19 de febrero de 2020
19 de febrero de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El caso de la cooperativa de crédito y servicios Pyramis
Corrientes: procesaron a tres personas acusadas por lavado de activos
Lo dispuso el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, al considerar que los tres imputados, entre ellos un escribano, habrían canalizado casi $3 millones en la compra-venta de un inmueble con el objetivo de darle apariencia de licitud a fondos originados en la intermediación financiera no autorizada.

En línea con lo requerido por el Ministerio Público Fiscal a través del fiscal federal de Corrientes Flavio Ferrini y la cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), María Laura Roteta, el Juzgado Federal N°2 de esa jurisdicción dispuso el procesamiento de tres personas acusadas de haber llevado adelante una operación inmobiliaria con el sólo fin de darle apariencia legal a fondos originados en el delito de intermediación financiera no autorizada, a través de la Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis.

El hecho bajo análisis tuvo lugar en febrero de 2015. El 12 de ese mes, Mario Giudici le compró al matrimonio constituido por E. B y  M.M. el inmueble ubicado en la calle Pago Largo al 900, de la ciudad de Corrientes, operación que llevó adelante a través de la firma San Francisco Agropecuaria S.A.. Apenas once días después -el 23 de febrero-, también mediante San Francisco Agropecuaria, la propiedad fue vendida a Mario Argentino Boschetti a cambio de 3 millones de pesos en efectivo. Boschetti era vocal suplente de Pyramis. El escribano Oscar Belén Cassani certificó las firmas del boleto de compra-venta.

El juez Juan Carlos Vallejos, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Corrientes, convalidó la hipótesis delictiva trazada por el MPF. En este sentido, destacó que la actuación de Giudici a través de la firma San Francisco Agropecuaria S.A., de la cual era presidente, permitió ocultar una relación crediticia existente entre B. y la Cooperativa Pyramis, que formaba parte del conjunto de actos ilícitos de intermediación financiera no autorizada desarrollados por la entidad.  "Esto es así porque la venta del bien inmueble de la calle Pago Largo a la firma San Francisco Agropecuaria S.A. tuvo como objeto la cancelación de una deuda que había contraído B. con la COOPERATIVA PYRAMIS, de la que formaban parte tanto GIUDICI –síndico suplente como BOSCHETTI –vocal suplente", indicó el magistrado.

En esa línea, el magistrado ponderó que las operaciones de compra-venta que conformaron esta investigación no deben ser interpretados como hechos aislados "sino comprendidos como un eslabón más de las distintas maniobras de lavado de activos que llevó adelante Mario Boschetti, por las cuales fue procesado por el delito de lavado de activos".

Además de dictar los procesamientos con prisión preventiva de Cassani, Boschetti y Giudici, la resolución tuvo por acreditada la intervención de San Francisco Agropecuaria S.A. en la maniobra de lavado de activos descripta, a los fines de la eventual aplicación de las sanciones previstas en el artículo 313 (en función del art.304 del C.P.) para las personas jurídica.

Delito precedente

Los directivos de la Cooperativa de Crédito y Servicios PYRAMIS fueron procesados por el delito de intermediación financiera no autorizada -art. 310 del Código Penal-, por haber captado, desde el año 2012 hasta al menos octubre de 2015, “fondos del público, los que fueron posteriormente utilizados para el otorgamiento de préstamos, descuento de cheques, la realización de operaciones cambiarias, entre otras, cuando dicha cooperativa carecía de autorización por parte del Banco Central de la República Argentina”.

“Mediante este accionar, obtuvieron alrededor de $68.500.000 provenientes de personas ajenas a la entidad y capitalizaron intereses por más de $9.500.000, lo que permitió acreditar el montaje de una verdadera ‘banca de hecho’ con, al menos, 212 clientes confirmados”, explicaron Ferrini y Roteta.

En esa línea, agregaron que los frutos de la actividad ilegal no sólo fueron empleados para sostener y retroalimentar “el funcionamiento ilícito de la Cooperativa PYRAMIS, sino que también se canalizaron hacia la economía formal con la finalidad de disimular su ilicitud de origen y así facilitar a las personas físicas investigadas su mejor disfrute”.