de la unidad fueron nueve: tres en 2011, otros tres en 2012 y al 31 de octubre de este año se registran otros tres casos.

La unidad cuenta con 341 personas privadas de la libertad, según un relevamiento de octubre pasado.

Inspecciones y habeas corpus

Desde la creación de la Procuvin se realizaron dos inspecciones: el 23 de abril y el 3 de julio de este año. En ambas ocasiones los funcionarios de la Procuraduría asistieron acompañados por los fiscales federales de la jurisdicción, previa realización de una capacitación sobre los criterios y la metodología pautada para la intervención.

En la primera inspección se presentaron habeas corpus individuales en favor de tres detenidos ante el juez federal Skidelsy. También se presentaron informes en favor de 31 personas privadas de su libertad. En tanto, en la segunda ocasión se hicieron presentaciones en favor de otras 13 personas.

Tras la primera inspección se puso en conocimiento de la situación de la unidad a los tribunales orales federales de Formosa, Resistencia y Santa Fe, a los juzgados nacionales de ejecución penal 1, 2 y 3, a la Fiscalía Nacional de Ejecución Penal y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.

El 7 de octubre la Procuvin presentó un habeas corpus colectivo junto a funcionarios de las unidades fiscales de la jurisdicción ante el juez Skidelski. En esa presentación, se planteó la cuestión de fondo y se pidieron medidas cautelares, que fueron rechazadas por el juez.

A raíz de ello, el 18 de noviembre se presentó queja por retardo de justicia. Al día siguiente el juzgado hizo lugar parcialmente a lo planteado, pero no ordenó medidas inmediatas y concretas al SPF y dispuso conformar una mesa de diálogo. La resolución fue apelada por los fiscales de resistencia el 22 de noviembre.