Investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina prestaron declaración testimonial en dos audiencias ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, a través de la plataforma virtual Zoom, en el marco del juicio en el cual se encuentran once personas acusadas de integrar el clan Loza, una organización de alcance internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España. Intervienen en representación del Ministerio Público Fiscal el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por los fiscales Mario Villar y María Laura Roteta.

En declaraciones prestadas el lunes 14 y miércoles 16 de junio los investigadores detallaron sobre el paso a paso en el cual fue avanzando la pesquisa que encabezaba el MPF con intervención del juez en lo penal económico Pablo Yadarola. Los testigos señalaron que se conformó un equipo interdisciplinario con miembros de la Gendarmería Nacional, la Unidad de Información Financiera (UIF), la PROCELAC, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Aduanas y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para avanzar sobre el funcionamiento de la estructura criminal.

Paralelamente, a nivel internacional, un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) compuesto por Argentina, España e Italia coordinó y unificó la información recolectada que permitió identificar a los miembros de la organización y a su operatoria. Asimismo, relataron el inicio de la pesquisa con un hecho de contrabando de divisas vinculado al Clan Loza.

Uno de los investigadores detalló que "al verse una estructura internacional compleja, la hipótesis inicial que se planteó en la mesa de trabajo era en relación al narcotráfico y el lavado de activos, procedentes también del narcotráfico". En este mismo sentido, explicó que llevaron adelante “actividades investigativas con el equipo de trabajo” que permitieron avanzar sobre el funcionamiento y la estructura de la organización.

Un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) compuesto por Argentina, España e Italia coordinó y unificó la información recolectada que permitió identificar a los miembros de la organización y a su operatoria.

"Avanzada la investigación con actividades de campo y escuchas telefónicas, se pudo determinar que el Clan Loza actuaba así: había una cabecilla que era compuesta por José Loza y Erwin Loza, que se dedicaban a realizar coordinaciones de envío de drogas desde Sudamérica a España. Y desde allá traían el dinero de manera ilegal hacia la Argentina y luego era introducido en lo que era la financiación legal, por intermedio de terceras personas", detallaron respecto al funcionamiento de la estructura criminal.

Añadió que "existían distintas líneas de participación dentro de la organización. En la primera línea se encontraban José y Erwin Loza, que eran los dirigentes. Ellos dirigían todas las operaciones y coordinaciones. Ya sea tanto para adquisición, distribución y envió de dinero".

Según el testimonio, por debajo de ese escalafón se encontraban una segunda y tercera línea. En el caso de la segunda era integrada por Daniel Loza, entre otros integrantes del clan, pero “no tomaban decisiones operativas”. Explicó que finalmente "había una tercera línea, que era la del blanqueamiento de capital, que era quienes daban su nombre para incorporar el capital de manera legal".

"La estructura de la organización fue agrandándose de forma paulatina. No es que de un día para el otro contaban con una estructura sólida, sino que fue muy progresivo”, aclaró uno de los investigadores. Por otro lado, indicó que Erwin Loza, uno de los líderes de la organización, contaba no solo con múltiples inmuebles sino también con vehículos de alta gama con los cuales se trasladaba. La logística de la estructura criminal internacional contaba con una logística importante que incluía embarcaciones marítimas y traslados aeronáuticos.

Asimismo, indicó que, si bien los envíos de sustancias estupefacientes eran fluctuantes, se estimaban dos  cargamentos al año. Puntualizó que la organización primero realizaba envíos más pequeños; una vez que se concretaban de manera exitosa, aumentaba el caudal de los cargamentos.

La logística de la estructura criminal internacional contaba con una logística importante que incluía embarcaciones marítimas y traslados aeronáuticos.

La estructura criminal del Clan

Erwin Raúl Loza, Gonzalo Daniel Loza, Gerardo César Guccione, Alan Iván Loza, Clara Luz Fernández, Juan Carlos Fernández, Eduardo Javier Silveira López, William Weston Millones, Américo Alfredo Santi y Estela Mari Gallo son están acusados por “haber formado parte de una asociación criminal de carácter transnacional con actuación estable, soporte estructural, división de roles, con capacidad para articular acciones tendientes a sostener el desarrollo de la actividad ilícita en el tiempo, y que tuvo como finalidad principal el tráfico ilícito de estupefacientes”, según detallaron el titular de la Fiscalía N°1 en lo Penal Económico, Pablo Turano, y el fiscal Diego Iglesias, a cargo de la PROCUNAR, en el requerimiento de elevación a juicio. A los integrantes de la organización que funcionó de forma estable desde el 2008 hasta 2018 se les atribuyen los delitos de asociación ilícita, contrabando de divisas en grado de tentativa agravado por su cantidad y por haberse cometido por tres o más personas y lavado de activos, agravado por su habitualidad.

El origen de la causa fue la detención de dos personas proveniente de Madrid en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando intentaron ingresar al país con 365.800 euros escondidos en tres valijas, en noviembre de 2017.

Según la acusación, la organización ilícita denominada “Familia Loza” tenía como objetivo el tráfico de estupefacientes (principalmente el contrabando desde Argentina hacia España), el contrabando de divisas desde Europa hacia el país y el manejo de los recursos económicos producidos para mantener vigente y funcional a la estructura delictiva. La estructura funcionó de forma estable desde el 2008 hasta 2018, con una división de tareas entre sus integrantes, indicó la fiscalía. “Las incalculables ganancias de esa actividad ilícita que se desplegó durante más de diez años fueron canalizadas a través de la adquisición, tanto en Argentina como en otros países, de otros bienes muebles e inmuebles para dar una apariencia de licitud al patrimonio de estas personas”, señaló el MPF en la pieza acusatoria.