30 de octubre de 2020
30 de octubre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El MPF pidió que cinco imputados franceses testimonien en la Argentina
BNP Paribas: en julio comenzarán las indagatorias a directivos y clientes por lavado de activos
La Cámara del Crimen había ordenado en octubre las declaraciones, tras la negativa original del juez, quien ahora dispuso el cronograma. El fiscal Azzolin y la Procelac investigan una asociación ilícita que entre los años 2000 y 2008 se dedicó al lavado de dinero de procedencia delictiva y logró fugar más de mil millones de dólares.

El juez Osvaldo Rappa dispuso comiencen a prestar declaración indagatoria desde el 1° de junio los directivos y clientes del banco BNP Paribas acusados de integrar una asociación ilícita que entre los años 2000 y 2008 se dedicó al lavado de dinero de procedencia delictiva y logró fugar del país más de mil millones de dólares. Luego de la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional -que tras la negativa del juez ordenó el llamado a indagatoria en octubre del año pasado-, el representante del Ministerio Público Horacio Azzolin y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal General Carlos Gonella, presentaron un escrito en el que proponían un plan de trabajo que incluía escuchar a algunos de los imputados en Francia. Rappa hizo lugar y les envió la causa para preparar el exhorto internacional con la colaboración de la Secretaría de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal, Extradiciones, Derecho Internacional y Derecho Comparado del MPF.

Pero entremedio de esas diligencias, los ciudadanos franceses Armand Auguston Abeillon, Philippe Yves Henri Joannier, Ghislain Jean Marie Benoit Martin de Beaucé, Michel Michael Basciano y Christian Marie Francois Giraudon, quienes debían declarar en el país europeo, se presentaron en la causa y designaron defensores argentinos. Por ese motivo, los representantes los fiscales elaboraron otro documento que proponía que las indagatorias se llevaran a cabo en la Argentina, siguiendo el principio general de que los imputados deben declarar en la sede del juzgado.

En ese sentido, como no son los únicos imputados que viven en el exterior, sino que hay varios de nacionalidad argentina, “lo que antes parecía conveniente [que declarasen en Francia] ahora ya no lo es. Si hay muchos imputados viviendo en distintos países, escucharlos a todos en su lugar de residencia puede llegar a demorar enormemente la concreción de las declaraciones”, advirtieron los representantes del Ministerio Público en la presentación. Tras escuchar a la defensa, que adujo sobre la situación económica, el juez no hizo lugar al pedido e insistió con el plan de trabajo original.

En definitiva, el juzgado dispuso el cronograma para las 17 declaraciones indagatorias que serán prestadas en la Argentina entre el 1° y el 14 de julio. Entre ellas está la del directivo Alexis Nicolás Quirot de Poligny.

En tanto que para los ciudadanos franceses Philippe Yves Henri Joannier, Christian Marie Francois Giraudon -ambos directivos-, Armand Auguston Abeillon, Ghislain Jean Marie Benoit Martin de Beaucé y Michel Michael Basciano, ordenó que se le reciba declaración en su país de origen del 1° al 5 de septiembre.

En el marco de la causa, se enviaron varios exhortos internacionales pidiendo información sobre los fondos transferidos al exterior. Entre esos países está Costa Rica, país en el que un funcionario de Procelac está entrevistándose con sus pares locales para agilizar la respuesta. Todo ello, con la colaboración del equipo de la mencionada Secretaría de Asistencia Jurídica Internacional. Además, se prevé que se solicite la prohibición de salida de la Argentina de algunos de los imputados.

Las maniobras investigadas

Las actividades, que infringían el régimen penal cambiario se desarrollaban en la oficina del "BNP Paribas", ubicada en el piso 27 de Leandro N. Alem 855 de la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba la oficina de "Clientela Privada" y "Complaince Office". Se les atribuye también, tanto a empleados como a directivos, la administración de sumas de dinero para ingresar al mercado financiero eludiendo la normativa y los controles referentes a la prevención del lavado de activos, en infracción a las leyes vigentes.

El fiscal Sandro Abraldes, quien había intervenido en un primer momento en la causa, comprobó la existencia de una organización criminal clandestina bajo la órbita de la sucursal de Buenos Aires de la entidad cuya actividad -decidida por su máxima jerarquía institucional nacional e internacional, y co-ejecutada por sus dependientes- era “administrar carteras de inversiones con procedencia delictiva, aplicadas en sucursales de plazas extranjeras de la misma entidad financiera –y por un monto total cercano a los mil millones de dólares estadounidenses-, mediante una estructura idónea y procedimientos especialmente diseñados para evadir los controles establecidos en materia de lavado de activos".

De acuerdo con el pedido presentado por Azzolin y Gonella, los clientes que concurrían a las citadas oficinas de Leandro N. Alem 855 no lo hacían para concretar sus negocios jurídicos particulares con Philippe Yves Henry Joannier, ni con Christian Marie Francois Giraudon o Alexis Nicolás Quirot de Poligny -algunos de los directivos del banco-, tal como declararon, sino que “buscaban (…) proveerse de los servicios ilegales ofrecidos por la sucursal local de una entidad financiera con estructura y renombre internacional”. Los fiscales habían señalado que, de esa manera, desde la entidad financiera se concretó una asociación para administrar, en el mercado financiero mundial, capitales de procedencia delictiva.