A pedido del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado Federal N°3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Garnica, ordenó una serie de allanamientos, declaraciones indagatorias y medidas de carácter patrimonial, en el marco de una compleja investigación por presunto contrabando aduanero de granos, cuya operatoria habría alcanzado los 30 millones de dólares.
Las medidas fueron dispuestas a requerimiento del fiscal a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, Fernando Gabriel Alcaraz; la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli; la representante de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) Trinidad Eugenia Lobos, quien intervino ante la ausencia transitoria de la titular del organismo. En la pesquisa también participó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.
En primer término, se ordenaron más de 40 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país y la convocatoria a declaración indagatoria de 33 personas humanas y 11 personas jurídicas.
Una de las propiedades allanadas en el marco de la investigación, custodiada por gendarmes. Foto: Gendarmería Nacional
La intervención de la SIFRAI y la DGRADB
A partir del trabajo de las oficinas especializadas en recupero de activos del MPF, el juez también dispuso el embargo preventivo y la medida de no innovar respecto de 31 vehículos, el embargo de dos inmuebles ubicados en el exterior y el congelamiento de 55 productos bancarios y financieros. Las medidas cautelares patrimoniales alcanzan a 14 personas humanas y nueve personas jurídicas.
La resolución judicial busca preservar bienes que podrían estar vinculados con los hechos investigados y asegurar, eventualmente, el decomiso de los instrumentos y productos del delito, las penas pecuniarias y las costas del proceso. El pedido se fundamentó también en la detección de maniobras que podrían haber tenido como finalidad el desapoderamiento de bienes por parte de las personas imputadas.
La operatoria investigada y el fraude fiscal
En la causa se investiga una organización que utilizaba firmas apócrifas e insolventes para exportar oleaginosas subfacturando precios y sin liquidar divisas. La presunta maniobra criminal, detectada por la Dirección General de Aduanas de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (ex AFIP-DGA) incluye ramificaciones y desvío de fondos al extranjero.
La investigación se inició en 2022, tras una denuncia de personal de la Aduana de Mendoza. En esa oportunidad, se controló un cargamento de 142 toneladas de maíz partido que una firma exportadora pretendía enviar a Chile.
La pesquisa permitió determinar que la exportadora carecía de capacidad económica, productiva y operativa para desarrollar la actividad que declaraba y que habría sido utilizada como pantalla para ocultar a los verdaderos exportadores.
Según la investigación, la maniobra consistía en manipular los valores FOB (por sus siglas en inglés “Free on Board”, o "Franco a Bordo") de exportación, y declarar precios aproximadamente un 27 por ciento por debajo del valor oficial de mercado de la Mesa de Análisis Operativo Granos, lo que habría permitido reducir de manera ilícita la base imponible de los derechos de exportación.
Con el avance de la investigación se detectó un entramado de múltiples personas jurídicas insolventes y apócrifas que operaban bajo el mismo patrón de exportación de oleaginosas durante el período de sospecha iniciado en 2020.
De acuerdo con las estimaciones realizadas por los funcionarios de la ex AFIP-DGA, la operatoria global investigada habría alcanzado, como mínimo, los 30 millones de dólares.
Según la investigación, la maniobra consistía en manipular los valores FOB (por sus siglas en inglés “Free on Board”, o "Franco a Bordo") de exportación, y declarar precios aproximadamente un 27 por ciento por debajo del valor oficial de mercado de la Mesa de Análisis Operativo Granos, lo que habría permitido reducir de manera ilícita la base imponible de los derechos de exportación.
También se detectó la intervención reiterada de un grupo de despachantes de aduana y operaciones de triangulación de facturación a través de empresas radicadas en Uruguay, vinculadas con proveedores del mercado interno argentino, mientras que la mercadería se dirigía a empresas con sede en la República de Chile.
Además, las empresas investigadas no habrían liquidado en el Mercado Único y Libre de Cambios las divisas percibidas de los importes declarados en los despachos de exportación.
El aporte de PROCELAC
La PROCELAC intervino a través de su Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros, a cargo de la auxiliar fiscal Mariela Palese. En una primera etapa, colaboró con la por entonces Fiscalía Federal N°2 de Mendoza y luego con el Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, a cargo Alcaraz.
El área operativa de esa procuraduría especializada realizó un análisis técnico de las destinaciones aduaneras, tarea que comprendió la revisión de cada documento incorporado en los permisos de embarque, las vinculaciones que podían efectuarse en base a esa revisión, la individualización de las personas involucradas en los hechos con discriminación del grado de intervención que habría correspondido a cada una, como así también la identificación de los regímenes normativos aplicables y la relevancia jurídico penal de las maniobras detectadas.
Para graficar la magnitud y relevancia del caso cabe destacar que se abordó una muestra de 100 despachos que arrojaron indicios de hechos de contrabando agravado, con un valor de mercaderías involucradas que supera los 5.300.000 dólares.
En la causa se investiga una organización que utilizaba firmas apócrifas e insolventes para exportar oleaginosas subfacturando precios y sin liquidar divisas.
Entre los sucesos investigados, además, se incluyeron otras maniobras detectadas por la PROCELAC a raíz de la apertura de una investigación preliminar que le imprimió al caso una mayor amplitud, vinculando en los hechos a un importante operador del sector agropecuario que guardaría estrechos vínculos con las personas investigadas hasta el momento.
La pesquisa permitió establecer además indicios sobre la falta de liquidación de las divisas correspondientes a las exportaciones y la posible marginalidad de las compras de los productos exportados en el mercado interno, lo cual da la pauta de la múltiple y grave afectación normativa.
Otro de los aspectos detectados en un significativo número de exportaciones fue la triangulación de la facturación hacia un país distinto del destino final de las mercaderías. Según la investigación, ese mecanismo no respondería a la realidad de las operaciones de comercio exterior.
La investigación del Ministerio Público Fiscal permitió conectar a las empresas a las que se destinaba la facturación de exportación y algunos de los proveedores de la mercadería dentro de la República Argentina. La interposición de esos traders no solo habría entorpecido la posibilidad de establecer la trazabilidad de las operaciones, sino que además habría facilitado la manipulación de los precios declarados.
Las numerosas medidas practicadas contaron con la colaboración de diferentes organismos del sector público y privado y también se recurrió a vías de cooperación internacional para recabar información. Con esos elementos, el MPF construyó una hipótesis de criminalidad económica compleja que permitió solicitar las medidas de prueba y cautelares ahora dispuestas por el juzgado.
De acuerdo con la hipótesis investigativa, varias de las personas convocadas a prestar declaración indagatoria habrían sido identificadas por el MPF como los verdaderos exportadores de las operaciones, pues se habían procurado un complejo entramado para permanecer ocultas tras el velo de los exportadores apócrifos interpuestos.
Algunos teléfonos celulares y una computadora portátil secuestrados en los allanamientos. Foto: Gendarmería Nacional