07 de diciembre de 2024
07 de diciembre de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Denuncian a OCA S.R.L. y otras sociedades y personas físicas por posible lavado de activos y evasión tributaria
En base a un informe de la Unidad de Información Financiera, la PROCELAC denunció, entre otros grupos societarios, a la firma de correos, al “Grupo Damasco” y al “Grupo Rhuo”.

En base a un informe de inteligencia remitido por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) –y de conformidad con lo dispuesto por el art. 19 de la Ley 25.246- denunció hoy a las firmas OCA S.R.L., Grupo Damasco y Grupo Rhuo, entre otras sociedades, y personas físicas que aparecen relacionadas entre sí, por la posible comisión de los delito de lavado de activos y evasión tributaria. Tras el sorteo de rigor, la presentación recayó ante el Juzgado en lo Penal Económico N°3, con intervención de la Fiscalía Penal Económico N° 8.

 

Además de la PROCELAC, el informe también fue presentado en el Juzgado en lo Penal Económico N°9, en virtud de que allí se encuentra radicada una investigación por evasión tributaria.

 

En la denuncia se señala a las empresas OCA S.R.L., Grupo Damasco, Grupo Rhuo, y las sociedades que estas incluyen. Asimismo, se menciona al Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, y a la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros. También, en relación a las personas físicas, la denuncia menciona al actual director de la empresa de correspondencia, Patricio Farcuh, Hugo Moyano y su hijo, Pablo Moyano.

 

Frente a la presentación efectuada por la UIF, la PROCELAC estimó que, si bien dicho informe da cuenta de indicios de lavado de activos y de evasión tributaria suficientes como para formular una denuncia, era necesario judicializar el caso, dado que la corroboración de tales extremos exige la concreción de medidas probatorias que, por sus características, requieren de intervención y autorización judicial, como ser el levantamiento de secretos fiscales y bancarios.