Violencia institucional
La víctima viajó junto a su hermano desde Puerto Iguazú a Aeroparque, en donde los “marcaron” y siguieron hasta la puerta de su domicilio. Les quitaron dos valijas con el dinero tras intimidarlos con armas y dispararles. Ocurrió en agosto pasado.
El representante del MPF identificó a una docena de agentes que habrían utilizado la fuerza “de manera injustificada” contra los vecinos que se hallaban en el lugar. Por los disparos realizados con las escopetas reglamentarias resultaron heridos dos niños y tres adultos.
El fiscal ad hoc de la Procuraduría de Violencia Institucional Claudio Pandolfi repasa cómo se llegó a que el juez Alberto Santa Marina ordene cumplir con un protocolo elaborado por la ANMAT para garantizar estándares de seguridad e higiene en la cocina del complejo penitenciario.
Durante la investigación, se probó que el uniformado "se encontraba parado, erguido y con uno de los brazos extendidos" al momento del disparo y que la víctima se alejaba corriendo de espaldas al acusado, por lo que quedó descartado el planteo de la defensa que había alegado "legítima defensa".
Así lo decidió el Juzgado Federal Criminal y Correccional n° 1 de Lomas de Zamora, que hizo lugar a la petición de la Procuvin y la Defensoría Oficial y ordenó que se ejecuten las modificaciones dispuestas en el sistema alimentario del penal. Entre ellas, el urgente acondicionamiento de la cocina ...
El trabajador, quien comercializa desde hace un año y medio pañuelos descartables en el pasillo que une las líneas A y C, se acercó a ATAJO a denunciar la violencia del operativo y lo injustificado de su detención.
La Justicia había ordenado que se realicen modificaciones en el sistema alimentario del penal, pero el SPF apeló la medida. Ahora, la procuraduría especializada, junto a la Defensoría Pública Oficial Nº2 de Lomas de Zamora, interpuso una cautelar para que se ejecute la sentencia, que entre distintas ...
La Sala II consideró que la forma en que se efectuó el procedimiento “no respeta los lineamientos marcados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, puesto que se realizó sin orden judicial y sin intervención de un profesional de la salud.
Los tres agentes se suman a otras dos personas privadas de la libertad que también formaban parte de la maniobra. Las víctimas debían abonar un canon mensual en dinero o en tarjetas telefónicas para acceder a una mejor celda. Quienes se negaban a pagar, además eran amenazados.
La Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional desestimó la versión del acusado respecto a un accionar justificado en la legítima defensa. Las pericias balísticas demostraron que la víctima corría de espaldas y se encontraba a casi 19 metros del agente de la policía porteña ...
El juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para inmovilizar automotores de alta gama a fin de asegurar el decomiso del producto del delito, estimado en casi 2 millones de pesos.