A partir de las irregularidades detectadas en el marco de la quiebra de Milenio  Bienes Raíces S.A. -empresa dedicada al rubro inmobiliario y dirigida por Carlos Salvatore-, Gabriela Boquin, Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, dio intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que inició una investigación preliminar.

A partir de la prueba recolectada y el análisis técnico del expediente comercial, la Procuraduría a cargo de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, advirtió que los libros societarios de Milenio Bienes Raíces S.A. contaban con graves irregularidades, en particular, en el asiento de la mayoría de las actas de designación de autoridades y en las vinculadas con el trámite concursal. En consecuencia, denunció a las personas involucradas en la maniobra por estafa procesal, por la utilización de aquellas actas -presumiblemente falsas y/o adulteradas- para engañar a los magistrados intervinientes en la quiebra, con la intención de convertir el proceso falencial en concurso preventivo y, de tal forma, perjudicar a los acreedores.

A través de la operatoria denunciada ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Salvatore y los demás investigados habrían intentado evitar los efectos de la quiebra, fundamentalmente, la liquidación de los bienes que compondrían el activo de la sociedad y habrían pretendido continuar en la administración de la sociedad. Así, se perjudicaría el interés de los acreedores que pretendían percibir las sumas adeudadas por la sociedad fallida.

En el transcurso de la investigación, se detectó también que en el año 2013, ante la existencia de deudas acumuladas por Milenio Bienes Raíces SA, el grupo de personas denunciado habría autorizado la cesión de créditos hipotecarios -de los cuales era acreedora la empresa- a favor de terceros. Asimismo, se advirtió que en el marco de la quiebra se había presentado, al menos, un supuesto acreedor invocando cesiones de créditos hipotecarios constituidas en virtud de deudas presuntamente simuladas, dado que la causa no había sido acreditada en sede comercial. De tal manera, la Procuraduría concluyó que existían indicios suficientes para denunciar a los directivos de Milenio por quiebra fraudulenta, por la posible sustracción de activos de la sociedad.

La denuncia formulada por la Procelac quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 22, con intervención de la Fiscalía N° 43.