10 de mayo de 2021
10 de mayo de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia y la Procelac representan al MPF
Carbón Blanco: comienza el juicio a Carlos Salvatore por lavado de activos
Otras cinco personas también estarán en el banquillo de los acusados. Se les imputa haber conformado una organización criminal transnacional dedicada a operaciones de lavado, las que habrían incluido la utilización de distintas sociedades comerciales y fundaciones como pantallas para canalizar al mercado legal los recursos provenientes del contrabando de estupefacientes. La Sala IV de la CFCP resolvió esta semana que debe ser colegiado el tribunal a cargo del debate.

El Tribunal Oral Federal de Resistencia dará inicio mañana al juicio oral y público que tiene como imputados al abogado Carlos Alberto Salvatore y a otras cinco personas de su círculo íntimo, acusadas de conformar una organización criminal dedicada a  colocar en el mercado legal dinero de origen ilícito proveniente de la actividad de Salvatore como traficante de estupefacientes.

La causa se inició a raíz de la judicialización de expedientes de la Unidad de Información Financiera (UIF) por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac),  a cargo de los fiscales Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, en los que se investigaban diversas operatorias económicas vinculadas a Carlos Salvatore. El fiscal general ante el TOF de Resistencia, Federico Carniel, representará al MPF.

Esta semana, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la integración unipersonal del tribunal que se hará cargo del juicio, ordenada oportunamente por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, cuyos integrantes se habían remitido a la ley n°27.307 para fundamentar tal decisión. La Sala IV de la CFCP, hizo lugar a lo planteado por la querella y el MPF y revocó tal resolución, al considerar que la citada ley no era aplicable a casos de extrema complejidad como el presente.

El fallo de casación tuvo lugar tras un recurso de la UIF y del dictamen en el mismo sentido del fiscal general Gabriel Pérez Barberá.

La causa

Las operaciones que fueron identificadas por la UIF, confrontadas con la información que se requirió a diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, como así también aquella obtenida a partir de amplias tareas de investigación –incluidas intervenciones telefónicas y seguimientos- permitió arribar a la sospechosa aplicación de una gran cantidad de activos de origen ilícito en el sistema económico financiero formal, por diferentes conductos.

Durante el desarrollo de la pesquisa llevada adelante por la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal Carlos Sanserri, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se pudo acreditar cómo la organización aplicó desde  aproximadamente el mes de mayo de 2015 el producido de la actividad ilícita desarrollada volcando en el mercado formal de bienes y servicios, más precisamente, empresario e inmobiliario.

El mecanismo consistió en la constitución de un complejo entramado de sociedades comerciales sin actividad real, creadas al solo efecto de inyectar el constante flujo de dinero proveniente del narcotráfico, disimulando así el origen delictivo del mismo. El propio Salvatore ocupaba un rol central en las sociedades pantallas o designaba a personas de su círculo íntimo. Otra de las características principales de la operatoria tiene que ver con la amplia diversificación de actividades económicas, que van desde la construcción de edificios en la ciudad bonaerense de Mar del Plata hasta la producción cinematográfica.

Las operaciones de lavado incluyeron además la utilización de una organización sin fines de lucro llamada “Fundación Salvatore para el Estudio e Investigación de Enfermedades, Tratamientos y Recuperación de Pacientes”, que tenía como objeto de realizar actividades académicas, de diagnóstico, rehabilitación y reinserción social de pacientes, entre otras.

Tal como destaca el requerimiento de elevación a juicio, la investigación pudo corroborar la existencia de una organización criminal transnacional, comandada por Salvatore, que generó un entramado financiero, empresarial e inmobiliario, con ramificaciones por el país y el extranjero, dedicado a colocar, en el mercado legal, el dinero de origen ilícito que provenía de su actividad como traficante de estupefacientes.

En septiembre de 2015, en la causa conocida como “Carbón Blanco”,Salvatore fue condenado a 21 años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Resistencia  al considerarlo organizador de la asociación ilícita que envió más de una tonelada de cocaína a Portugal y  España escondida en containers que llevaban carbón vegetal, disimulado dentro de esas bolsas. En el mismo expediente, otros cuatro imputados recibieron penas de entre 12 y 19 años.

Otras investigaciones en curso

En forma paralela, Salvatore es actualmente investigado por el envío, durante el año 2005, de aproximadamente más de una tonelada de cocaína desde Campana –Provincia de Buenos Aires- hacia el Reino de España, material estupefaciente que también se encontraba oculto en carbón vegetal. La causa tramita ante el Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora.

Asimismo, el abogado se encuentra procesado y con sus bienes embargados por 100 millones de pesos, en tanto dos de sus cómplices fueron condenados en febrero de 2015 a ocho y seis años de prisión por el Tribunal Oral Federal de La Plata, que los consideró coautores del delito de tenencia de estupefacciones con fines de comercialización. El líder de “Carbón Blanco” enfrenta, además, otros cuatro procesos judiciales por su responsabilidad en hechos de contrabando internacional de estupefacientes.