En una presentación conjunta, el titular de la fiscalía federal de Río Gallegos, Julio Zárate, el y la fiscal cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC), Diego Velasco y Laura Roteta, y la titular de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General, María del Carmen Chena, solicitaron al juez federal de esa jurisdicción, Claudio Marcelo Vázquez, que indague a 23 personas que conformarían una asociación ilícita fiscal. La solicitud también alcanza a quienes fueran los responsables legales de una cooperativa y a cinco personas jurídicas. De acuerdo con las imputaciones, algunos de los involucrados también habrían incurrido en los delitos de evasión tributaria -simple y agravada- y lavado de activos.

Los y las representantes del Ministerio Público Fiscal le solicitaron asimismo al magistrado que dicte medidas cautelares de carácter patrimonial, a fin de asegurar el decomiso -en caso de una futura condena- de los bienes y dinero, producto de los ilícitos investigados. El perjuicio ocasionado al fisco se estimó en 150 millones de pesos.

El caso

La investigación se inició en 2018 por la denuncia de un contribuyente. El hombre refirió que personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue a su domicilio y le solicitó que informara su relación comercial con distintos contribuyentes. Recordó que, cuatro años antes, había contratado a un contador para que realizara las presentaciones correspondientes ante el ente recaudador, a quien le había otorgado sus contraseñas para operar los sistemas de la AFIP.

El denunciante también señaló que, al preguntarle al contador, este sostuvo que era un error de uno de sus empleados. No contento con la respuesta, el damnificado consultó con otro profesional quien constató que, a partir de febrero de 2017, el contador o su empleado utilizaron su clave fiscal y generaron facturas por un importe aproximado de 17 millones de pesos y que quedaba un saldo por anular de 4 millones de pesos. Por otro lado, el denunciante desconoció la facturación realizada y resaltó que no se condecía con su actividad habitual ni con los valores normales de su giro comercial.

“La existencia de una aceitada organización de personas físicas y jurídicas que conformarían una asociación ilícita tributaria destinada a la realización de diversas maniobras fraudulentas, principalmente orientadas a evadir el pago de tributos nacionales”.

En el marco de tareas ordenadas en la investigación por la denuncia inicial, se verificaron que existían otros contribuyentes que tuvieran el mismo contador. Así, se advirtieron una serie de personas y empresas que presentaban facturaciones similares que no guardaban relación con su giro comercial o con facturas electrónicas emitidas que se repetían.

En este contexto, el fiscal federal Zárate solicitó al juzgado el allanamiento simultáneo de cuarenta domicilios. El 19 de junio de 2019, personal de la fiscalía, la PROCELAC, la Gendarmería Nacional y la AFIP llevaron a cabo los procedimientos, en los que se secuestraron casi 80 millones de pesos (entre moneda extranjera y nacional) y documentación de interés para la investigación, entre otros objetos.

Posteriormente, la fiscalía solicitó a la AFIP la determinación de la deuda fiscal, a través de la cual se estableció que el perjuicio ocasionado al fisco ascendía a 150 millones de pesos. Sin embargo, a la fecha, se lograron recuperar aproximadamente 100 millones de pesos a través de planes de pago y cancelaciones.

Las maniobras investigadas

De acuerdo a la presentación de la fiscalía y la PROCELAC, se pudo determinar “la existencia de una aceitada organización de personas físicas y jurídicas que conformarían una asociación ilícita tributaria destinada a la realización de diversas maniobras fraudulentas, principalmente orientadas a evadir el pago de tributos nacionales”. Los y las representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que las conductas desplegadas también “abarcan la realización de distintos actos encaminados a introducir en el circuito formal dinero proveniente de dicha actividad ilícita”.

Las personas investigadas se dedicaban, principalmente, a generar facturas -electrónicas y de modo manual- apócrifas, las cuales comercializaban. Las “usinas” estaban conformadas por diferentes contribuyentes (personas físicas o jurídicas) y la facturación se utilizaba para que otros contribuyentes pudieran evadir los pagos a los impuestos a las Ganancias o al Valor Agregado. La organización también se valía de comprobantes emitidos por personas -que desconocían la actividad-, como ocurrió en el caso del denunciante.

De acuerdo a lo indicado por el MPF, la asociación ilícita -que operaba desde los años 2015 ó 2016, principalmente en la ciudad de Río Gallegos- era liderada por dos contadores y contaba con el aporte de otras personas. Estas se encargaban de negociar la compra y venta de crédito fiscal apócrifo, para lo cual contactaban nuevos “clientes”, emitían las facturas apócrifas u obtenían nuevas “usinas”. Para ello, se valían de las claves fiscales y CUIT de diversos contribuyentes, a nombre de quienes emitían facturas por ventas o servicios que no fueron realizados.

Algunas de las personas investigadas participaban también en “mesas de dinero” en las que se cambiaban cheques a plazo a cambio del cobro de altas tasas de interés o se intercambiaban divisas por fuera del mercado cambiario.

Lavado de activos: los y las representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que las conductas desplegadas también “abarcan la realización de distintos actos encaminados a introducir en el circuito formal dinero proveniente de dicha actividad ilícita”.

Los investigadores destacaron asimismo los resultados de las intervenciones telefónicas dispuestas oportunamente. De ellas surge que los miembros de la organización ofrecían sus servicios ilícitos a clientes interesados en comprar crédito fiscal espurio, para poder computarlo en sus declaraciones juradas de IVA y Ganancias, a fin de omitir el pago de los tributos.

Gracias a la actividad ilícita desarrollada, la organización obtenía grandes ganancias, que reintroducían al circuito económico a través de la confección de cheques, que negociaban como garantía de operaciones económicas o cambiaban por dinero en efectivo, a cambio del cobro de una comisión.

En el marco de la investigación, finalmente se constató que la organización utilizaba una empresa dedicada a juegos de azar. A través de uno de los socios, y con anuencia de un escribano público, simulaban la entrega de premios a personas que oficiaban de testaferros.

Indagatorias

En este contexto, los fiscales Zárate y Velasco y la fiscal Roteta le solicitaron al juez Vázquez que indague a los contadores como jefes de una asociación ilícita tributaria y a uno de ellos como coautor de lavado de activos de origen delictivo y cómplice primario de cuatro hechos de evasión tributaria simple y cuatro hechos de evasión tributaria agravada. Pidieron asimismo la indagatoria de otro hombre como jefe de la asociación ilícita y coautor de lavado de activos.

Por otra parte, requirieron la citación de otro hombre como miembro de una asociación ilícita tributaria y cómplice secundario de dos hechos de evasión tributaria simple y un hecho de evasión tributaria agravada y el emplazamiento de otros ocho hombres como miembros de la organización y coautores de lavado de activos.

Los y las representantes del MPF también pidieron la citación de otras siete personas como miembros de la asociación ilícita fiscal, de otros dos hombres y de cuatro empresas como coautores de lavado de activos -uno de ellos, también por falsificar documentos públicos- y de una mujer como cómplice primaria de lavado de activos.

La fiscalía también pidió el llamado a indagatoria de una mujer por evasión tributaria simple y agravada, y de un hombre, una persona jurídica y los directivos de dicha cooperativa durante el año 2017, por evasión tributaria simple.

Finalmente, con asistencia de la responsable de la DGRADB, María del Carmen Chena, pidieron que se dictaran medidas cautelares patrimoniales para a asegurar el decomiso del producto de los hechos delictivos investigados, la restitución, la pena pecuniaria y las costas del proceso que se pudieran imponer en caso de recaer sentencia condenatoria.