En el marco de la causa que se le sigue a la cúpula de la Comisaría N°38, la Fiscalía ante el Tribunal Oral Criminal N°20 realizó ayer su alegato y pidió penas de entre tres años y un año y medio de prisión e inhabilitación total para los cuatro imputados como coautores del delito de encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos y por no denunciar la perpetración de un delito que debían perseguir penalmente. Se trata del comisario Roberto A. Cabrini, de los subcomisarios Jorge Durán y Alfredo O. Martínez, y del subinspector Sergio D. Rodríguez.

La acusación del fiscal le endilga a Cabrini seis casos de falsificación de documentos públicos y diez de falsedad ideológica. En tanto que a Durán lo acusó también por ocho hechos de falsedad ideológica de documentos públicos y a Rodríguez cuatro de ese mismo delito.

El alegato

La audiencia comenzó cerca de las 10:30 y la apertura de los alegatos estuvo a cargo de la auxiliar fiscal Priscila Eisenchlas, quien hizo un repaso por las pruebas recolectadas a lo largo de todas las audiencias en las que declararon más de 35 testigos. En esa línea, destacó las declaraciones más relevantes que dieron cuenta que en los tres locales -denominados Doly’s, Fama y Envidia-, se ejercía la prostitución y enumeró la cantidad de veces que distintos testigos explicitaron que Doly’s era un prostíbulo muy conocido en el barrio de Flores.

Otro de los aspectos en el que hizo hincapié la fiscalía fue en el estrecho vínculo que existía entre los funcionarios públicos y los dueños de los distintos locales investigados, que se tradujeron en la enorme cantidad de llamadas telefónicas entre unos y otros durante los momentos previos y posteriores a las inspecciones y allanamientos que se practicaron entre los años 2008 y 2011.

El alegato de la Fiscalía destacó, entre otros aspectos, el estrecho vínculo entre los funcionarios públicos acusados y los dueños de los locales investigados.

Por otro lado, se refirió puntualmente a la declaración de uno de los mozos de Doly’s , quien aseguró que las mujeres realizaban los denominados “pases” en un domicilio lindante y que un 50% del valor delos mismos era para el dueño del boliche, que era el responsable de pagarles al finalizar la noche. Agregó que, según los dichos del testigo, ese porcentaje podía reducirse si las chicas se demoraban más de la cuenta e inclusive podían no pagarles si así lo consideraban los “regenteadores”.

Asimismo, mencionó que la causa en la que estaban imputados los dueños de los locales nocturnos investigados prescribió en 2016 , luego del procesamiento y posterior pedido de elevación a juicio y enumeró informes periodísticos difundidos en diferentes medios de comunicación en los cuales se mencionaba que en esos lugares obligaban a mujeres a ejercer la prostitución, y que incluso uno de ellos daba cuenta de la muerte de una joven menor de edad en el local Doly’s.

Otro de los testimonios que reprodujo fue también el de la licenciada Zaida Gatti, quien en su declaración mencionó el megaoperativo que se llevó a cabo en 47 boliches , en el marco de una investigación por la posible existencia del delito de trata de personas. En esa oportunidad, la especialista detalló que todas las mujeres con las que se había entrevistado se encontraban en situación de prostitución y resaltó que tanto Doly’s como Envidia habían sido varias veces allanados.

Falsificación de documentos

La auxiliar fiscal continuó haciendo referencia también  a una denuncia anónima recibida en la Comisaría N°38 que detallaba que en el local Envidia se ejercía la prostitución y que las mujeres eran traídas desde distintas provincias. Finalmente, explicitó la existencia de actas en las cuales un grupo de testigos no reconocieron sus firmas y en las que, a través de pericias caligráficas, se determinó que las mismas no correspondían a las personas que supuestamente habían rubricado las actas. De esta forma, se pudo establecer que para falsificar los documentos los comisarios utilizaron las firmas de vecinos que habían ido a dicha comisaría para realizar distintos trámites.

Se pudo establecer que para falsificar los documentos los comisarios utilizaron las firmas de vecinos que habían ido a la comisaría para realizar distintos trámites.

Por su parte, el fiscal Carlos Gamallo se refirió al caso como un “rompecabezas terminado” en el que cada una de las pruebas opera como una “pieza”:“¿Qué es lo que se le demanda a un comisario? Que conozca su jurisdicción. Ellos sabían perfectamente qué era lo que sucedía en Doly’s. Ellos mismos reconocieron que eran cabarets (…) Si a las actuaciones, que comenzaron en octubre de 2009, las vinculamos con otros datos como las llamadas telefónicas que se devolvían el mismo día que las inspecciones y a eso le sumamos el hecho de que ellos sabían que allí se ejercía la prostitución, todo toma otro color”.

En esa misma línea, el representante del MPF sostuvo que si los comisarios, en el marco de inspecciones y/o allanamientos, se encontraban con mujeres “ligeras de ropa”, si se sabía lo que allí ocurría y había personas extranjeras indocumentadas, no podían volcar en las actas que no había novedades ni “anomalías”. “Se trata de gente con experiencia en la calle. Si a esto le sumamos las llamadas telefónicas se va completando el rompecabezas”, afirmó.

El fiscal aseguró que los comisarios no sólo “omitieron blanquear” cuál era la actividad que vieron que se realizaba en los boliches sino que también adulteraron documentos públicos y “se tomaron el trabajo” de inventar la presencia de personas en determinados procedimientos y falsificaron la firma de Cabrini para que funcionara como una falsa constancia de los operativos. “Se inventaron documentos de vecinos que decían que en los boliches no había inconvenientes”, añadió.

De esta manera, el representante del MPF señaló que todas estas maniobras tenían como propósito “encubrir investigaciones para beneficio personal de los dueños de los locales nocturnos”.

Finalmente, resaltó que los imputados no cumplieron con su rol de policías y que incumplieron con su deber que tenían como cúpula jerárquica de la Comisaría N°38. “Son todos coautores ya que todos tenían un deber común y cada uno hizo su aporte. Se trata de un delito muy grave ya que su rol  principal era el de prevenir el delito”.

El fiscal señaló que todas estas maniobras tenían como propósito “encubrir investigaciones para beneficio personal de los dueños de los locales nocturnos”.

La instrucción de la causa estuvo a cargo de los fiscales Fernando Fiszer, de la Fiscalía Nacional de Instrucción N°8, y Marcelo Colombo, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). El debate comenzó el 1 de marzo y se reanudará el próximo lunes 29 de abril con los alegatos de las defensas.