03 de diciembre de 2021
03 de diciembre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervienen la Fiscalía General Nº 2 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, la PROCUNAR y la PROCELAC
Clan Loza: la Fiscalía comenzó su alegato en el juicio contra una organización internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos
Para el Ministerio Público Fiscal, la estructura criminal tuvo como eje la conformación de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos. Son once los acusados con distintos roles y participación.

El titular de la Fiscalía General Nº 2 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá -con la colaboración de la auxiliar fiscal de esa dependencia, Silvana Iannicelli, y el auxiliar fiscal de la PROCUNAR, Matías Álvarez- comenzó ayer la primera parte del alegato en el juicio a once personas acusadas de integrar el clan Loza, una organización de alcance internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España. El Ministerio Público Fiscal actúa también con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por los fiscales Mario Villar y María Laura Roteta. La audiencia fue realizada mediante la plataforma Zoom y transmitida a través de YouTube.

Los acusados Erwin Raúl Loza, Gonzalo Daniel Loza, Gerardo César Guccione, Alan Iván Loza, Clara Luz Fernández, Juan Carlos Fernández, Eduardo Javier Silveira López, Natalia Soledad Grosso, William Weston Millones, Américo Alfredo Santi y Estela Mari Gallo son señalados, según cada caso, por los delitos de asociación ilícita, contrabando de divisas en grado de tentativa agravado por su cantidad y por haberse cometido por tres o más personas y lavado de activos agravado por su habitualidad.

Previo a la exposición del MPF, hubo una ampliación de declaraciones por parte de algunos de los acusados ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3. Luego de esto, Pérez Barberá describió la estructura que tendrá el alegato a lo largo de las próximas semanas, que comenzó con la descripción de los hechos. Luego se valorará la prueba, se identificará la calificación legal correspondiente y por último se formulará el petitorio.

“Los investigados en esta causa (con excepción de Groso) formaron parte al menos entre los años 2008 y 2018 de una asociación criminal de carácter trasnacional con actuación estable, soporte estructural, división de roles, con capacidad para articular acciones tendientes a sostener el desarrollo de la actividad ilícita en el tiempo, y que tuvo como finalidad principal el tráfico ilícito de estupefacientes”, describió la auxiliar fiscal Iannicelli en la introducción.

En ese mismo sentido, Iannicelli desarrolló que la estructura criminal “tuvo como finalidad principal el tráfico ilícito de estupefacientes, especialmente el contrabando de esos estupefacientes desde Argentina hacia España, el contrabando de divisas producto de esa comercialización de la droga en Europa hacia el territorio nacional, el lavado de los activos provenientes de esos ilícitos y el manejo de esos fondos producidos en pos de mantener vigente la estructura delictiva”.

“La actuación de esta asociación criminal tuvo impacto también en otros países como Italia, Irlanda, Inglaterra, Bolivia, Colombia y Perú”, se detalló. Además, la fiscalía sostuvo que la estructura delictiva "presentó vinculaciones con otras células criminales asentadas en esos estados como también en España, como en Argentina" y que esos vínculos "se mantuvieron en las distintas etapas de la actividad narcocriminal”.

El MPF puntualizó luego que la organización ilegal adquiría estupefacientes, principalmente clorhidrato de cocaína, en Argentina y en otros países de Sudamérica para transportarlo mayormente por vía marítima hacia España vulnerando los controles aduaneros de ese país. Después se distribuía la mercadería en el continente europeo para su comercialización: el dinero que producía esa actividad era transportado a Argentina "para su posterior puesta en circulación mediante maniobras de lavado de activos”.

En relación al rol de estructura organizativa, el MPF sostuvo: “la organización delictiva tenía como jefes los hermanos José Gonzalo Loza (fallecido) y Erwin Raúl Loza quienes direccionaban el rumbo de la actividad criminal e impartían las directivas a los distintos grupos, celebraban acuerdos con otros grupos criminales y también decidían acerca de la administración de los fondos destinados a mantener el funcionamiento de la estructura”.

“En el siguiente eslabón de esta estructura jerárquica se encontraban otras personas que si bien detentaban poder dentro de la banda respondían directamente a las directivas de los superiores recién mencionados. En este nivel, como organizadores se encontraban Gonzalo Daniel Loza y William Weston Millones, además de Miguel Ángel Suarez (aunque este no fue elevado a juicio)”, explicó la Fiscalía. El rol de estas personas incluían asesorar a los jefes, estructurar los pagos, organizar los respectivos cobros de los cargamentos y coordinar con otros grupos para llevar adelante las actividades ilícitas.

“Daniel Loza era quien se encargaba de las coordinaciones de las actividades de España y Weston Millones del contacto con proveedores de droga en Sudamérica, mientras que Suarez se ocupaba de la salida de estupefacientes desde el territorio nacional”, explicó la fiscal auxiliar Iannicelli. Tras la finalización de la primera parte del alegato, el Tribunal convocó a un cuarto intermedio para el próximo lunes 25 de octubre a partir de las 14.

La causa

El inicio de la investigación tuvo como primer hito la detención de dos personas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando intentaron ingresar al país con 365.800 euros escondidos en tres valijas proveniente de Madrid, en noviembre de 2017. A partir de este hecho se elaboró un equipo interdisciplinario con miembros de la Gendarmería Nacional, la Unidad de Información Financiera (UIF), la PROCELAC, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Aduanas y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que permitió avanzar en la investigación sobre la estructura criminal. Paralelamente, a nivel internacional, un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por Argentina, España e Italia coordinó y centralizó la información recolectada que permitió identificar a los miembros de la banda y sus maniobras operatorias.

La acusación acreditó que la estructura delictiva utilizaba diversas modalidades para transporte de la sustancia estupefacientes. El contrabando podía ser concretado mediante la vía marítima con el traslado de embarcaciones de empresas de confianza. Allí se preparaban los cargamentos se camuflaban unos 30 o 50 kilos de cocaína.

También era una opción de traslado la vía aérea mediante avionetas que cruzaban el océano Atlántico hacia España, con procedencia desde Colombia, Bolivia, Venezuela y Brasil. Por último, la organización utilizaba la vía terrestre, a través de motos y vehículos de mediano y gran porte para trasladar la droga dentro del continente europeo.

Las ganancias producidas por la organización eran canalizadas para la adquisición de otros bienes muebles e inmuebles con el fin de dar una apariencia de "licitud" al patrimonio de estas personas, mediante maniobras de lavado de activos.