Violencia institucional | Noticias
A pesar de los avances en la remodelación del Hospital Penitenciario Central, originada en la presentación de un habeas corpus, los representantes de la procuraduría realizaron una nueva presentación penal al hallar personas alojadas en “retenes” que no cumplen las condiciones mínimas.
Lo solicitaron el fiscal general de Posadas, Rubén González Glaría, y el titular de la Procuvin, Miguel Palazzani. En su escrito, los representantes del MPF sostuvieron que la investigación judicial realizada en el fuero provincial tuvo irregularidades que podrían derivar en responsabilidad ...
Además, los representantes del MPF solicitaron que se tome declaración indagatoria a los imputados por el hecho, entre los que se encuentran miembros de las fuerzas de seguridad de Santa Fe.
En el marco de una mesa de trabajo integrada por representantes de distintos organismos públicos, se homologó el protocolo de aplicación obligatoria que tiene como objetivo el respeto de la privacidad, confidencialidad, intimidad y dignidad de las personas.
Los representantes del MPF apuntaron contra la arbitrariedad de la resolución y solicitaron que se disponga el procesamiento de los cuatro imputados. Además, pidieron que por seguridad sean apartados de actividades que impliquen “cualquier tipo de contacto” con la víctima, familiares, testigos y ...
Los fiscales Palazzani y Pandolfi consideraron que la conducta encuadra en el régimen disciplinario del Servicio Penitenciario y no en una causa penal.
La medida está fundada en la vulnerabilidad de las víctimas y alcanza a cuatro agentes de la cárcel de Ezeiza. También, prevé la prohibición de contacto con los familiares de las personas privadas de la libertad.
El juez de instrucción Peralta resolvió, luego de un pedido de la Procuraduría de Violencia Institucional, el traslado de personas alojadas en la Alcaidía de Tribunales durante más tiempo que el permitido por la Corte Suprema. El máximo tribunal había dispuesto que solamente pueden pernoctar en el ...
La Procuvin presentó un habeas corpus para resguardar a las personas privadas de libertad en el centro de detención y denunció penalmente a funcionarios penitenciarios por las condiciones del lugar. "Implica un acto de tortura”, señaló la procuraduría especializada.
