El titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº1 de Córdoba, Enrique Senestrari, requirió al juez Miguel Hugo Vaca Narvaja que investigue al gerente de la sucursal 1570 del Banco de la Nación Argentina, ubicada en la plaza principal de la capital provincial, quien habría autorizado junto a otras personas aún no identificadas la apertura de dos cuentas corrientes sin requerir la documentan exigida para el legajo. En su escrito, el representante del MPF consideró que Pedro Tito Zurco -ahora acusado de lavado de activos en carácter de partícipe necesario- habría acordado con algunos de los imputados de integrar la asociación ilícita dedicada a la intermediación financiera ilegal y la evasión impositiva sistemática conocida como CBI Cordubensis aprobar "cada una de las operaciones de depósitos de cheques de terceros y extracciones de dinero en efectivo que de manera periódica habrían sido entregadas por el tesoro del Banco Nación", "permitiendo de esta forma que los activos circulen en el sistema bancario sin aplicarle los controles previstos por las normas vigentes".

Los imputados habrían operado casi 600 millones de pesos gracias a que las actividades en las que estaban registradas las dos firmas se encuentran exentas por ley del "impuesto al cheque".

En concreto, Senestrari indicó que Zurco fue parte de una maniobra por la cual Miguel Ricardo Vera, Paula Andrea Vettorello, Carina Andrea Moreno, Romina Veronica Moreno, Roberto Carlos Di Rienzo, Jorge Osvaldo Castro, Olga Beatriz Divina, Hugo Marcelo Páez y Lucas Sebastián Bulchi habrían radicado las firmas Jotemi S.A. (supuestamente dedicada a "la venta al por mayor y menor de diarios y revistas) y Halabo S.A. (cuya actividad principal habría sido "la recaudación de cobranzas propia, de terceros o asociada a terceros") con el objetivo de utilizarlas para abrir dos cuentas corrientes en el Banco Nación para depositar cheques que provenían de las operaciones ilegales de CBI Cordubensis y luego extraer los fondos y redireccionarlos en efectivo a esa misma financiera. Ambas actividades declaradas como principales está exentas de la tasa los a los créditos y débitos y jamás hicieron actividad comercial alguna.

El fiscal federal solicitó al titular del Juzgado Federal de Córdoba N°3 que esta denuncia se acumule en la causa madre por CBI Cordubensis y que se identifique a la otros funcionarios que intervinieron en la maniobra de monetización de cheques.

Las maniobras

Otra vez, la financiera CBI Cordubensis aparece vinculada a la evasión impositiva sistemática, sobre todo a los ingresos brutos y, especialmente, al impuesto a los débitos y créditos bancarios, denominado "impuesto al cheque". En este caso, entre las empresas Jotemi y Halabo, los imputados habrían operado casi 600 millones de pesos gracias a que las actividades en las que estaban registradas ambas firmas se encuentran exentas por ley.

Según Senestrari, quien interviene por el Ministerio Público en la causa principal, Zurco habría omitido voluntariamente solicitar la documentación destinada a conocer el "perfil del cliente", que detalle la "situación económica, patrimonial y financiera, tales como manifestación de bienes, certificación de ingresos, declaraciones juradas de impuestos, estados contables auditados por contador público y certificados que permitiesen establecer el monto anual estimado de las operaciones".

El fiscal federal de Córdoba concluyó: "Así las cosas, mediante la operatoria descripta, se habría disimulado el verdadero origen de los cheques mencionados otorgándole la apariencia de tener uno lícito" como recaudación de cobranzas propia, de terceros o asociada a terceros en el caso de Halabo y venta al por mayor y menor de diarios y revistas en el de Jotemi.