Fiscales de juicio de diversas jurisdicciones del país coinciden en que el compromiso de quienes integran los equipos de trabajo fue uno de los factores imprescindibles para continuar ejerciendo el rol asignado al Ministerio Público Fiscal de la Nación durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio establecido ante la pandemia de coronavirus. 

En esta nota, la fiscal general Gloria André -de Mendoza- y los fiscales generales Miguel Palazzani -en Neuquén-, Federico Carniel -en Resistencia, Chaco- y Marcelo Agüero Vera -desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- relatan cómo vienen siendo sus intervenciones desde marzo hasta la actualidad, las dificultades sorteadas en torno a la virtualidad, los resultados obtenidos y los desafíos que hay por delante. Las experiencias narradas son algunas de las tantas protagonizadas por las fiscalías, que en materia de juicio se suman a las de Corrientes, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, San Martín, Catamarca, otros fueros de la CABA -tanto nacional como federal-, Salta y Jujuy, por sólo citar algunos ejemplos.

El fiscal Miguel Palazzani -a cargo de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, de la Fiscalía Federal Nº1 de esa provincia y la Unidad de DDHH de Bahía Blanca- cuenta que mediante ZOOM o Skype se realizaron “audiencias que eran urgentes como las de ejecución, habeas corpus, pedidos de domiciliarias, también juicios abreviados y suspensiones de juicio a prueba”. Y que “en el caso de Bahía Blanca, se continuó con el juicio por delitos de lesa humanidad que había comenzado antes de la pandemia, en la modalidad mixta -remota y presencial-. Es una experiencia novedosa que transitamos.”

En ese sentido, destacó que en las dependencias neuquinas bajo su responsabilidad “la colaboración incondicional y el compromiso de todos sus integrantes posibilitó seguir funcionando dentro del contexto excepcional con las modalidades del trabajo remoto. La situación nos obligó a ser creativos en la solución de los distintos problemas que se nos plantearon”.

Palazzani destacó que "la colaboración incondicional y el compromiso" de quienes integran las fiscalías "posibilitó seguir funcionando dentro del contexto excepcional con las modalidades del trabajo remoto".

También valoró que “teniendo en cuenta el contexto, el rol del MPF no se resintió de manera significativa en ninguna de las instancias”. “La experiencia de los equipos de trabajo se vio enriquecida al tener que gestionar, de manera imprevista, con los medios con los que se disponían, los conflictos y situaciones que se fueron suscitando en la emergencia”, elogió.

La situación en el fuero penal económico

Marcelo Aguero Vera encabeza las fiscalías generales Nº1 y Nº3 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, con sede en la CABA. “Trabajamos desde el inicio de la feria extraordinaria de manera remota con el equipo de las dos fiscalías. Hemos realizado audiencias incluso de debate oral y público, en forma completamente remota, con audiencias de testigos y de discusión final -alegatos-”, explicó en diálogo con Fiscales.gob.ar. “La plataforma fue contratada por el TOPE y no tuvimos ningún inconveniente”, detalló. Su intervención incluyó también audiencias de probation -suspensión del juicio a prueba- y de juicios abreviados, en algunos casos con personas detenidas que se contactaron por vía remota desde la unidad de detención.

En su caso, a las fiscalías sólo se acudió “en forma excepcional, sobre todo por algún tipo de ofrecimiento de prueba que requería examinar documentación”. Sobre ese punto resaltó que esa “es una deuda que tiene todavía el sistema en cuanto a la digitalización de expedientes y documentación. Lo hemos sentido en este momento particular: de tener todo digitalizado, no tendríamos que tener ningún tipo de inconveniente. Tenemos que pensar que de aquí en más hay que cambiar esa perspectiva y comenzar desde el principio un expediente digitalizado para evitar el concepto de expediente tal como lo concebimos hasta la actualidad".

"Tenemos que comenzar desde el principio un expediente digitalizado para evitar el concepto de expediente tal como lo concebimos hasta la actualidad", planteó el fiscal Agüero Vera.

“Nos hemos adaptado y organizado bien, con los equipos en sus casas -continuó-. Obviamente con los inconvenientes que puede haber, porque a veces hay que compartir las computadoras con hijos y parejas que también trabajan. En definitiva, yo estoy conforme con los resultados. Creo que este sistema remoto llegó para quedarse, de alguna forma, porque tenemos que pensar en el día de mañana que la apertura no será absoluta y vamos a tener que continuar adaptándonos a estos nuevos tiempos", evaluó respecto de la situación de los tribunales federales porteños.

Mendoza y Resistencia

Por su parte, la fiscal general en Mendoza Gloria André explicó que en su jurisdicción durante el aislamiento hubo audiencias totalmente remotas par los casos en los que se celebraron juicios abreviados,  mientras que en los de audiencias de debate fueron mixtas. En cuanto a la organización de los equipos que encabeza -las fiscalías generales ante los tribunales orales federales N° 1 y 2 –, trabajaron desde sus domicilios. 

Ante la consulta sobre si se encontraba conforme con los resultados obtenidos en el periodo, la fiscal afirmó: “Absolutamente. Se demostró la capacidad de adaptación de todos los integrantes de la fiscalía frente a una situación excepcional como es la pandemia”. También hizo hincapié en la eficiencia y la solidaridad, pues cada persona “colaboró con otra en lo que necesitaba, fuera esto hacerle llegar un modelo de un escrito o ir a buscarlo a su domicilio para trasladarlo hasta la fiscalía”. 

La fiscal André remarcó la eficiencia, solidaridad y capacidad de adaptación "frente a una situación excepcional como es la pandemia”

“En este contexto de virtualidad este Ministerio Público hizo punta en la celebración de juicios abreviados mediante modalidad remota. A la fecha, en la Fiscalía frente al Tribunal Oral N° 1 se han realizado catorce juicios abreviados con 21 personas condenadas, y se encuentran en desarrollo dos debates con doce personas acusadas –una causa por contrabando de cigarrillos y otra por peculado-”, señaló André. A su vez, la Fiscalía N°2 “celebró 21 juicios abreviados con 45 condenas -19 por violación a la Ley 23.737, uno por contrabando de estupefacientes y otro por contrabando de mercadería. Además se realizaron tres debates con 35 condenados –Prete, Rigoletti y Díaz Parada- y se encuentra en desarrollo un cuarto debate con cinco  acusados”.  

En cuanto a Resistencia (Chaco), Federico Carniel -quien cumple funciones como fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad y por subrogancia legal ante la Cámara Federal de Apelaciones-, puso en contexto que esa jurisdicción, “después de CABA y la Provincia de Buenos Aires es la más castigada en lo que hace a número de contagios y muertos de todo el país”, y que “dada la cercanía con Corrientes en el ámbito de las fiscalías a mi cargo se desempeñan agentes residentes de las dos provincias”. Ante ese escenario, detalló que ni bien se empezó a sospechar de la gravedad de la situación, en un primer término elaboró un protocolo de trabajo y una metodología de atención al público, aunque no se pudo aplicar porque se dispuso la feria extraordinaria y la dispensa de acudir. “En consecuencia, adaptamos a nuestra realidad un protocolo realizado en la jurisdicción de Córdoba y propusimos un procedimiento para poder continuar con las audiencias de manera remota, circunstancia que se llevó adelante, transformando toda la metodología antigua de traslado de expedientes a una 100% digital, utilizando los sistemas imperantes Lex 100 y Coirón más la firma digital”.

“El MPF tuvo un rol central, fundamentalmente asumiendo la responsabilidad de impulsar los procesos para que se realicen con todas las garantías para el imputado y las víctimas, generando reuniones virtuales con los jueces y funcionarios de los Tribunales, proponiendo variantes para formalizar las audiencias  de manera remota, e intentando interactuar no solo con quienes integran las fiscalías sino también los tribunales para coordinar la recepción y envío de las actuaciones”, añadió Carniel. Desde su perspectiva “la experiencia es sumamente enriquecedora”, por cuanto permite “proyectarnos hacia el futuro con nuevas herramientas que echen por tierra las metodologías burocráticas que contribuían a incrementar la mora en los procesos”. 

En esa línea, indicó que “la pandemia nos ofreció una oportunidad para modificar no solo la manera de trabajar mecánica, sino también nuestra mentalidad, agudizando el ingenio y transformando un proceso burocrático lento centrado en el papel a uno ágil, desformalizado y seguro que nos abre un sinnúmero de oportunidades para el futuro. Desde estas fiscalías consideramos que una vez pasado el efecto del COVID 19 seguiremos insistiendo en esta manera de trabajar, esperando nos sirva para encarar las reformas procesales desde otra perspectiva”.

“La experiencia permite proyectarnos hacia el futuro con nuevas herramientas que echen por tierra las metodologías burocráticas que contribuían a incrementar la mora en los procesos”, planteó el fiscal Carniel.

Entre las medidas adoptadas se incluyeron una propuesta al Tribunal y a la Defensoría Oficial, para que sus técnicos informáticos elaboraran un sistema de comunicación que agilizó el movimiento virtual de expedientes. Ello permitió “un contacto fluido y seguro, apto para poder manejar la información de calidad, que nos permitió resolver todas y cada una de las actuaciones de cada caso” describió Carniel. En cuanto al ámbito propio del MPF, se creó una NUBE donde se carga todo lo ingresado a las fiscalías y a la que “todos tenemos acceso, permitiéndonos repartir las tareas, elaborar los proyectos, compartirlos y presentarlos con la firma digital, cada uno desde sus casas sin tener necesidad de acudir a las oficinas ni al tribunal”. 

Así las cosas, se pudieron desarrollar “cuatro juicios orales de manera remota con declaración de testigos y producción de prueba -tres de narcotráfico y uno de trata de personas-, y una gran cantidad de audiencias preliminares por las cuales se llegaron a acuerdos de juicio abreviado y otras maneras de resolución alternativa del caso”.