Viernes 3 AM es el horario fijado para el inicio del operativo. Eso es lo primero que se dice en una ronda en la que están agrupados todos los agentes de la Unidad de Información Financiera (UIF) que intervendrán en los distintos allanamientos. A un costado, aguardan los más de doscientos oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y un equipo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entre unos y otros, a veces se distinguen los funcionarios y empleados de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que vienen proyectando el operativo desde el mes de marzo. Es a veces y no siempre, porque la única que luz que se proyecta es la de algunas linternas. En verdad, a un costado de una ruta en las afueras de la ciudad de San Miguel de Tucumán, la organización de lo que está por suceder se proyecta en la oscuridad. Sin embargo, pese a la escasa luminosidad, no puede dejar de advertirse que el tiempo es un factor que domina cada uno de los enunciados (a las 3:00, la primera serie de allanamientos, a las 6:00, la segunda; a las 9:00 la tercera, y a las 15:00 la última, se oye), pero es la sustancia que delimita en los rostros de cada uno de los que trabajó desde el inicio en la causa la necesidad de que todo salga bien. “El tiempo es la cronología del esfuerzo”, dice alguien que instantes después atiende un llamado para averiguar dónde se encuentra estacionado un vehículo.

En ese punto de encuentro, los automóviles de los agentes de seguridad se confunden con la gran cantidad de autos particulares en los que se desplazarán los miembros de la UIF, la fiscalía y la Procelac. Es una hilera de más de doscientos metros entre la que en todo momento van y vienen personas con el objetivo de ubicarse para salir en breve. Cada uno ya tiene un grupo y tarea asignados, y sólo resta esperar a ese horario: viernes 3 AM. Mientras se especifican los últimos detalles, la efervescencia de los organizadores comienza a aumentar. Ya se sabe que a lo largo de todo un día se realizarán más de 40 allanamientos en propiedades vinculadas al “Clan Ale”, sospechado de ser una de las organizaciones criminales más poderosas de Tucumán y del país.

En esta causa se los investiga principalmente por delitos de índole económica, como lo es el lavado de activos de origen ilícito. En concreto, del delito de trata de personas y el narcotráfico. No es cualquier banda la que se pretende desbaratar. Lo saben todos, pero en especial lo sabe Susana Trimarco, madre de Marita Verón, quien dio inicio a esta investigación judicial y que ahora está por concretar uno de sus operativos más importantes, así como uno de los más relevantes en la historia de la provincia. No obstante, el sigilo con el que se planeó todo llevó a que ni siquiera ella estuviera al tanto de lo que está por suceder, ahora, es el tiempo, viernes 3 AM.

Diciembre

El 20 de diciembre de 2013, el juez Federal Fernando Poviña, a cargo del Juzgado Federal Nº2 de la Provincia de Tucumán, ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Rubén "la Chancha" Alé, Jesús Rivero, Fabián González, Víctor Suarez y Roberto Dilascio al considerarlos responsables por el delito de lavado de activos y asociación ilícita. Esta medida había sido solicitada por los fiscales Carlos Brito y Carlos Gonella en noviembre de ese mismo año.

La decisión del magistrado se basó en considerar a los imputados como responsables del delito de "lavado de activos de procedencia delictiva agravado por su comisión en banda y por integrar una asociación ilícita", en la que Rubén Ale revestiría el carácter de jefe. Según la acusación de los fiscales, esta asociación estaba destinada a la ejecución de múltiples delitos de acción pública, como lo es la trata de personas, por ejemplo, y con el objeto de conseguir un rédito económico, y que luego fue objeto de concretos actos de administración para brindarle apariencia de "procedencia lícita".

El proceso, como se sabe, fue impulsado por Susana Trimarco, como presidenta de la “Asociación Civil María de los Ángeles Verón”, y por la Unidad de Información Financiera, que actúa en la causa como parte querellante. Sin embargo, otros miembros de la banda, como Adolfo “el Mono” Ale (hermano de “la Chancha” Ale) quedaron procesados pero con eximición de prisión. Esto último llevó a que los fiscales continuaran investigando el desempeño de la organización que, pese a haber sido apresada parte importante de su “plana mayor”, de todas maneras continuaba con el desarrollo de su estructura delictiva.

Febrero

Gracias a una serie de medidas de investigación, en febrero de este año se pudo obtener una gran cantidad de datos sobre las actividades ilícitas cometidas por el Clan Ale. En especial, se estructuraron hipótesis sobre cómo sería la modalidad de captación de mujeres para luego explotarlas sexualmente, de qué manera podrían llegar a traficar y comercializar estupefacientes y, finalmente, cómo lograrían lavar los activos obtenidos mediante esas actividades ilícitas.

A raíz de esto, se solicitaron nuevas tareas investigativas al juez, entre las que se destacaban la intervención de líneas telefónicas que empleaban los presuntos miembros de la banda. De esta manera, no sólo se corroboraron las hipótesis sobre los presuntos delitos cometidos por la organización, sino que además se detectaron defraudaciones a diversas víctimas –particulares, instituciones privadas y públicas– con documentos de crédito, la ilegítima posesión de documentos de identidad ajenos y de un vastísimo arsenal compuesto por las más diversas armas de grueso calibre.

Junio

Las llamadas telefónicas comenzaron a arrojar datos cada vez más concretos sobre la modalidad operativa de la organización comandada por los hermanos Ale. A su vez, la Policía de Seguridad Aeroportuaria desarrolló tareas de seguimiento sobre los imputados que lograron vislumbrar gran parte de sus movimientos. Entre todo eso, se pudo saber que Rubén Ale, pese a hallarse internado bajo custodia de Gendarmería Nacional, “continuaría manejando sus intereses con total dedicación, ocupándose de los pormenores de la remisería ‘Cinco Estrellas’, instruyendo a sus dependientes y hasta disponiendo libremente de la recaudación obtenida”, entre otras cosas.

Esta empresa ya figuraba en la causa como uno de los “vehículos corporativos utilizado para la inyección, circulación y blanqueo de las utilidades ilícitas obtenidas por la empresa criminal que lidera” la “Chancha”. También, gracias a las tareas de inteligencia, se supo que el bar “El Chavo” era otro pilar fundamental de la banda, dentro del cual además funcionaba la sala de juegos registrada en la AFIP como “Point Limit SRL”, igualmente sospechada de ser utilizada para el lavado de activos.

Además, se pudo averiguar de qué manera interactuaban los miembros de la organización con la familia Ale, en especial en lo vinculado con el narcotráfico. “Repuestitos, “compac”, “repuestos”, “torta”, “pilas triple A”, “carne buena”, “carne rica”, “calefactorcito”, “estufa”, “banderín”, “gorrita”, “escarapelas” son algunas de las denominaciones con los que, a partir de las escuchas, se referirían a los estupefacientes, en especial a la cocaína: “Maestro ninja… Ahí va a ir el chico, el de la camioneta, y le llevaba un kilo de torta ahí… para el cumpleaños de la X”. En otros casos, los interlocutores eran más directos en sus solicitudes:

“Bueno escuchá, lo acabo de encontrar aquí en el centro y me agarrao me ha dicho que pregunte, emmm hay una pierna un amigo de él que vive en […], escúchame y anda comprando kilo de cosa, de blanca, entendé? Compra por cantidad el vago y lleva, y ahí labura él allá, que pasa, que anda buscando él, dice que la última vez que el vago le ha comprado, que le estaba comprando ha venido y lo ha garcao le ha vendido gilada, que quiere el vago, quiere cambiar línea, quiere una línea nueva, […] es un vago grande eem, que quiere, quiere saber precio y quiere probarla, pero que pasa quiere comprarla, es mucha guita Pelao, y me acaba de decir, por eso te estoy llamando y me ha dao el número de teléfono de él para que no lo llame y dice que si yo lo puedo conseguir para hoy, que está la plata dice…”.

Las comunicaciones no sólo versaron sobre cuestiones en principio vinculadas al narcotráfico, sino que tuvieron su correlato en armas y cobros extorsivos de deudas. Finalmente, las tareas de investigación ayudaron a que se supiera que, por ejemplo, agencias de compraventa de vehículos pertenecientes a Rubén Ale, pero que estaban a nombre de testaferros suyos. Estas empresas serían utilizadas para la adquisición, guarda y enajenación de automotores por medio de “cheques de pago diferido de terceras personas que, llamativamente, parecerían ser completamente ajenas a las operaciones de compraventa en cuestión, a la posesión del rodado y a su posterior inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Automotor”.

En definitiva, los fiscales Brito y Carlos Gonella consideraron que los hermanos Ale “se valdrían […] de nuevas personas interpuestas […], para administrar y disponer de parte del patrimonio alcanzado como producto de las actividades ilícitas de la organización investigada”. De esta manera, a fines de septiembre, presentaron al juez Poviña un dictamen en el que solicitaron una serie de medidas precautorias, que fueron concedidas.

Octubre

Primero salen vehículos de la PSA y detrás van aquellos con miembros de la UFI, la fiscalía y la Procelac. Varios tienen como destino alguno de los treinta puntos incluidos en la primera tanda de allanamientos, mientras que otros se dirigen al centro de comando, que fue ubicado en el aeropuerto de la ciudad. Allí están Gonella y funcionarios de la UIF, que controlan los resultados de cada uno de los reconocimientos. Poco a poco, le van llegando los datos de lo encontrado en los inmuebles. Armas, restos de droga, dinero, arrestos, documentación a analizar. La operación fue positiva y tanto la fuerza de seguridad como los organismos que participaron quedan a la expectativa de lo que vendrá.

Marita Verón

El nombre quizás escapa a la cronología de los hechos, pero no al paso del tiempo. En verdad, a esta altura, Marita Verón implica todo un concepto temporal que abarca, desde 2002, 12 años de la lucha de una madre, marcada por injusticias y victorias ante los estrados del poder judicial, y una fundación con su nombre que hasta el momento ha logrado rescatar más de 7500 víctimas de trata de personas.

Será justamente en la sede de la Fundación “María de los Ángeles” (el nombre completo de Marita), el lugar en el que se reúnan, a partir de las 5 PM, Susana Trimarco (presidenta de la Fundación y madre de la joven aún desaparecida), Carlos Gonella y José Sbatella (titular de la UIF), para dar una conferencia de prensa sobre el operativo que comenzó un viernes a las 3 am.

La primera en hablar fue Susana Trimarco, quien señaló que está “muy contenta de que la justicia federal haya desenmascarado a esta gente”, en referencia al Clan Ale. Aclaró que no estaba al tanto de la medida, pero que agradece el trabajo realizado por Gonella y Sbatella. Habló de los vínculos de la organización con el poder político y la policía provinciales y regresó a la gran duda que, en definitiva, dio inicio a esta causa: “¿Cómo hicieron ellos para tener todo este imperio si hace 20 años atrás andaban con los zapatos rotos y ahora son los empresarios intocables de esta provincia?”.

A continuación, Gonella detalló todo el procedimiento. “Ha sido muy importante, ya que, entre otras cosas, se ha corroborado mucho de lo que veníamos sospechando e investigando”, consideró el titular de la Procelac. Además de los datos ya publicados, cuenta que participaron 277 oficiales de la PSA, y que, entre los seis detenidos, uno es un policía de la policía provincial. Informó que el juez ya determinó la intervención de la empresa Point Limit, y que estará a cargo de un funcionario del MPF. Además, aclaró que lo que resta es seguir trabajando junto a la UIF en el análisis de la documentación secuestrada.

Finalmente, Sbatella señaló que lo principal del operativo es que “hoy estamos en condiciones de perseguir el camino del dinero” de la organización criminal, y que en este recorrido “estamos logrando debilitar el poderío de la banda”. Explicó que para la desarticulación final “hay que aguardar al juicio oral”. “Es un esfuerzo muy grande el que se está haciendo en Tucumán”, concluyó. Y vaya si lo es: 12 años transcurrieron de la desaparición de Marita, tiempo en el que la banda de los hermanos Ale continuó en crecimiento. Aunque hay grandes indicios que indican que, gracias al esfuerzo de la justicia federal, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, organismos como la UIF y la propia Susana Trimarco, ese crecimiento se ha revertido. No sólo eso: ahora también hay una esperanza concreta de que esa justicia al fin se haga efectiva. Al menos en parte, ya que nunca será total hasta tanto no se sepa qué pasó, dónde está María de los Ángeles Verón, Marita.