05 de octubre de 2022
05 de octubre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En la sede de la Procuración General de la Nación
Miembros del MPF se reunieron con el Presidente del Grupo de Trabajo sobre soborno transnacional de la OCDE
El encuentro, que contó con la presencia de representantes de procuradurías, direcciones especializadas, titulares de fiscalías federales y funcionarios de este fuero, estuvo centrado en cómo dar cumplimiento a las recomendaciones de la OCDE para penalizar a las empresas y personas que, en transacciones comerciales, ofrezcan, prometan o den dinero a funcionarios públicos extranjeros, con el fin de beneficiarse en sus actividades económicas internacionales.

En el día de ayer, representantes del Ministerio Público Fiscal se reunieron con el presidente del Grupo de Trabajo Sobre Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Drago Kos. El representante de la organización intergubernamental mantuvo dos encuentros en la sede de la Procuración General de la Nación, en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667, en los que se reunió con miembros de procuradurías, direcciones especializadas y diversos titulares y funcionarios de fiscalías del Fuero Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

El primer encuentro, de carácter protocolar- se celebró en el “Salón de Cuadros”, y estuvo encabezado por la procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Laura Monti, quien recibió a Kos y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. En la presentación, la procuradora general interina Monti –en reemplazo del Dr. Casal, quien se encuentra cumpliendo una misión en el exterior- destacó el acompañamiento por parte del Ministerio Público Fiscal a la política de Estado promovida por el Gobierno nacional que impulsa la incorporación de la Argentina como miembro pleno de la OCDE.

En dicho encuentro también estuvieron presentes Luis Arocena, integrante de la Secretaría de Coordinación Institucional del MPF; Mirna Goransky, responsable de la Unidad de Implementación del Código Procesal Penal; Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC); Sergio Rodríguez, José Ipohorski Lenkiewicz y Andrea Garmendia  de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA); Judith König, de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI); Carmen Chena, de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomisos de Bienes (DGRADB), y Elena Godoy, de la Dirección General de Cooperación Regional e  Internacional (DGCRI). Asimismo, por parte de la Oficina Anticorrupción también asistieron el Subsecretario de Investigaciones Ignacio Irigaray y la Directora de Investigacioens Adriana Galafassi, al tiempo que también participó un representante de la Dirección de Consejería Legal de la Cancillería Argentina, Nicolás Rantica.

En ese contexto, los participantes presentaron a Kos la situación institucional actual en la que se encuentra la Procuración General de la Nación y detallaron las acciones desarrolladas hasta el momento para la implementación del Código Procesal Penal en las jurisdicciones de Salta y Jujuy. También, se le presentaron las procuradurías especializadas y las unidades de asistencia en investigaciones financieras y de recupero de activos, al tiempo que se le mostró el trabajo realizado en materia de cooperación internacional.

Reunión con fiscales federales

A media tarde, la procuradora Monti, Drago Koz y Laura Alonso se reunieron en el salón Auditorio con los fiscales Jorge Di Lello y Franco Picardi y funcionarios de distintas fiscalías del fuero Criminal y Correccional Federal quienes, junto a representantes de la PIA, PROCELAC y de la Secretaría de Coordinación Institucional, intercambiaron sus experiencias en la lucha contra la criminalidad económica, al tiempo que se describieron los estándares y técnicas de investigación y cooperación que emplean los países de la OCDE en este tipo de delitos, con miras a alcanzar los estándares de la Convención contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales y las Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre soborno de la OCDE.

¿Qué es la Convención OCDE?

Recientemente la República Argentina se presentado para iniciar el proceso de incorporación como miembro de la OCDE. Sin embargo, desde la ratificación en el año 2000 de la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (Ley 25.319), el país ya venía participando del Grupo de Trabajo sobre Soborno de este organismo internacional; que en la actualidad integran 44 países.

 La “Convención OCDE” se centra en la faz activa del soborno trasnacional. Su objetivo principal es penalizar a las empresas y personas que, en sus transacciones comerciales, ofrezcan, prometan o den dinero o gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros, con el fin de beneficiarse en sus actividades económicas internacionales. De acuerdo a este instrumento internacional, la detección y sanción de los pagos ilegales es independiente de que el funcionario público sea acusado de haber recibido el pago ilegal o la dádiva comprometida.

La visita de Drago Kos se da en el marco de un seguimiento de recomendaciones que implican el trabajo y colaboración de varios organismos de los tres poderes del Estado Nacional. El cumplimiento de estas recomendaciones, a su vez, es un requisito de suma importancia para que la Argentina logre el ingreso como miembro pleno de la OCDE.

La convención requiere que el país adecúe sus marcos normativo e institucional en materia de prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción de los delitos de soborno transnacional en particular, y de la criminalidad económica compleja en general. Es por eso que el Ministerio Público Fiscal es uno de los actores centrales para la correcta aplicación de estas recomendaciones, ya que dentro de ellas se encuentran varias que se vinculan funcionalmente con la Procuración General de la Nación y con la labor que desempeñan los fiscales en el impulso de las investigaciones y procesos por este tipo de delitos.