La jueza a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°40, Paula González, procesó con prisión preventiva a cinco personas acusadas de liderar e integrar una asociación ilícita que efectuó 16 hechos de estafas con la venta de inmuebles que eran comercializados bajo la modalidad “de pozo”. Además, trabó embargo para uno los implicados hasta cubrir la suma de 905 millones de pesos y dispuso la inhibición general de los bienes de los cinco involucrados.

La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°16, a cargo de Mónica Cuñarro, con la asistencia de la auxiliar fiscal Andrea Martínez, y con la colaboración de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, a cargo de María Fernanda Bergalli y María del Carmen Chena, respectivamente.

El caso

De acuerdo a la investigación desplegada por la fiscalía, los imputados habrían organizado e integrado una asociación ilícita, económicamente sofisticada y jerárquicamente organizada, dedicada a realizar estafas millonarias a través del sistema inmobiliario. La banda habría operado entre 2012 y junio de 2024, y habría cometido -al menos- 16 operaciones fraudulentas en diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires.

Según la imputación, a través de la firma Induplack Fiduciaria S.A -de la cual cuatro de los imputados eran representantes legales y el restante, su apoderado y a su vez presidente de Icons Tech S.A.- administraban supuestos fideicomisos para la construcción de inmuebles de propiedad horizontal. Y, con ese esquema, ofrecieron a la venta -por sí o por intermediarios- unidades bajo la modalidad de “venta de pozo”, para lo cual recibieron pagos anticipados y cuotas de los compradores que debían destinar a la construcción de inmuebles.

Sin embargo, cuando se vencieron los plazos convenidos y debieron entregar las unidades, las obras no se habían concluido y tampoco se habían realizado los trámites para escriturar los departamentos, lo que perjudicó gravemente a las víctimas, quienes no solo sufrieron pérdidas económicas sino también daños morales significativos.

Para las representantes del Ministerio Público Fiscal el proceder de los imputados evidenció un plan de negocios destinado a generar ganancias ilícitas, utilizando los aportes de los compradores sin destinarlos a los fines acordados.

En mayo de 2023, tres de los integrantes de Induplack Fiduciaria S.A, fueron procesados por siete hechos de desbaratamiento de derechos acordados -maniobra donde existe un negocio válido por la que una persona otorga un derecho sobre un bien a cambio de un precio, pero el trato se ve frustrado por un acto posterior- y, en agosto de ese año, nuevamente se los procesó junto al apoderado -quien intervino en una de las maniobras- por siete hechos de estafa reiterada. En esa ocasión se embargaron sus bienes hasta cubrir la suma de 190 millones de pesos.

La investigación también evidenció que los imputados no solo cumplían funciones en Induplack Fiduciaria S.A. sino que también integraban, al menos, otras veinte empresas del rubro de la construcción, que fueron constituidas tras las denuncias de las víctimas.

Desde diciembre de 2024 hasta la actualidad, ingresaron al Juzgado más de cien causas contra los mismos imputados, lo cual para la fiscalía revela que el complejo societario creado por los imputados no tuvo como único fin asegurar el provecho del delito, sino también la continuidad de su ejecución, pues desplegaron múltiples conductas para evitar las limitaciones derivadas de las medidas cautelares oportunamente adoptadas, tanto en las causas que tramitan ante los fueros civil y comercial, como en la investigación en sede penal.

Procesamientos

En base a las pruebas recabadas en la investigación, el Ministerio Público solicitó el procesamiento de las personas implicadas, lo cual fue receptado por la jueza González, en su resolución del pasado 7 de abril, quien les imputó “haber organizado y tomado parte en una asociación o estructura criminal signada por el propósito colectivo de desplegar conductas delictivas de manera sistemática y prolongada en el tiempo”

“Con esas preventas, Induplack Fiduciaria S.A. se aseguró la rentabilidad de cada proyecto, atrayendo a los compradores; quienes utilizaban sus ahorros para aprovechar los planes de pago en cuotas que les eran ofrecidos para la adquisición de alguna de las unidades resultantes de la concreción de esos proyectos inmobiliarios. Sin embargo, no obstante haber recibido los fondos suficientes como para cubrir el costo de la construcción; los imputados desviaron el dinero recibido en su propio beneficio y/o de terceros, perjudicando los derechos de los beneficiarios, que nunca pudieron tomar posesión ni escriturar en término las unidades funcionales que habían comprado”, indicó la jueza.

En función de esos hechos, los procesó por asociación ilícita -a uno de ellos como jefe y a los restantes como miembros- y como coautores del delito de estafa reiterado en 16 oportunidades.

La jueza también ordenó el embargo de los bienes de uno de los imputados hasta cubrir la suma de 905 millones de pesos y dispuso la inhibición general de bienes para los cinco acusados. Estas medidas cautelares adoptadas por la magistrada habían sido requeridas por la fiscalía junto a la SIFRAI y la DGRADB para que se cumpla con la normativa que dispone que, en casos como el presente, debe prevalecer la restitución de los bienes que han sido objeto de las maniobras delictivas investigadas a las víctimas, por sobre el decomiso de las ganancias provecho (producto indirecto) del delito y de las penas pecuniarias que se pudieran imponer en caso de recaer sentencia condenatoria.