En la sala AMIA de los tribunales federales de Retiro declararon este miércoles ocho pilotos de la empresa de taxis aéreos Top Air, en el marco de la causa donde se juzga al empresario Lázaro Báez, Leonardo Fariña, Federico Eláskar y otros 22 imputados por lavado de activos. El Ministerio Público Fiscal se encuentra representado en el juicio por el fiscal general Abel Córdoba y los auxiliares fiscales Juan Manuel Gaset y María Laura Grigera, e intervienen como querellantes la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Top Air era la empresa de taxis aéreos que adquirió Lázaro Báez a través de la compra del 49% del paquete accionario, para los viajes de los integrantes de su grupo económico a diferentes puntos de Argentina, mayoritariamente a través de la ruta Río Gallegos - San Fernando.

Los testigos fueron interrogados por las partes en relación al rol de Walter Adriano Zanzot, presidente y accionista mayoritario de la firma TOP AIR S.A., sobre las características de los aviones y los vuelos que se realizaban, los procedimientos administrativos y de seguridad en el embarque y desembarque en los distintos aeropuertos, entre otras cosas.

Zanzot fue procesado por el juez Sebastián Casanello como partícipe necesario en la maniobra de lavado de activos que habría tenido lugar, para lo que se valoró no solamente el rol de la empresa aérea a su cargo, sino también la constatación de su presencia en la financiera SGI mientras se contaba dinero junto al hijo de Lázaro Báez,  en la filmación conocida como “La Rosadita”.

Recupero de activos

En agosto de 2018, el Tribunal Oral Federal N° 4 -integrado en ese entonces por Guillermo Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iñíguez- dispuso que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tome posesión y venda las aeronaves Learjet 35A matrícula LV BLP y Rockwell 690b Turbo Commander LV MBY que eran propiedad de la empresa Top Air S.A. a través de una subasta pública.

Esa medida había sido solicitada por el fiscal general Córdoba para proteger el valor de los bienes que podrían ser objeto de un eventual decomiso, posibilidad expresamente prevista por la ley 20.785. En su fallo, el Tribunal explicó que lograr el recupero de activos y la reparación del daño causado por el delito tiene fundamento en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y además “se mantiene congelado de la manera más razonable posible el patrimonio de la firma Top Air S.A., permitiéndose a sus accionistas para el caso de que se dicte un pronunciamiento liberatorio, contar con la oportuna devolución de los fondos cautelados y con la vía civil para efectuar eventuales reclamos frente al Estado”. La Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la PGN se encuentra interviniendo junto a la Fiscalía General N°2 a cargo de Córdoba en un proceso judicial en el que se dispuso la inhibición general de bienes de trece sociedades, cerca de cien propiedades, automotores, maquinaria vial, aviones y fondos depositados.