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El requerimiento alcanza también a los otros tres imputados en la investigación por el manejo irregular de publicidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Es porque una empresa vinculada al ex funcionario recibió en 2015 más de 12,5 millones de pesos para la realización de la edificación que nunca se concluyó.
El hecho ocurrió el pasado 10 de junio, en la localidad bonaerense de Temperley. Minutos antes del secuestro, los captores habían efectuado una entradera y la Policía los persiguió por ese hecho. Durante la huida, con las víctimas a bordo, el automóvil colisionó contra un árbol y les ocasionó la ...
Así lo dispuso la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. La imputada realizó diversas operaciones bancarias con el fin de introducir al sistema financiero dinero originado en la comercialización de estupefacientes, actividad que realizaba su concubino.
Recibió dos años y cuatro meses de prisión en suspenso. En el mismo proceso se declaró la responsabilidad penal de un menor de edad que intervino en el hecho.
La Fiscalía solicitó investigar si entre los años 2009 y 2014 sobornaron al presidente de la empresa brasileña de energía atómica “Eletronuclear” con el propósito de lograr la adjudicación de la obra de construcción de la Central Nuclear ANGRA III, situada en Angra Dos Reis. Además, requirió ...
El hecho tuvo lugar el 12 de agosto de pasado. La víctima viajó junto a su hermano desde Puerto Iguazú –donde habrían sido “marcados” por los agentes involucrados- hacia Aeroparque. Una vez arribados a la Ciudad de Buenos Aires, fueron seguidos e interceptados al llegar a su domicilio, donde les ...
Ayer declararon los últimos testigos. En el caso, hay un intendente y un policía acusados de brindar protección para el funcionamiento de una red de trata de personas en un reconocido prostíbulo ubicado en la localidad pampeana de Lonquimay.
Fue por la decisión del funcionario de no prorrogar el Convenio Marco del 2 de junio de 2015 entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Administración Nacional de Seguridad Social. La Fiscalía además solicitó varias medidas de prueba.
Lo dispuso la Sala IV, a raíz de un recurso interpuesto por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en el marco de una investigación iniciada por la UFI PAMI y seguida contra un oftalmólogo y dos representantes de la obra social de los jubilados y pensionados.