El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia estableció que el miércoles 10 de junio a las 8:30 comenzará el debate a los cinco acusados del contrabando más grande detectado de cocaína a Europa -más de una tonelada- en el caso conocido judicialmente como "Carbón Blanco". Los jueces estipularon inicialmente citar a declarar a 49 testigos y examinar 374 pruebas documentales ofrecidas por las diferentes partes del proceso.

El auto de admisión de prueba fue notificado a la fiscalía el viernes pasado, el mismo día en que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la prisión domiciliaria del abogado Carlos Alberto Salvatore, acusado como jefe de la organización criminal. Los jueces habían resuelto el 5 de marzo pasado "urgir el trámite de la causa" para "estar en condiciones de fijar audiencia de debate a la brevedad", ante el vencimiento de las prisiones preventivas de la mayoría de los acusados.

En efecto, el fiscal general ante el TOCF, Federico Carniel, había solicitado en reiteradas oportunidades "la resolución de admisibilidad de la prueba y la fijación de la fecha del debate", porque "estos actos dotarán de previsibilidad fundamentalmente al imputado quien es el que sufre el encierro".

Los cinco imputados fueron detenidos durante 2012: el empresario Patricio Daniel Gorosito, el 13 de marzo; el comerciante Rubén Félix Esquivel, el 15 de marzo; el empresario Carlos Pérez Parga, el 13 de abril; el comerciante Héctor Ángel Roberto, el 18 de mayo, y el abogado Salvatore, el 11 de diciembre. Todos ellos deberán afrontar la acusación de haber cometido, en distintos grados de participación, contrabando de estupefacientes doblemente agravado por el destino de comercialización, como así también por la participación de tres o más personas.

La imputación es por tres hechos. El primero de ellos sucedió el 8 de marzo de 2012 con la exportación de aproximadamente 380 kilos de clorhidrato de cocaína que finalmente fueron secuestrados en la localidad de Cabanas do Chao, en las cercanías de la ciudad Lisboa, Portugal.

Los paquetes se hallaban ocultos en bolsas de carbón que formaban parte del embarque perteneciente a la firma Carbón Vegetal del Litoral S.R.L. El cargamento provenía de Quitilipi, Chaco, y había sido inspeccionado en la aduana de Barranqueras, en la misma provincia. Su salida del país fue a través del Puerto de Buenos Aires.

El segundo hecho imputado ocurrió cinco días más tarde, durante la requisa de dos contenedores de la misma firma que se encontraban en las terminales 1, 2 y 3 del Puerto de Buenos Aires a la espera de otro embarque a Portugal. En uno de los contenedores, 70 de las 1050 bolsas supuestamente de carbón contenían cocaína. En total, pesaban poco más de 519 kilos.

Finalmente, en el tercer hecho fueron secuestrados en Lisboa el 11 de abril de 2012 casi 152 kilos de cocaína en un contenedor de la misma empresa. El estupefaciente también estaba camuflado en el interior de bolsas plásticas de carbón vegetal.

Los roles

En el requerimiento de elevación a juicio formulado en junio del año pasado, el fiscal federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Sansserri, y el entonces titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Félix Crous, consideraron que el abogado Salvatore llevó a cabo "la puesta en marcha de este engranaje criminal" y que ocupaba "lo más alto de la escala de mando", dado que tenía a cargo "la tarea de supervisar, controlar, administrar, definir, organizar y financiar lo que ha sido una verdadera empresa comercial dedicada al transporte de estupefacientes al continente europeo". La pesquisa logró comprobar que Salvatore tenía participación en 20 sociedades comerciales de distintos rubros, poseía cuentas bancarias y propiedades en Argentina, Uruguay y Estados Unidos y registraba viajes a este último país y a islas del caribe conocidas como paraísos fiscales.

Durante un allanamiento a las oficinas de Salvatore, la policía secuestró "documentos que son de uso exclusivo de los funcionarios aduaneros que tienen la tarea de velar, justamente, por el control de las mercaderías que salen del país". Esos elementos también son parte de otra causa, aún en fase de instrucción, donde se investiga la responsabilidad de los funcionarios de la Aduana.

También, le encontraron en la computadora un archivo con la descripción de reuniones en Rosario con distintas personas de nacionalidad colombiana a quienes se les había ofrecido el traslado de 300 kilos de cocaína a Europa a cambio de un millón de dólares.

Entre tanto, Gorosito fue individualizado como quien manejaba en Europa las operaciones. Para los fiscales, tuvo "semi-plena capacidad operativa y un rol trascendental en el dominio del aparato material de la logística del transporte".

"Roberto, Pérez Parga y Esquivel han cumplido un rol trascendental en la organización", agregaron los representantes del MPF. Roberto era la "mano derecha" de Gorosito y cumplía la función de "enlace y articulación" con Salvatore; Pérez Parga era el gerente de producción de Carbón Vegetal del Litoral S.R.L., y Esquivel era el encargado de la planta en Quitilipi.

Entretanto, la jueza federal de Presidencia de Roque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, instruye la causa por el lavado del dinero proveniente del tráfico de cocaína. A pedido del fiscal Sansserri y del fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, la magistrada dispuso recientemente el procesamiento de seis personas y su embargo por un total mayor a los 1600 millones de pesos. Entre los procesados por lavado están Salvatore, su esposa Silvia Susana Valles Paradiso, su suegro Santiago Valles Ferrer y su hija Carla Yanina Salvatore D'Ursi. La medida también comprendió al bogado, docente y funcionario de la Universidad Nacional de Mar del Plata Mariano Jesús Castellucci y al empresario Ricardo Gassan Saba.